El debate en torno al aborto: posturas, opiniones, percepciones y argumentos

¿Cuáles son los principales argumentos alrededor de la despenalización del aborto?

Los términos del debate con respecto al aborto han ido cambiando en el tiempo, sobre todo gracias a la evolución de los desarrollos conceptuales y argumentos feministas. Desde la postura a favor de su legalización/despenalización, este debate se ha dado en términos de la autonomía de las mujeres; la responsabilidad individual y la libertad de conciencia; los derechos sexuales y reproductivos; el empoderamiento de las mujeres; su salud física y mental; las relaciones de poder y entre los géneros; lo público y lo privado; la ética; la ciudadanía y la democratización de las sociedades. Desde la otra posición, en contra de su legalización/despenalización, la consagración de la vida desde el momento de la concepción ha sido el principal término de debate, o al menos el más visible.

La intensidad y los resultados del debate no han sido los mismos para todos los países de la región y en ello, como ya hemos mencionado, ha jugado un papel importante el acceso a los centros de poder que tengan unos y otros actores, así como el avance del proceso democrático en ellos. En términos generales, las propuestas en los diferentes países se han adaptado a las circunstancias políticas y legales en ellos (Profamilia, 1993).

El movimiento feminista

"Los movimientos feministas de la segunda oleada han sido posiblemente el fenómeno subversivo más significativo del siglo XX, por su profundo cuestionamiento a los pensamientos únicos y hegemónicos sobre las relaciones humanas y los contextos sociopolíticos, económicos y culturales y sexuales en las que se desarrollaban. Los feminismos latinoamericanos han sido parte activa y fundamental de este proceso en la región" (Vargas Valente, 2002).

En los movimientos de liberación femenina de las décadas de los setenta y ochenta en Estados Unidos y en las democracias europeas, la lucha por la legalización del aborto jugó un papel central. Esta simbolizaba el derecho de la mujer a realizarse en campos diferentes y más allá del de la maternidad, a ser una persona con derechos propios, y a rechazar el continuar con un embarazo no buscado o no deseado. En los años setenta, la legalización del aborto se erigió en estandarte de las luchas feministas y asumió el carácter de defensa de la vida de las mujeres, de tal suerte que las feministas de aquel momento realizaban campañas específicamente sobre el derecho al aborto (Durand y Gutiérrez, 1999). Según estos autores, las pioneras feministas consideraban el control de la fecundidad como un bien moral, “la libertad y la responsabilidad de elegir”, del cual las mujeres no pueden ser privadas y al que deberían tener acceso sin poner su vida y su salud en peligro, argumento que, aunado al movimiento por la legalización del aborto, estuvo de manera permanente en la lucha por la legalización de la anticoncepción.

En muchos países de América Latina y El Caribe el movimiento feminista tiene una presencia visible en el debate sobre aborto a partir de los años setenta, debido, entre otras razones, al éxito que estaba teniendo el movimiento en Estados Unidos y Europa y a la organización de la Conferencia sobre las Mujeres, de Naciones Unidas, que tendría lugar en la Ciudad de México en 1975. Desde entonces ha variado notablemente el discurso y la forma de abogar por un cambio en la ley (Lamas, 2003). A continuación se presentan los argumentos principales que estos actores han esgrimido.

El derecho a decidir

En la década de los setenta, el feminismo de la región estuvo caracterizado por la autodeterminación, retomando el concepto de maternidad voluntaria que habían utilizado las italianas, y pugnaba por modificar las leyes de aborto para lograr su legalización, apoyando su argumentación en razones de justicia social y de salud pública (Lamas, 2001). A nivel mundial en la década de los ochenta, el movimiento feminista adoptó una estrategia centrada en "el derecho a decidir" ubicando, en muchos casos a la cuestión del derecho al aborto como una condición de autodeterminación y libertad de las mujeres. El concepto de derechos reproductivos es asumido por numerosas feministas que reclaman el cumplimiento tanto de nuevos como de antiguos derechos, coincidiendo en muchos países con el auge de las políticas de población. En este escenario, en la década de los noventa, el lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos obtuvo una legitimación internacional, como resultado de las discusiones y acuerdos surgidos de las Conferencias de Naciones Unidas y del proceso que implicó la adopción de estos términos, primero en el espacio académico y en el movimiento de mujeres, y después en los documentos internacionales de Naciones Unidas, en las leyes nacionales y en el discurso público de los tomadores de decisiones.

La posición sustentada por las feministas que pugnan a favor de la despenalización del aborto se fundamenta en el derecho que tienen las mujeres a elegir si quieren ser madres y a tener la libertad para definir el número y espaciamiento de sus hijos, cuestión altamente relacionada con la autonomía de las mujeres, o su carencia. Reivindican así el libre acceso a la anticoncepción y al aborto y enfatizan el hecho de que las mujeres son dueñas de sus cuerpos antes que los otros y por tanto son ellas las que deben decidir libremente sobre él (Tarrés Barraza, 1993, www.decidir.org.mx). Para las defensoras de esta postura en la disyuntiva que trae consigo la práctica del aborto inducido, se debe privilegiar el derecho de la persona presente, la mujer que está embarazada, ante el proyecto de vida del feto (Ortiz Lemus, 1992). Se busca romper con la ideología impuesta por la religión católica a lo largo de la historia, tanto en lo que se refiere a la idea de que la sexualidad femenina no puede "ser", no se justifica por el placer sexual, sino que sólo con la maternidad, es decir, si esa tiene como finalidad la procreación, como en lo que tiene que ver con las limitantes impuestas a las mujeres que les quitan la posibilidad de proponer y optar por otras formas de vida dentro de un espacio social (Hierro, 2003).

La cuestión de los embarazos no planeados o no deseados y sus costos emocionales, económicos y sociales en la vida de las mujeres y sus familias, se ha erigido en uno de los argumentos centrales de las feministas vinculado estrechamente con el derecho a decidir (De Barbieri, 2003; Lamas,2001; y 2003). El hacer referencia a la importancia del producto, en el marco de la postura feminista, implica la necesidad de que todos los niños que nazcan realmente sean deseados (Ortiz, Lemus, 1992). Asimismo, se plantea que en los nuevos contextos "los encuentros sexuales se multiplican y los obstáculos, ideológicos y materiales, (hacia) una responsabilización de la vida sexual conducen no sólo a cientos de miles de abortos, sino también a miles de nacimientos de hijos no deseados. Estas criaturas, antes bienvenidas como un seguro para la vejez, son vividas como lastre en una sociedad que no ofrece apoyo al difícil trabajo de la crianza infantil" (p. 112) (Lamas, 2003). Por lo tanto, la resistencia de las mujeres ante las posibles excomuniones es indicativa de que aun cuando el aborto sea considerado un pecado por la religión católica, y por más que sea ilegal, para las mujeres que optan por interrumpir un embarazo no deseado ello significa "que para ellas, primero, está su conciencia; y que elegir la maternidad es un derecho que les pertenece"... (por lo que) "una maternidad voluntaria es la única opción legítimamente ética" (p. 113) (Lamas, 2003). Se señala, además, que el discurso ligado a la libertad de la mujer está asociado a la justicia social, ya que son las mujeres que pertenecen a los grupos de población más pobres quienes son las víctimas principales de las secuelas del aborto (Tarrés 1993).

El derecho a la salud

El lenguaje de los derechos sexuales y reproductivos se conjuga, también, con el de la salud sexual y reproductiva. Este binomio, salud y derechos, no es divisible conceptualmente ya que un ámbito implica al otro. El argumento del aborto como problema de salud pública se ha usado recurrentemente ya que remite a las consecuencias adversas de los abortos realizados en condiciones inseguras. Pese a que es inherentemente imposible cuantificar los abortos inducidos, las estimaciones que se han hecho y hacen son elocuentes de su incidencia y la morbimortalidad que acarrean. Sus costos como problema de salud, además, implican a la persona, a la familia, al sector salud, al sector laboral, a la sociedad en su conjunto (véase capítulo 7). “Los argumentos de salud pública buscan crear conciencia de la incidencia y prevalencia de los abortos inseguros, hablan de la capacidad o falta de ella de los sistemas de salud para proveer abortos seguros, identifican brechas en la disponibilidad del servicio y estiman sus costos” (p. 89) (Hessini, 2005). Un ejemplo del empleo de este tipo de argumentación es la publicación que sobre la falta de reglamentación del aborto terapéutico, el único permitido en Nicaragua, y sus efectos hizo Ipas Centroamérica y la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB) (McNaughton et al., 2003). Es relevante recalcar que los argumentos de salud se aplican incluso en algunos países en que el aborto es legal (Nunes, 2001).

Algunas organizaciones que tradicionalmente han trabajado más de cerca con el sector salud, como Ipas o el Population Council, han producido documentos y publicaciones cuyo fin es generar conciencia entre los  profesionales de dicho sector (Ipas, 2001), e incluso se han vuelto co-partícipes de éstos en talleres, campañas de gestión y defensa, y publicaciones. Se alude al papel fundamental del personal del sector salud en la provisión de abortos seguros ahí donde hay causales legales, así como a su responsabilidad médica y ética. En este contexto, las argumentaciones en torno a la bioética, entendida de una manera progresista y liberal, han otorgado un marco más para profundizar el debate en torno al aborto (www.andar.org.mx, www.gire.org.mx).

En los países donde las leyes son restrictivas, las causales bajo las cuales se despenaliza el aborto se basan, principalmente y de manera casi unánime, en cuestiones vinculadas con la salud, evocando así el mismo principio que se plasmó al inicio de los programas de planificación familiar: para preservar la salud de la madre y el niño. Como se mostró en el capítulo anterior, el aborto se permite en muchos países para salvar la vida de la mujer, para preservar su salud física o mental, o por malformaciones del feto. Este es el caso, también, de la reciente despenalización del aborto por tres causales en Colombia: riesgo a la vida o a la salud de la mujer; malformaciones fetales severas y por violación (este último caso incluye, además, la protección de la autonomía y la integridad personal) (The Economist, 2005). La problemática en torno a la violencia sexual está ligada tanto al aborto como a la salud física y mental de las mujeres. Por ejemplo en México y en Brasil algunas organizaciones de gestión y defensa han vinculado la provisión del aborto en casos de violación como parte de los servicios integrales de atención a víctimas de violencia. Este es una línea muy relevante del debate en la región, ya que las legislaciones de 9 países de América Latina y El Caribe permiten el aborto si el embarazo es resultado de violación o incesto (Hessini, 2005) (ver capítulo 1).

Una línea argumentativa más reciente, enarbolada por diversos actores institucionales y personales, se refiere a la mención del derecho al aborto como parte de los derechos humanos. Hay diversos materiales recientes que incluyen listados de algunos derechos y su aplicación al aborto. Entre los derechos mencionados se encuentran: el derecho a la salud, a la vida, a vivir libres de discriminación, a no vivir trato inhumano o degradante, a la información, a vivir libres de violencia, a los beneficios del avance científico, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la intimidad y la confidencialidad, a decidir el número y espaciamiento de los hijos (www.decidir.org; HRW, 2005).

Esta línea argumentativa, relativamente nueva, tiene como antecedente el trabajo sobre derechos reproductivos atados a una perspectiva de derechos humanos para la que “la promoción y protección de la salud requiere de esfuerzos concretos y explícitos para promover los derechos humanos y la dignidad” (Gruskin y Grodin citadas p. 275 en Yanda et al., 2003). Incluir este punto de vista implica notar los efectos negativos sobre la salud de factores tales como la disparidad social, la discriminación y la violencia de género por ejemplo.

Una cuestión de justicia social

La lucha de las feministas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres no sólo se ha manifestado en los intentos por despenalizar el aborto; en la actualidad la discusión gira en torno a las condiciones en que las mujeres abortan y podrían abortar, ya que ellas lo hacen a pesar de la prohibición legal. En la región se ha observado que aun en aquellos casos en que la ley permite la práctica del aborto, se conjugan múltiples factores para que el ejercicio de este derecho sea sumamente difícil. Entre ellos, el discurso feminista enfatiza la exigencia democrática que demanda un acceso igualitario al servicio médico de interrupción del embarazo no deseado como una cuestión de justicia social, ya que obtener un aborto en condiciones seguras está condicionado por la capacidad económica de las mujeres (Women’s Global Network for Reproductive Rights Newsletter, 1994). Mientras que son una minoría quienes tienen los medios económicos y la información necesaria para acceder a abortos en óptimas condiciones, la gran mayoría de las mujeres recurren a medios altamente riesgosos o clandestinos, que a su vez producen serias consecuencias para su salud física y mental, además del alto costo económico que esto último representa. "Concebir el aborto como un servicio de salud reglamentado en los hospitales públicos, es la única manera de no persistir en la injusta brecha de desigualdad por razones económicas que determina los riesgos (diferenciales e inequitativos) de mortalidad y morbilidad materna asociados a la practica del aborto y a su ilegalidad" (p. 111) (Lamas 2003).

Las desigualdades de género, la democratización y la ciudadanía

En los noventa, el feminismo se presenta como un movimiento social que permite a las mujeres convertirse en sujetos políticos activos, reivindicando y legitimando sus demandas y denunciando la situación de subordinación y desigualdad en la que viven. Así, surgen conceptos claves dentro del feminismo como empoderamiento y titularidad. El primero plantea el desafío a la dominación masculina y la subordinación femenina, la transformación de las estructuras y de las instituciones que refuerzan y perpetúan las discriminaciones de género y las desigualdades sociales, y posibilitan que las mujeres tengan acceso y control sobre los recursos materiales y la información. Por su parte, el segundo, como su nombre lo indica, remite a la definición de titularidad de los derechos (Durand y Gutiérrez, 1999). En este marco se elabora una revisión conceptual de un tema clave para cualquier reivindicación política y lenguaje de derechos, acerca del cual el movimiento de mujeres no queda excluido: la ciudadanía, que además se retoma como una de las principales banderas.

Uno de los pilares del debate más reciente se centra en el análisis y discusión del aborto como una cuestión estrechamente vinculada al proceso de redefinición de la identidad femenina frente a la masculina, a las relaciones de género y al rol que juegan los varones en la práctica del aborto y en general en el ámbito reproductivo. Al respecto Scavone (1999) señala que "el eje teórico más influyente que orienta el debate sobre la anticoncepción, el aborto y las técnicas anticonceptivas en América Latina proviene de las distintas corrientes de la crítica feminista y se fundamenta en los campos de la salud reproductiva, de los derechos reproductivos y de la ética y/o bioética, analizados desde la óptica de las relaciones sociales de sexo/género" (p.23). Las feministas consideran que el aborto no es una cuestión deseable, y que incluso puede ser una experiencia traumática, pero que su despenalización/legalización es un punto importante a ganar en la recuperación del cuerpo de las mujeres no sólo frente a la ideología conservadora y frente al Estado, sino que también frente al varón en términos de las relaciones de género que prevalecen (Lamas, 2001; Bernal, 2003). Castañeda Salgado (2003) señala (p.21) que el cuestionamiento respecto al papel de los varones –en el desempeño de los roles de médicos, sacerdotes, dirigentes de asociaciones religiosas y de sociedades de padres de familia, abogados, jueces, ministerio público, cónyuge, pareja ocasional, etc.- se plantea no sólo a partir de su participación directa en los embarazos abortados, sino desde su postura como sujetos que se atribuyen el derecho de enjuiciar y castigar a las mujeres que abortan: "¿dónde están los hombres que participaron en los embarazos de las mujeres que deciden interrumpirlos? Se señala que las más de las veces juegan un papel contradictorio: son la presencia que obliga a tomar esta decisión (de abortar), pero estando ausentes; y, en todo caso, la presencia masculina sigue siendo fundamentalmente patriarcal y condenatoria de las mujeres. La creciente participación de hombres sensibles en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y en la construcción de paternidades comprometidas es muestra también de las paradojas en que se desenvuelve este debate en la actualidad" (véase capítulo 9).

Si bien desde sus inicios el movimiento feminista, tanto de Estados Unidos, como de Europa y América Latina, avanzó en propuestas que unificaban la lucha de las mujeres con la lucha por la "recalificación" y/o la recuperación democrática, ligando la falta de democracia en lo público con la condición de las mujeres en lo privado, en la actualidad dicho argumento constituye otro de los pilares centrales del debate. La lucha por afirmar los derechos reproductivos en América Latina se da a la par de la lucha por los derechos básicos de la ciudadanía y ello constituye una especificidad de esta región Vargas, 2002; Scavone, 1999). Como advierte Lamas, "la interrupción voluntaria del embarazo remite a cuestiones centrales de la noción moderna de ciudadanía, tales como la autonomía personal, la no-intervención del Estado en la vida privada y la libertad de conciencia" (p.115). Ello significa, a juicio de la autora, que ante la ausencia de un amplio debate público, así como de un clima político para discutir públicamente los contenidos específicos de la agenda de gobierno, los cambios legales con respecto al aborto obligan a recurrir a la protesta ciudadana para conseguir que este tema reciba un tratamiento jurídico respetuoso y socialmente igualitario (Lamas, 2003). Por ello, en el siglo XXI, la exigencia de la despenalización del aborto alude a la laicidad del Estado y la importancia que ello reviste en la construcción de la ciudadanía de todas las mujeres, siendo que el dilema actual se inscribe entre la libertad individual y la responsabilidad social (Castañeda Salgado, 2003; Lamas 2003).

Otro argumento en el debate sobre el aborto, es el reconocimiento del derecho al placer. Es indispensable reconocer que la sexualidad y las relaciones de género tienen gran trascendencia, por lo que se hace hincapié en la necesidad de otorgar formación sobre sexualidad, incluyendo componentes de género y poder, en diversos momentos de la vida y a todas las mujeres, y no sólo a las casadas o unidas. Reforzar la autonomía femenina en el ámbito público refuerza su autonomía en lo privado (Bono Olvera, 1999).

Finalmente, la tensión entre las dos posiciones antagónicas, -la que está a favor de la despenalización y legalización de la práctica del aborto y la que está en su contra- expresa proyectos distintos. Es posible que ambas estén de acuerdo en que hay que prevenir los abortos. Una discrepancia central y radical entre ellas es que unos opinan que hay que prohibir todos los abortos, mientras que otras señalan que hay que legalizar y despenalizar su práctica como medida sanitaria y de observancia de derechos. Mientras una postura aboga por una amplia educación sexual y un amplio acceso y difusión de los métodos anticonceptivos así como acceso a los servicios de salud, la otra argumenta que hay que restringir la actividad sexual dentro del matrimonio y propugna por la abstinencia sexual antes de éste, en particular para los jóvenes (Lamas, 2003). En este sentido, el movimiento feminista ha argumentado que la práctica del aborto no debería ser un tema tratado por el Código Penal, sino que debería ser regulado por ordenamientos de otras instancias y materias, ya que alude a un problema de salud pública, de desigualdad social, de inequidad de las relaciones entre los sexos y de respeto al ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales (Bernal, 2003; Barsted, 1997).

La jerarquía de la Iglesia Católica y su postura ante el aborto

"La pretensión de hacerle creer al mundo que la Iglesia católica es un ente homogéneo esconde la diversidad de posiciones que existen en su interior sobre múltiples temas, especialmente sobre sexualidad, reproducción y aborto..." (p. 71) (Mejía, 2003).

La jerarquía de la Iglesia Católica ha sido uno de los actores más visibles, y de mayor fuerza y poder, en el debate en torno al aborto. La postura del pensamiento oficial en la actualidad es absolutamente antiaborto (entendida como oposición a su práctica y a su despenalización/legislación bajo cualquier situación y circunstancia) y sus manifestaciones más "exitosas" en el debate público han querido trasmitir la idea de unicidad de criterios respecto de la total criminalización de la práctica del aborto basada en el respeto a la vida desde la concepción del no nacido. Sin embargo, ésta no constituye, ni ha constituido, la única manera de entender la cuestión del aborto desde una perspectiva cristiana, y aún católica (Mejía, 2003; Cazes Menache, 2001; Maguire, 1991; Hume, 1993; Munera, 1994; Fisher, 2000; Encuentro de Investigadores sobre Aborto Inducido en América Latina y el Caribe, 1994). Como señalan Mejía y Careaga (1996), la doctrina oficial de la Iglesia Católica parte de un argumento taxativo que enmarca el problema moral en unos límites extremadamente estrechos, al considerar que "desde el momento mismo de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, existe una nueva persona humana, sujeta de todos sus inalienables derechos" (p.387). A partir de esta cosmovisión del origen de la vida humana, como es ampliamente conocido, la interrupción de un embarazo se constituye en homicidio de acuerdo con la postura de estos actores. La discusión gira en torno a la fundamentación incierta y compleja de este argumento, donde concurren distintas perspectivas científicas, como son la biológica, la genética, la fisiológica, la embriológica, así como la psicológica, la filosófica, la ética, la teológica y la jurídica.

La posición de la Iglesia frente al aborto ha cambiado en el tiempo, así como también han cambiado los argumentos que se enfatizan para sostenerla. Hurst en su ensayo sobre la historia de las ideas acerca del aborto en la Iglesia Católica Romana (Hurst, 1993), señala las incoherencias y preguntas no resueltas en el tratamiento que la Iglesia ha dado al aborto. Entre éstas destacan actualmente al menos dos preocupaciones: si se practica para encubrir pecados sexuales, y si esta práctica significa que se incurre en homicidio. Al respecto y ubicando la discusión sobre el aborto en el ámbito más amplio del cristianismo, la autora plantea que este debate debe tomar en cuenta, en primer lugar, la concepción hilomórfica que constituye un dogma cristiano esencial y que asume la integridad de cuerpo y alma y se opone a cualquier idea que separe la naturaleza corpórea de la espiritual. En segundo lugar, y en estrecha relación con el dogma de la concepción hilomórfica, se debe considerar la cuestión del momento en que el embrión se convierte en ser humano u hominización. Para ilustrar la importancia de este argumento en el debate sobre el aborto en el ámbito del cristianismo, Hurst cita al teólogo moderno Joseph Doncel, quien expresa que no puede haber mente antes de que el organismo esté listo para recibirla y no puede haber espíritu antes de que la mente sea capaz de recibirlo. Este último autor sostiene que no hay alma humana mientras el embrión se encuentra en el estado vegetativo de su desarrollo, y, por tanto, que tampoco hay persona humana durante las primeras semanas del embarazo.

Otro aspecto relevante del planteamiento sobre el aborto que esgrime la jerarquía de la Iglesia Católica, remite a la relación entre la sexualidad y la procreación, espacio donde se enfrenta la percepción arcaica de la sexualidad atada al fin de la procreación, que subyace en la enseñanza de la Iglesia. Para la Iglesia, el aborto siempre ha sido un pecado si sirve para encubrir evidencias de actos sexuales cuyo intento no sea la procreación, esto es la fornicación y el adulterio (Hurst, 1993; Güereca Torres 2003; Fisher, 2000; Gudorf, 2004).

Los grupos conservadores encabezados por la jerarquía de la Iglesia pugnan por eliminar la autoderminación de la mujer en cuanto a su sexualidad y reproducción. Han tenido y tienen la fuerza política para influir sobre la reducción de fondos internacionales de asistencia a programas de salud reproductiva en los países en vías de desarrollo (Mundigo, 2005) potenciados, por ejemplo, con medidas de impacto multinacional impulsadas desde el gobierno de los EUA, tales como la Ley Mordaza o de la Ciudad de México, que prohíbe a las ONG que reciben fondos de la USAID (Agencia para el Desarrollo del gobierno de los EUA) desarrollar programas o intervenciones que toquen el tema del aborto (Mollmann y Chávez, s.f.).

Diversos autores han manifestado que no hay de modo alguno acuerdo dentro de la Iglesia sobre la interpretación del aborto, aunque la perspectiva hegemónica en el tema es la de rechazo absoluto. Para Melo lo importante es "comprobar que no hay unanimidad en la Iglesia sobre la interpretación del aborto en términos de homicidio y que las corrientes teológicas de tiempos anteriores sobre la animación del feto se reflejan claramente en la legislación penitencial eclesiástica, haciendo variar las penas debido al aborto" (Melo, 1994). Como señala Mejía "....duele aún más saber que la Iglesia oficial de nuestros días desconoce la riqueza y variedad de posiciones que ha habido en teología moral en la historia del catolicismo. En algunos aspectos vitales, la Iglesia constitucional y el pueblo de Dios hablamos el mismo idioma: este es el caso de la justicia social y de los derechos humanos, pero hay otros en los que los desencuentros son cada vez más profundos" (p. 70-71) (Mejía, 2003).

La despenalización del aborto y el derecho a decidir desde los grupos progresistas de orientación cristiana

"Hacia fuera de la Iglesia, en los ámbitos feministas y del movimiento de mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es el único grupo que se define como católico, y que desde esa perspectiva ha producido estudios sobre la historia y las consecuencias de la moral católica tradicional en la vida cotidiana de las mujeres y en los valores culturales latinoamericanos. Para los demás grupos feministas no tiene sentido polemizar con la Iglesia; ante el hostigamiento clerical argumentan desde la defensa del laicismo: una iglesia sólo puede imponer sus criterios a sus fieles, no convertirlos en ley para la sociedad civil. CDD de Latinoamérica comparte esta distinción, pero reconoce la necesidad de discutir desde el seno de la misma Iglesia el peso ideológico y cultural de 500 años de evangelización cristiana ibérica en Latinoamérica, que es parte de nuestra identidad y trasciende la práctica confesional concreta; esto es, la culpabilización infundida por la Iglesia en la sexualidad y en el desarrollo personal de las mujeres excede ampliamente los límites de los católicos practicantes para confundirse con una moral social, y esa moral debe ser trabajada y modificada desde sus raíces" (Católicas por el Derecho a Decidir, s/f,). Con esa misión, CDD ha provisto a los diferentes grupos laicos por la defensa de los derechos de las mujeres, sólidos argumentos para incluir en sus documentos y publicaciones, como lo demuestra, por ejemplo, un estudio entre proveedores de servicios de salud en Honduras, en cuyo segundo capítulo se esgrimen aseveraciones propuestas por este grupo (Centro de Derechos de Mujeres, 2004). La presencia de CDD en América Latina es un bastión de enorme importancia.

En la región de Latinoamérica CDD, cuya oficina regional fue fundada en 1987, representa, como se mencionó anteriormente, un movimiento muy importante, quizás no en términos numéricos, pero si desde el punto de vista de la diversificación y divergencia de los términos del debate en la Iglesia Católica y de las acciones desarrolladas que, desde el cristianismo, trabajan a favor de la despenalización del aborto. Como plantean Rosado Nunes y Soares (1999), integrantes de CDD en Brasil, "en contraposición a las propuestas condenatorias del aborto, se encuentra otro discurso católico, con más gradaciones, que va desde hacer explícita la duda sobre la posición de la Iglesia, hasta la justificación de la decisión en favor de la interrupción del embarazo como un comportamiento moral e incluso religiosamente defendible" (p.272). Estas mismas autoras afirman que "paralelamente a los documentos oficiales de la Iglesia, existe un conjunto de textos de carácter teológico y pastoral que validan ética y religiosamente la decisión de las mujeres por el aborto. Esos argumentos, sin embargo, tienen poca visibilidad pública, dada la represión de la Iglesia a discursos disonantes del oficial" (p. 287-288) (Rosado Nunes y Soares 1999; CDD, 1998; Franzoni, 2002).

Inicialmente este grupo conformado por mujeres católicas, tenían como propósito central trabajar en el ámbito de la salud, con la intención de "contribuir en la reflexión y construcción de una ética de la sexualidad y de la procreación basada en la justicia, comprometida con la búsqueda de dignidad y mejor calidad de vida para las mujeres" (p.289) (Rosado Nunes y Soares, 1999). Posteriormente, sumado a lo anterior, la propuesta y acciones de este grupo se encaminaron a dar a conocer tanto el derecho a decidir de las mujeres como agentes morales capaces, como el derecho a disentir de las enseñanzas de la Iglesia que no han sido declaradas infalibles. Su argumentación, como una opción ética y moral, se centra en la defensa del acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces y en la despenalización del aborto como expresiones de la libertad de conciencia (Alanis, 2001; Mejía, 2003; Anónimo, 2002). En los países donde el estado es laico, como México, CDD defiende la laicidad estatal y social como elemento fundamental para la protección de las garantías individuales y para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres (Mejía, 2006; CDD, 2003).

La mayor legitimidad y sustento de sus argumentos, que se expresa en el clima secular predominante entre las sociedades católicas, se observa al considerar los resultados de varios estudios realizados por CDD acerca de las opiniones, actitudes y comportamientos de las y los católicos en diferentes países del mundo sobre diversos aspectos de la vida sexual y reproductiva, y sobre el aborto (Católicas por el Derecho a Decidir 2004; Catholics for a Free Choice y Católicas por el Derecho a Decidir, 2003).

Los hallazgos de estos estudios muestran con claridad la enorme brecha y divergencia que existe entre las normatividades impuestas por la doctrina católica y la forma de pensar de la mayor parte de las y los fieles en temas relacionados con su sexualidad, con el divorcio, el aborto, la educación sexual, el uso de anticonceptivos, entre otros. etc. Asimismo, los resultados encontrados son indicativos de la diferenciación que establece la población católica entre el ámbito religioso, o público, y el privado, dónde se busca enfatizar la libertad de conciencia.

Con respecto al aborto, los resultados de las encuestas realizadas en Bolivia, Colombia y México, (que se encuentran en el texto “¿Que piensan las y los católicos acerca del aborto?) muestran que la opinión de una gran parte de las y los fieles se distancia de la norma establecida por la jerarquía: cerca de la mitad y casi dos terceras partes de los entrevistados declaran que los abortos deben ser permitidos en algunas o en todas las circunstancias (49, 56 y 60 por ciento respectivamente para cada país); porcentajes que aumentan considerablemente ante determinadas causas específicas, tales como cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando su salud está en riesgo, cuando la mujer tiene sida, por malformaciones del feto, y cuando el embarazo es resultado de una violación. A su vez, la mayoría de las y los católicos considera que la decisión debe ser exclusivamente de la mujer y de la pareja (79, 70 y 88 por ciento) y no debe estar en manos de la Iglesia Católica. Más aún, no es despreciable la proporción de quienes piensan que debe ser tomada sólo por la mujer, en particular para México (17, 22 y 33 por ciento), dada la fuerte influencia de las normatividades religiosas y culturales que prevalecen en estos países. Asimismo muchos católicos y católicas opinaron que por el hecho de que la mujer recurra a la práctica del aborto, no por ello deja de ser buena católica (50, 37 y 53 por ciento respectivamente), así como tampoco dejan de serlo las personas que apoyan a una mujer que se ha realizado un aborto (50,39 y 55 por ciento). Una mayoría se oponen a la expulsión de una mujer de la Iglesia Católica por haber tenido un aborto (74, 67 y 81 por ciento respectivamente). Con respecto a la práctica anticonceptiva, la abrumadora mayoría de las y los católicos han utilizado métodos anticonceptivos, y además opinan que los servicios de salud pública deben ofrecer dichos métodos de manera gratuita, así como promover el uso de condones para combatir el VIH/sida. En el caso de los y las adolescentes, los resultados de las encuestas indican que ellos deberían tener acceso a toda la variedad de métodos anticonceptivos incluyendo los prohibidos por la Iglesia Católica (Católicas por el Derecho a Decidir 2004; Catholics for a Free Choice et Católicas por el Derecho a Decidir, 2003; Catholics for a Free Choice, 2004)

Los argumentos o posturas de los y las profesionales de la salud

Las diversas posturas de los profesionales de la salud, que comprenden desde el médico hasta el auxiliar, no provienen únicamente de su formación profesional, sino que son resultado también de su ideología y creencias religiosas. Aun cuando la interrupción del embarazo se permita bajo ciertas causales, las creencias personales de estos actores influyen en la manera como acatan las disposiciones legales. De hecho, una actitud poco favorable de los prestadores de servicios de salud a la interrupción legal del aborto contribuye a agravar las posibles consecuencias de esta práctica o procedimiento. Las instituciones y los médicos que atienden las complicaciones que se presentan en los abortos inducidos, también controlan el acceso al aborto legal y, con frecuencia, la atención que dan a las mujeres va acompañada de discursos moralizantes y culpabilizadores y, por tanto, de una total falta de respeto hacia ellas.

La literatura da cuenta de los significados que la comunidad médica da al aborto, así como de las percepciones que tiene al respecto: ante todo, se reconoce como un problema de salud pública, en la medida en que, por su status legal restrictivo, es uno de los principales factores que contribuyen a las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna, y con frecuencia se hace alusión a los importantes recursos que se requieren para la atención de las complicaciones de abortos (Faúndes y Ardí 1997; Faúndes et al, 2004; Langer, 1999; 2002; y 2003; Langer et al., 2000; y 2002; Elú, 1992; Gogna et al., 2002; McNaughton et al., 2002; González de León-Aguirre, 1990; y 1993; y 1994; Llovet et Ramos,1998; Faúndes y Barzelatto, 2005) Sin embargo, estos argumentos no han sido suficientes para movilizarlos y convertir a los prestadores de servicios médicos y profesionales de la salud en actores constantes y activos del debate, a excepción de algunos valiosos integrantes de la comunidad médica que se han sumado a las actividades por disminuir las inequidades e injusticias ocasionadas por el aborto ilegal e inseguro. Las razones que subyacen a su escasa participación en el debate van desde consideraciones éticas y religiosas propias, hasta el desconocimiento del marco jurídico y/o la inadecuada comprensión e interpretación del mismo, pasando por los temores reales o supuestos de posibles sanciones. Otras razones esgrimidas son la preparación curricular médica que adolece de orientaciones para sensibilizar a los futuros profesionales sobre las necesidades y derechos de las mujeres, así como la ventaja económica que supone para algunos profesionales de la salud la realización clandestina de procedimientos de aborto. Adicionalmente, estos profesionales enfrentan dilemas éticos entre sus convicciones, las normatividades médicas vigentes y en ocasiones obsoletas, y el desarrollo tecnológico. Ejemplo de esto último es su postura ante los transplantes de órganos, la prolongación o suspensión definitiva de la vida de pacientes con enfermedades irreversibles y en coma, la reproducción asistida, la manipulación de embarazos, entre otras cuestiones que son hoy día altamente debatidas y que pertenecen al campo de la bioética, dentro del cual se sitúa el aborto (http://www.andar.org.mx/).

En las posturas de los médicos con respecto al aborto hay que considerar dos aspectos sumamente relevantes. El primero es la dimensión institucional médica, cuya estructura autoritaria vertical implica para el personal del hospital acatar las disposiciones en materia de aborto legal, aunque también se reconozca "la objeción de conciencia" como elemento que algunos médicos utilizan para negarse a realizar abortos. Dentro del nivel institucional se encuentra en algunos países, como en El Salvador, la obligación de los médicos de reportar a las mujeres que acuden a los servicios con aborto incompleto y señales de que este fue inducido. Esto no sólo constituye una violación a los derechos de las mujeres, sino que incide sobre la obligación de guardar el secreto profesional entre el personal de salud (McNaughton et al., 2004). El segundo aspecto es el cultural, moral e ideológico, en donde no todos los profesionistas comparten la postura de la jerarquía católica o la que puede privar en general, en sus respectivos países respecto a la sexualidad y reproducción. Así, por ejemplo, mientras la gran mayoría de ellos están de acuerdo con la utilización de métodos anticonceptivos modernos, en mucha menor medida lo están con la práctica del aborto bajo determinadas circunstancia, aun las más relacionadas con su quehacer como médicos (salvar la vida de la mujer, proteger la salud física o mental de ella).

Las opiniones y actitudes de los profesionales de la salud en torno al aborto son sumamente importantes, no sólo por su autoridad médica y su participación técnica en varios aspectos relacionados con el aborto -como las complicaciones del mismo o su práctica clandestina, legal o ilegal-, sino también como actores claves que pueden influir en las reformas legales y en las condiciones en que éste ocurre. En la región se han efectuado algunos estudios sobre las opiniones y actitudes de los y las médicas ante el aborto, que revelan la coexistencia de posiciones diversas y encontradas, aunque destaca la presencia mayoritaria de una actitud más conservadora entre ellos, frente a una minoría de profesionales con una conciencia más amplia y clara del problema.

La prestación institucional de servicios para la interrupción del embarazo es un asunto que polariza a los médicos y genera importantes controversias entre ellos. El negar o proporcionar estos servicios, aun en los casos permitidos por la ley, depende en gran medida del criterio personal de los profesionales de la salud, y/o del de las autoridades médicas de las instituciones donde laboran, pero estos criterios se encuentran altamente influenciados por grupos religiosos y conservadores (como han sido, por ejemplo, los casos de Paulina en México o Rosa en Nicaragua) (Reproductive Health Matters 2003; Lamas et al., 2000; Lamas y Bissell, 2000; Gonzáles de León Aguirre, 1994).

En un estudio tipo CAP (conocimientos, actitudes y prácticas) entre prestadores de servicios de salud de las asociaciones de IPPF en seis países de América Latina con leyes de aborto restrictivas (los nombres de los países se mantienen ocultos para proteger la confidencialidad de quienes respondieron la encuesta), se buscaba conocer cuál era la voluntad y capacidad de estos prestadores de servicios de participar en actividades encaminadas a aumentar el acceso a servicios de aborto seguro. Se tomaron en cuenta 799 respuestas, que corresponden a las de los proveedores clínicos, que incluyen médicos, enfermeras/os, asistentes de enfermería y otras personas que proveen servicios de manera directa (Dabash, et al., s.f.). De manera consistente con los resultados de otras investigaciones, ésta encuentra que, pese a que los proveedores perciben que es apropiado ofrecer servicios de aborto como parte de los servicios de salud reproductiva, manifiestan también cierta incomodidad ante la posibilidad de verse involucrados personalmente con la prestación del mismo. Una importante mayoría (el 67%) estuvo de acuerdo en que la expansión de servicios para incluir servicios de aborto de calidad es un paso clave para disminuir los costos del aborto inseguro, pero sólo la mitad de los proveedores pensaba que su institución debía ofrecer estos servicios. También cerca de la mitad (44%) expresaron que no se sentirían cómodos de trabajar en un sitio que diera el servicio de interrupción de embarazos.

Otros resultados ponen de manifiesto la influencia de las normatividades religiosas, legales y culturales vigentes. Respecto de la asociación entre creencias religiosas y aborto, uno de cada tres proveedores afirmaron creer que el aborto es un pecado, y cuatro de diez dijeron que apoyarían la decisión de algún amigo/a o pariente de poner fin a un embarazo no deseado. En cuanto a la percepción sobre las mujeres que recurren al aborto, el 57% de los proveedores piensan que son irresponsables. En cuanto a las razones por las que el aborto debe permitirse, esta encuesta está a tono con otras dirigidas a proveedores de servicios de salud, ya que los resultados indican una alta aceptación (del 92%) cuando se trata de salvar la vida de la mujer, en casos de violación o incesto (85%), de malformación fetal (82%) y en casos de riesgo a la salud de la mujer (69%). La mitad estuvo de acuerdo con razones económicas, pero solo una cuarta parte opinó que debe permitirse debido a falla anticonceptiva (28%). Sobresale que sólo una escasa minoría manifestó que debe permitirse el aborto a las mujeres por razones profesionales (4%). Este estudio ofrece también interesantes perspectivas sobre la preferencia de métodos para interrupción de embarazos entre la población investigada.

En Argentina, los resultados del estudio realizado entre 1998 y 1999, con 467 obstetras y ginecólogos de hospitales públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, mostraron que la gran mayoría de ellos considera que el aborto es un serio problema de salud pública; que los médicos deberían proveer los servicios para los abortos que no son ilegales; que el aborto no debería ser penalizado si es para salvar la vida de la mujer o en casos de violación o malformación fetal; y que las mujeres que se practican un aborto ilegal y quienes se los proveen no deberían ir a prisión. Así mismo se encontró que cerca de 40 por ciento de los entrevistados opina que el aborto no debería ser castigado cuando sea una decisión autónoma de la mujer, y entre los que muestran una actitud más positiva hacia la despenalización del aborto mencionan una combinación de razones, tanto de salud pública como de equidad social, que ellos sugieren deben ser consideradas (Gogna et al., 2002).

En Brasil, un estudio realizado en 2003 entre un amplio número de gineco-obstetras que declararon haber ayudado a sus pacientes o familiares para realizarse un aborto, o que ellos mismos han enfrentado personalmente un embarazo no planeado, revela que el haber vivido la experiencia de un aborto conlleva a una mayor comprensión acerca de que existen circunstancias en que el aborto es la mejor o única solución ante un embarazo no deseado. Cerca de una cuarta parte de las médicas y una tercera parte de los médicos habían enfrentado personalmente al menos un caso de embarazo no planeado y 80% de éstos fueron abortados. Las causales bajo las cuales la gran mayoría de los médicos están de acuerdo en que se debe permitir el aborto son violación (77%), cuando la vida de la mujer está en peligro (79%) y ante malformaciones del feto (77%) (Faúndes et al., 2004). Además, los autores constatan una estrecha asociación entre el grado de religiosidad y el haber practicado un aborto, cuestión que resultó mucho mayor para los médicos o su pareja que habían experimentado personalmente un embarazo no deseado.

Por otra parte, el sector de los profesionales de la salud ha participado en el proceso de discusión que se generó por el uso del Cytotec (Misoprostol) como abortivo. Aunque este medicamento había sido aprobado en más de 70 países para el tratamiento de úlceras gástricas, la magnitud de su uso como abortivo en Brasil hizo que ganara visibilidad y se generara un debate al respecto. En este contexto, los ginecólogos abogaron por mantenerlo en el mercado dada su importancia terapéutica para inducir partos y abortos retenidos, y por considerarlo importante para la disminución de riesgos en la realización de abortos ilegales (Scavone, 1999). Consideraron que el Cytotec disminuye los riesgos de las complicaciones para las mujeres, y facilita a los médicos el tratamiento de estas complicaciones (Barbosa y Arilha, 1993).

En Honduras, el Centro de Derechos de Mujeres (2004) hizo una encuesta nacional en un grupo representativo de gineco-obstetras de ese país, diferenciando los datos en respuestas de hombres y de mujeres de esa profesión. En este país en que el aborto se prohíbe terminantemente, es elocuente que una mayoría de gineco-obstetras encuentra al menos una razón que justifica médicamente el aborto (80.6%) y que opine que la indicación médica contribuiría a reducir la mortalidad materna (69.5%).

En México la postura de los médicos, como sector gremial, ha sido en general conservadora, ambigua y de reserva frente al problema del aborto, aunque también se reconoce que algunos médicos tienen una concepción más amplia del problema, en particular cuando se alude a circunstancias relacionadas con su práctica profesional. Al respecto Elú (1992) plantea que "a partir de consideraciones éticas o morales, importantes sectores de médicos se han opuesto a la modificación de las leyes que regulan la práctica del aborto, y la mayor parte de los que prestan servicios asistenciales en las instituciones públicas de salud se han mantenido al margen del debate público sobre el asunto" (citado p. 190 en González de León Aguirre, 1994). La investigación de González de León Aguirre, realizada en este país en 1994, apunta que el gremio médico acepta en mayor medida la interrupción del embarazo por razones médicas, para salvar la vida de la mujer o para preservar su salud; en casos de violación y por malformaciones del feto, en cambio, sólo una minoría tiene una actitud favorable, al igual que cuando se trata de otras circunstancias más amplias, tales como las condiciones socioeconómicas de las mujeres, las fallas de anticoncepción o la decisión personal de abortar. También se advierte en algunos casos la persistencia de un doble discurso entre ellos: en los servicios que brindan en las instituciones de salud se oponen públicamente al aborto y lo condenan, pero en su práctica privada lo realizan con fines de lucro y sin ninguna consideración o responsabilidad ética o moral hacia las necesidades de quienes pagan sus servicios.

Las evidencias de otro estudio llevado a cabo en la Ciudad de México con 193 médicos de diversas especialidades (internistas, pediatras, ginecólogos y neurólogos) mostraron que sólo el 15% del total de médicos está de acuerdo con el aborto voluntario, aunque el procedimiento es más aceptado por internistas y pediatras que por obstetras y neurólogos. En cambio, la proporción de aceptación del aborto ascendió a casi 60% cuando se trata de abortos por malformación del feto (Casanueva et al., 1997). Otros estudios exploratorios con médicos y médicas residentes en hospitales del Distrito Federal realizados en el 2000 y 2001, revelan el escaso conocimiento que tienen sobre la situación jurídica del aborto: sólo una tercera parte sabía que el aborto es legal bajo algunas causales en la Ciudad de México. Los hallazgos en torno a las actitudes y opiniones frente al aborto muestran la prevalencia de una actitud más favorable a la interrupción del embarazo bajo ciertas causales legales, tales como las razones asociadas a lo médico, y menos favorable cuando se aducen razones personales y de conciencia, siendo la situación socioeconómica de la mujer, su decisión personal, la falla de métodos y el abandono o muerte del cónyuge, las circunstancias donde se manifiesta una mayor oposición (González de León y Billings, 2001). En cuanto a la persona que debe decidir sobre el aborto, se encuentran datos contrastantes: en algunos casos una postura más liberal y, favorable a que sea una decisión de las mujeres, y en otros casos se observa una actitud algo más conservadora, relegando la decisión al ámbito de la pareja, y en ciertas ocasiones con la participación del médico. Además, se advierte la necesidad de contar con ciertas garantías legales para la práctica del aborto, ya que los médicos que estarían dispuestos a realizarlo, lo harían siempre y cuando contaran con condiciones seguras para ello y/o en otros casos con el respaldo institucional. Otros hallazgos subrayan que al considerar el rol que juegan estos profesionistas es necesario considerar la formación que reciben, la cual no les ofrece elementos suficientes para situar la práctica de aborto como un problema social y de salud pública, o bien para comprender sus aspectos jurídicos y sus efectos psicológicos (González de León Aguirre, 1994).

Los resultados de otra encuesta aplicada a nivel nacional, entre médicos en localidades urbanas de México en el 2002, muestran que la mayoría de ellos identificó correctamente algunas circunstancias legales que permiten el aborto (84%), mientras que una minoría consideró que el aborto era siempre ilegal (16%). Las opiniones de este sector acerca de las circunstancias en que el aborto debería ser legal refuerzan las opiniones vertidas antes, y están estrechamente relacionadas con su quehacer como médicos, ya que la mayoría opina que el aborto debería ser legal cuando pone en peligro la vida de la mujer o su salud está en riesgo, o cuando el producto presenta malformaciones congénitas serias, y al mismo tiempo reconocen que debe ser practicado cuando el embarazo es resultado de una violación (93%, 87%, 82% y 86% respectivamente). Un hallazgo interesante, y a su vez preocupante, que evidencia las discrepancias entre el marco legal, institucional o público y la práctica médica, es el hecho de que, ante una mujer que se presentara con un aborto incompleto o con complicaciones postaborto o de una mujer que requiriera de un aborto legal, sólo el 23% de los médicos entrevistados informaron que resolverían estos casos de manera directa, mientras que el 22% resolvería algunos casos y referiría otros. Una proporción importante (40%), por otro lado, referiría todos los casos. Es relevante la necesidad de capacitación expresada por este gremio: el 81% manifestaron su interés en contar con mayor información sobre aspectos legales, el 65% sobre aspectos éticos y el 56% sobre métodos y técnicas para realizar abortos legales (García et al., 2003; Lara et al., 2004).

En Nicaragua, los resultados de un estudio de opinión entre 198 gineco-obstetras, realizado en el 2001 por la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB), acerca de una normatividad –que estaba en discusión en ese momento- que regulara el aborto terapéutico y las consecuencias médicas y éticas del mismo, mostraron que sólo nueve del total de entrevistados consideraban que el aborto debe ser penalizado, y la gran mayoría opinaban que existen casos en que el aborto terapéutico sería necesario para salvar la vida de una mujer (más del 90%). Muchos de los entrevistados también apoyaban una reforma legislativa que permitiera el aborto en casos de violación y malformación del feto (McNaughton et al., 2002). En otro estudio reciente de esta autora y otras colegas (McNaughton et al., 2005) acerca del papel que juegan los médicos respecto a la práctica de aborto, y considerando que se trata de un contexto ambiguo que caracteriza el marco legal en torno al aborto terapéutico en Nicaragua, se exponen las inconsistencias y consecuencias que dicho marco propicia en el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo y la práctica realizada por los profesionales de la salud. Los hallazgos son extremadamente relevantes, y sin duda extensibles a muchos otros países con legislaciones restrictivas, ya que muestran que los profesionales de la salud deciden la práctica de un aborto conforme a otros factores tangenciales a los criterios de riesgo y de salud establecidos como parte de la lógica médica. Entre éstos se mencionan el comportamiento anticonceptivo de la mujer, la edad gestacional, la evaluación de la credibilidad de los motivos expresados por la mujer. Tal situación, como afirman las autoras, no sólo refleja la subjetividad y precariedad de las decisiones de los médicos ante su limitada capacidad para predecir los riesgos a la salud o diagnosticar un embarazo producto de una violación, sino que lleva a cuestionar en términos de equidad y credibilidad, la posibilidad de dejar en manos de este sector la decisión de terminar o no con un embarazo por razones terapéuticas. Más aún, este hecho también implica reconocer la complejidad que envuelve el significado del término de embarazo deseado o no deseado, y sobre todo la imposibilidad de separar la importancia y el papel que tiene dicho embarazo en la evaluación de los riesgos maternos. Ante esta situación, las autoras subrayan la importancia de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres a la vida y la salud, así como la necesidad de un marco político que proteja a las mujeres y a los proveedores de salud para no dejar el acceso de las mujer a un aborto legal bajo la influencia de ideologías políticas (y religiosas), ante la ignorancia de la ley o frente a interpretaciones erróneas acerca de los criterios a ser considerados para obtener un aborto terapéutico.

Independientemente de las opiniones vertidas en las encuestas, se encuentran varias manifestaciones públicas de algunos profesionales de la salud de la región y en ocasiones incluso de asociaciones médicas que se pronuncian en contra del aborto en condiciones de riesgo Anonymous, 2005). Su influencia se percibe también a través de la publicación de diversos materiales descriptivos y explicativos para divulgación general (Faúndes y Barzelatto, 2005), y en la elaboración de verdaderos tratados para incidir favorablemente en terminar con las prácticas de aborto riesgosas (Sanseviero, 2003). Por todo lo mencionado anteriormente, su intervención y mayor involucración en el debate y en las instancias públicas relacionadas  con la práctica del aborto es sumamente relevante.

La aceptabilidad y legitimidad social del aborto en la población

Además de los estudios anteriormente mencionados, realizados entre las y los católicos y entre profesionales de la salud, se han realizado diversas investigaciones que, aún siendo relativamente escasas, tienen como objetivo indagar acerca de las actitudes, percepciones y opiniones de la población, de acuerdo con ciertas características de la misma. Las evidencias que nos proporcionan representan un insumo valioso que nos permite conocer el escenario cultural y el clima ideológico y político que resulta del marco legal impuesto para la práctica del aborto, de las normatividades social y culturalmente construidas y de las condiciones bajo las cuales se recurre a dicha práctica (Profamilia, 1993; Bailey, 2003; Barrig, 1993; Becker et al., 2002; García y Becker, 2001; Gutiérrez et al., 1996; Llovet y Ramos, 2001; Encuentro de investigadores sobre aborto inducido en América Latina y el Caribe, 1994; Htun, 2003; Pick de Weiss y David, 1990; Weisner et al., 1994; Amuchástegui Herrera, 2002; García Romero et al., 2000; http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap5_1.htm). Algunas de estas encuestas además permiten revisar la opinión pública respecto del papel de otros –el Estado, la Iglesia, el sector médico, la pareja- en las decisiones privadas de las mujeres.

Los resultados de estos estudios revelan, en general, una actitud más abierta y positiva de los distintos sectores de la población entrevistados, que la que ha tradicionalmente caracterizado a quienes no admiten el aborto bajo ningún concepto, y al mismo tiempo más conservadora que la postura que sostienen quienes abogan por el aborto a petición de la mujer. En medio de las dos posturas extremas se encuentra la mayoría de la población que acepta la práctica del aborto de acuerdo con determinadas circunstancias restringidas, básicamente en tanto problema de salud (cuando peligra la vida de la mujer, por razones de su salud, ante un embarazo producto de una violación y ante malformaciones del feto). Lo anterior refleja que las situaciones relacionadas con la autonomía de la mujer, su libertad de decisión y el ejercicio de sus derechos son circunstancias aún poco legitimadas y socializadas entre la población. Asimismo, las evidencias de las encuestas apoyan el proceso de secularización que prevalece en la mayoría de los países de la región, en cuanto a la injerencia de la iglesia en la vida privada, y si bien el conocimiento sobre la legislación no es muy preciso, si parece existir, en algunos casos, una clara distinción entre lo que es la legislación y lo que debe ser.

En Argentina, la encuesta sobre anticoncepción y aborto, referida a la población femenina de bajo nivel socioeconómico que reside en la zona metropolitana de Buenas Aires en 1992-93, proporciona evidencias sobre las opiniones de las mujeres, su acuerdo o desacuerdo, respecto a una serie de circunstancias en que se lleva a cabo un aborto, según algunas características de las mujeres entrevistadas (López, 1997). Se advierte que cualquiera sean sus características, las circunstancias que reciben una opinión más favorable para el conjunto de la población entrevistada se concentran en los casos en que el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida o hay problemas de salud de la mujer y por malformación del feto. Los perfiles de aprobación del aborto muestran que las circunstancias vinculadas a la salud y al embarazo producto de una violación son principalmente sostenidas por las mujeres mayores de 35 años, mientras que las menores de 25 años muestran un mayor acuerdo ante situaciones más relacionadas con la autonomía y decisión de las mujeres. Cuando se considera el nivel educativo de las entrevistadas, resalta que son las mujeres que tienen los menores niveles de escolaridad las que en menor medida apoyan la práctica del aborto en todas las situaciones. El análisis según estado civil de las entrevistadas muestra que son las unidas consensualmente las que presentan los mayores niveles de respuestas favorables ante las diversas circunstancias, en particular las asociadas con los problemas de salud de la madre y del feto y como resultado de la violación, seguidas por las casadas. Finalmente, las respuestas de las mujeres entrevistadas según si han usado o no algún método anticonceptivo indican que las mujeres que no habían utilizado ningún método anticonceptivo son las que expresaron la menor aceptación hacia el aborto, mientras que las que lo habían usado alguna vez o lo hacían en el momento de la encuesta, apoyan más las circunstancias relacionadas con los problemas de salud de las mujeres, ante situaciones de violación y, en menor medida, cuando consideran haber completado el tamaño de familia deseado (López, 1997). Otra encuesta realizada entre residentes de Buenos Aires, revela que mientras más de la mitad de los entrevistados favorecen el aborto por circunstancias reducidas, un poco más de una cuarta parte apoya que sea por decisión de la mujer (Htun, 2003).

En Brasil, una encuesta de opinión realizada en 1997 entre residentes de Sao Paulo, mostró que más de la mitad de los entrevistados consideró que la legislación del aborto debe permanecer sin cambio, cifra que fue de una tercera parte en 1994; mientras que una quinta parte opinó que la ley debe ser más permisiva (comparado con dos quintas parte de los entrevistados en 1994 en otro estudio), y otra proporción un poco menor señaló que el aborto debe ser despenalizado. En Chile, los resultados de la encuesta conducida en 2000 por un periódico, revelaron que la gran mayoría de los que respondieron opinaron que el aborto debe ser permitido cuando peligra la vida de la mujer, más de la mitad en caso de violación y una proporción igual ante malformaciones del feto, lo que indica que la mayor parte de la población entrevistada está a favor de que la legislación sea menos restrictiva (Htun, 2003).

En México, el Population Council llevó a cabo una encuesta nacional en el año 2000 cuyo objetivo era conocer las opiniones y actitudes de la población acerca de la legislación sobre aborto y temas relacionados. La población entrevistada comprendió una muestra de 3 mil personas entre 15 y 65 años de edad y la casi totalidad de la misma (90%) se considero católica. Los resultados muestran que más de dos terceras partes de los entrevistados opinaron que el aborto debe ser legal bajo algunas circunstancias, una de cada 10 personas pensaba que el derecho a tener un aborto es decisión de la mujer, y el resto consideró que el aborto debe estar prohibido en todos los casos. Las circunstancias en que la mayoría de los entrevistados estaban de acuerdo con que el aborto fuera legal son similares a las encontradas en los estudios mencionados en las secciones anteriores, o sea cuando la vida de la mujer están en peligro, cuando su salud está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación, y cuando el producto tenga defectos (80,75, 63 y 52% respectivamente). Las circunstancias en las cuales la opinión era menos favorable fueron cuando la mujer es menor de edad, por falta de recursos económicos, cuando la mujer es madre soltera y cuando falló el método anticonceptivo (20 y 17, 11 y 11% respectivamente). Al indagar acerca de quiénes deben ser las personas más adecuadas para aconsejar a una mujer frente a la decisión de interrumpir el embarazo, se observó una mayor inclinación que favorece al ámbito familiar (familia 31%, y la pareja de la mujer 27%), aunque también se otorgó cierta responsabilidad a los médicos (26%). Sólo una minoría opinó que los representantes de la Iglesia Católica son los más adecuados para otorgar consejos a las mujeres (12%). En cuanto a la influencia que los distintos sectores de la población deben de tener en el ámbito legislativo, cerca de la mitad de los entrevistados consideró que las voces de las mujeres son las que deben ser más escuchadas, seguidas de las de la sociedad, y en una menor proporción las de los médicos (48, 29 y 14% respectivamente). Es una minoría la que señaló que se debe considerar a la Iglesia como ámbito de influencia (7%), hecho que se reiteró por la gran mayoría de los entrevistados que opinó que está mal que los legisladores voten las leyes de acuerdo a sus creencias religiosas Sobre las intervenciones de las instituciones de salud, el estudio reveló que la gran mayoría de la población está de acuerdo en que todos los hospitales públicos deberían ofrecer los servicios de aborto legal (García Sandra, 2001; García y Becker, 2001). Un artículo escrito posteriormente sobre la base del análisis de la encuesta descrita (García et al., 2004) incluye recomendaciones para las estrategias a favor del aborto seguro. Entre éstas se señala que es necesario dar a conocer entre la población mexicana cuáles son las causales de aborto legal y cuáles son los pasos a seguir para obtener el servicio; que es importante informar que los abortos son seguros cuando se proveen de manera legal; que las opiniones religiosas y personales de los legisladores no deben entrar en juego en la labor y decisiones legislativas; y que hay que reducir el estigma asociado con la sexualidad.

Una encuesta anterior, del año 1991, llevada cabo en tres zonas de la Ciudad de México (Palma y Núñez, 1991, citada en Palma et al., 2000) confirma que en términos generales había mayor aceptación del aborto cuando las razones se asocian a la salud de la madre o del feto: cuando la mujer sufre una enfermedad infecciosa, como sida (87%); cuando la madre sufre de alcoholismo extremo (76%), cuando se corre el riesgo de defectos físicos o mentales (72%), cuando la salud de la madre corre riesgos (70%), y cuando el embarazo es producto de una violación (70%). Las autoras llaman la atención sobre la elevada aceptación del aborto en casos de enfermedades infecciosas de la mujer. Es notable en este estudio que las razones que la población encuestada identifica como menos legítimas para el aborto son aquellas relacionadas con el bienestar general y autonomía de la mujer: cuando la mujer no tiene pareja,(7%); cuando una joven desea terminar sus estudios antes de ser madre (14%); cuando hay falla del método anticonceptivo (15%), cuando una menor de edad queda embarazada y aún no quiere ser madre, (17%); y cuando una mujer aún no se siente capaz o madura para ser madre (23%). Este mismo estudio apunta que más de dos terceras partes de la población están en desacuerdo con la prohibición total del aborto que promueve la Iglesia (70%), en especial al tomar en cuenta la profunda influencia del catolicismo en México, en particular en relación con el tema del aborto.

La opinión y el conocimiento que tienen los y las adolescentes y jóvenes acerca del marco legal del aborto en México fue objeto de estudio en una encuesta nacional realizada en el año 2000. Para hacer este estudio se analizaron los datos de una muestra representativa a nivel nacional de 907 hombres y mujeres cuyas edades oscilaban entre 15 y 25 años. Sus resultados dejan ver el insuficiente conocimiento que los entrevistados tienen acerca del aborto, ya que más de la mitad no conocía la situación legal en sus respectivos estados. De éstos, la mayoría (82%) creían que el aborto nunca ha sido legal, y el resto no sabían o pensaban que era legal, situación que se acentúa en los entrevistados con menor nivel educativo y los residentes de áreas rurales o fuera de la Ciudad de México. La mayoría de los entrevistados consideró que el aborto debe ser legal cuando es resultado de una violación o peligra la vida de la mujer o su salud, y una proporción minoritaria apoyó su práctica legal en los casos de mujeres solteras o menores de edad, aquéllas que viven con condiciones económicas adversas y cuando el embarazo fuera resultado de una falla en el uso de métodos anticonceptivos (Becker et al., 2002).

Ante el conflicto para despenalizar el aborto en el estado de Chiapas en México en 1990, se llevaron a cabo varias encuestas nacionales para conocer la opinión pública a favor o en contra de la despenalización del aborto y bajo qué circunstancias esta opinión se inclinaba por una u otra respuesta. Una de ellas, realizada en tres momentos entre 1990 y 1991, mostró que la gran mayoría de los entrevistados (82%) lo aprobaba cuando la salud de la madre estuviera en riesgo, siendo mayor la aprobación en el caso de los hombres, los de ingresos de nivel medio, y mucho menor en los viudos. En el caso de malformaciones del feto, más de la mitad estaban de acuerdo, siendo mayor la proporción entre las mujeres, en las de más edad, y también entre las que se encontraban en el estrato de ingresos medios. Nuevamente son los viudos los que menos lo aprueban bajo esta y cualquier otra circunstancia. En cambio sólo una quinta parte lo aprobaba cuando la pareja no quería tener más hijos y, nuevamente, la proporción es mayor entre los hombres que entre las mujeres y entre los que tienen entre 30 y 50 años. Una proporción un poco menor de la quinta parte manifestó estar de acuerdo si la madre no estuviera casada, siendo, en este caso, los jóvenes quienes más aprueban el aborto, así como los que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos (Este país, 1991).

En Uruguay, en el año 2000, se hizo una encuesta a 998 uruguayos de 15 o más años de edad. “Los entrevistados en esa encuesta son una muestra representativa de la población de esas edades residente en las ciudades de 10 000 y más habitantes de todo el país. Los resultados revelan que si bien sólo el 31% contesta espontáneamente que la solución al problema del aborto es legalizarlo lisa y llanamente, hay enormes diferencias según el nivel de educación formal del entrevistado. Sólo el 18% de quienes tienen educación primaria propone la legalización, porcentaje que sube al 38% entre las personas con educación media y al 52% entre los universitarios. Inversamente, apenas el 5% de los universitarios se inclinan por prohibir los abortos, tres veces menos que entre las personas con menos educación formal” (http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap7_2.htm).

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