El debate en torno al aborto: posturas, opiniones, percepciones y argumentos

¿Cuáles han sido algunas de las consecuencias de los debates y las acciones de los diversos actores en la legislación que rige el aborto?

Los actores a un lado y otro del debate sobre la despenalización del aborto, principalmente la jerarquía de la Iglesia Católica en asociación con los grupos conservadores organizados por un lado, y el movimiento feminista por el otro, buscan incidir dentro del ámbito jurídico. Los primeros, grosso modo, para detener lo que consideran un peligro para la moral y un atentado contra la civilidad de la sociedad, y los segundos para encontrar en el Estado un reconocimiento oficial a la autonomía de la mujer, al respeto a los derechos humanos, y por tanto a los sexuales y reproductivos y a la libre decisión en el ámbito reproductivo que exigen las mujeres para sí. En este apartado presentamos algunos ejemplos de las acciones de los actores de uno y otro lado del debate que, como hemos visto anteriormente, han tenido un impacto en la legislación, en la política y en acciones concretas respecto a la práctica del aborto.

En la gran mayoría de los países de la región el pensamiento oficial de la Iglesia Católica tiene una gran influencia en las decisiones del Estado y el ámbito de la sexualidad y la reproducción no son la excepción. Sus acciones incluyen esfuerzos para impedir la aprobación de legislaciones que amplíen las leyes de aborto restrictivas o para revertir las existentes y hacerlas más restrictivas, así como intentos por establecer el derecho a la vida desde el momento de la concepción en las constituciones de los países de la región. Otras iniciativas han sido coordinar manifestaciones de los grupos que están en contra de la despenalización del aborto, limitar y confrontar mensajes progresistas de salud reproductiva en los medios masivos de comunicación y en instituciones no públicas con programas progresistas. Asimismo, buscan aumentar la visibilidad de estos grupos en los debates públicos, promover campañas de abstinencia y en contra del uso del condón y establecer y celebrar el "Día del No Nacido" como evento nacional (Gutiérrez, 2002). Como afirman Hardy y Rebello para el contexto brasileño, "todos aquellos que luchan por la despenalización/legalización del aborto quieren que el Estado asuma una posición laica y desvincule el aborto de la religión. Observamos, sin embargo, que aunque la Iglesia está separada del Estado desde la Proclamación de la República (1989), tiene el poder de influir y muchas veces definir la posición del Estado, principalmente en los asuntos de moralidad y sexualidad" (Hardy y Rebello, 1996).

En un artículo que describe la política de planificación familiar del gobierno chileno desde 1960, Alexander e Iriarte (1995) señalan que, en ese país, el aborto fue legalizado en la década de los treinta para salvar la vida de la mujer o para preservar su salud. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia Católica presionó al gobierno para enmendar la constitución de 1980 a fin de proteger la vida del nonato prohibiendo efectivamente el aborto, pese a reconocer que el aborto se práctica para proteger la vida de la mujer.

En La República Dominicana, país donde también el aborto está totalmente prohibido, Ferdinand (2001) muestra, en su somera revisión de las políticas de salud, que el aborto es un tema que ha sido continuamente silenciado dentro de las estrategias de intervención en salud y los debates en ese país en torno al mismo han impedido su aprobación. Señala que  si bien la propuesta de modificación de la ley de salud presentada en 1991 incluía la despenalización del aborto terapéutico, ante los argumentos y la fuerte influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica los y las legisladores/as decidieron excluirlo. El argumento para objetarla por parte de dichas fuerzas sociales residió en considerar que “el concepto de salud reproductiva podría utilizarse para imponer educación sexual considerada inmoral, la despenalización del aborto y la promoción de la anticoncepción”. Agrega que ello ha implicado que el aborto es un tema “no negociable entre los poderes del Estado junto a los fundamentalismos religiosos…, lo que ha impedido la transformación del marco jurídico sanitario del país”.  

En la sociedad mexicana la cuestión del aborto ha sido centro del debate público en diferentes momentos, ante la constante presencia de distintos grupos sociales que han insistido en la necesidad de revisar y actualizar las leyes que regulan la práctica del aborto. Sin embargo, dichas iniciativas han enfrentado la fuerte oposición de los actores sociales más conservadores, cuyos argumentos morales y religiosos han tenido un enorme peso en el debate público y en los ámbitos gubernamentales, situación que ha llevado a que la discusión en las instancias que trazan la política de salud nacional, así como en los órganos legislativos, sea constantemente evadida o postergada (Tarrés Barraza, 1993). Sin embargo, también hay que reconocer que en México, durante la década de los 90, las intervenciones en materia de salud y derechos reproductivos cambiaron de manera positiva, en especial después de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo). Se crearon instancias y organismos administrativos abocados a las mujeres y a la salud reproductiva que contaron con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y que lograron incorporar los conceptos de derecho a la salud, la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la noción de equidad en varios de los programas y políticas sociales. Billings et al. (2002) consideran que "los grupos feministas, los académicos y las ONGs han intensificado su lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos y el apoyo a las capacidades de las mujeres para ejercer estos derechos. Ellos han sido exitosos en hacer más visible el complejo fenómeno del aborto y la violencia contra las mujeres, a través de iniciativas para modificar las leyes y normas existentes, publicando casos individuales y apoyando a mujeres como Paulina, a quien le fue negado el servicio de aborto legal" (p. 88), aún cuando fue víctima de violación y siguió el proceso legal para obtener el aborto (Lamas, 2000). No obstante, con la llegada del Partido Acción Nacional al poder, de ideología conservadora, muchas de las iniciativas anteriores no han continuado. La atención prestada anteriormente a la salud y los derechos reproductivos ha sido modificada y se ha orientada hacia el embarazo y atención al niño. Con respecto al aborto, y dado que México es un país compuesto por entidades federativas libres y soberanas, se han hecho varios intentos por parte de los grupos opuestos a la despenalización/liberalización del aborto, para que el derecho a la vida desde la concepción sea reconocido en las constituciones locales, como sucedió en el estado de Chihuahua donde fue aprobada y en los estados de Baja California y Nuevo León donde fue rechazada, intentos estos últimos que fueron frenados por el rechazo de los otros partidos y, sobre todo, por las gestiones de los grupos feministas (Anonymous, 1998).

En Argentina no fue sino hasta años recientes que se dio un debate público sobre el aborto, que se caracterizó por ser un espacio de confrontación del pensamiento oficial de la Iglesia con el movimiento feminista. En 1994 la Convención Constitucional argentina fue llamada a reformar la Constitución, proceso en el cual el gobierno unido a la jerarquía de la Iglesia Católica, llevó a cabo una agresiva campaña con el propósito explícito de que la nueva Constitución prohibiera totalmente el aborto. El entonces presidente, Carlos Ménem, promovió la inclusión de una cláusula de defensa de la vida desde la concepción, lo cual, según analistas políticos, tuvo dos objetivos: por un lado, desviar la crítica de los obispos de los crecientes niveles de desempleo y pobreza que estaban teniendo lugar en el país y, por otro, ganar el apoyo de la jerarquía de la Iglesia, así como del electorado católico para las elecciones presidenciales de 1995 (Gogna et al., 2002; Alanis, 1999). Esta situación condujo a que el movimiento de mujeres se organizara y se volviera políticamente más activo en el tema del aborto, logrando frenar dicha iniciativa. En su lugar se aprobó una cláusula que instruía al parlamento a implementar un régimen de seguridad social especial e integral para proteger a la niñez indefensa, desde el embarazo hasta completar la educación primaria, y a las madres durante la preñez y la lactancia. Este intento por penalizar totalmente el aborto se transformó en una política social para la protección de las mujeres embarazadas y la familia, dejando así la puerta abierta para futuros programas de salud reproductiva (Clarín Landi, 1994 citado p. 130. en Gogna et al., 2002). A pesar de la fuerte oposición de la Iglesia Católica y después de más de un año de debates, con la participación activa del movimiento feminista, se promulgó una ley que garantiza el libre acceso de las mujeres a los anticonceptivos y establece campañas para evitar el embarazo infantil, el aborto, las ETS y el cáncer de mama y genital (InterPress Third Word News Agency, 2002).

En Brasil, Rocha (1996) revela que las modificaciones en torno al aborto que se discutieron en el Congreso en 1995 dependieron del balance de las fuerzas entre los diversos grupos sociales y políticos que son muy activos en él. Por un lado, estuvieron las iniciativas para despenalizar o legalizar el aborto por parte del movimiento organizado de mujeres aliado a los grupos parlamentarios progresistas y, por el otro, la posición oficial de las iglesias católica y evangélica que se oponían a la legalización del mismo. Asimismo, señala que los debates y desarrollos en el ámbito político, tanto en el Congreso como en otros foros nacionales e internacionales, han llevado a una reacción adversa frente a las posturas conservadoras y religiosas. Esta reacción que obedece a la lucha y confrontación de los movimientos organizados de la sociedad civil resultó en una fuerte defensa para realizar el aborto de acuerdo con las causales contempladas en el Código Penal; en la denuncia del grave daño a la salud pública ante la práctica clandestina de los abortos; en la diseminación de la idea de que el aborto es uno de los derechos reproductivos de las mujeres, y en el cumplimiento de los acuerdo y compromisos emanados de las Conferencias de Población y Desarrollo y de la Mujer, suscritos por el gobierno de Brasil (Rocha, 1996; Casanova Guedes, 2000). Además, en este país se han logrado importantes avances dada la continua e intensa labor de los movimientos feministas, la participación de las mujeres en puestos gubernamentales claves relacionados con el sector de salud y en las entidades encargadas de las políticas de población y de la mujer, que a su vez han ejercido su influencia en las instancias del poder legislativo y judicial. También destaca la mayor participación activa y sensible del sector médico organizado en la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo y en el debate de la opinión pública. Al mismo tiempo se reconoce que los grupos conservadores, tanto del personal médico como del legislativo, han adquirido más visibilidad y han intentado, sin éxito, revertir las acciones y cambios emprendidos por el Congreso (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004). Por su parte Oliveira y Vianna (1999), en un artículo basado en dos estudios llevados a cabo en Brasil sobre mujeres que abortan, describen cómo la presión ejercida por el movimiento feminista de ese país fue decisiva para que se implementara en varias provincias brasileñas el servicio de aborto legal. Dichas fuerzas impidieron que fuera incorporado a la Constitución un dispositivo legal que anularía la posibilidad de la práctica del aborto en aquellos casos ya contemplados en el Código Penal.

En Nicaragua, si bien existía un amplio acceso a los servicios de aborto terapéutico bajo el gobierno Sandinista, en la actualidad prevalece un clima político hostil respecto a los derechos sexuales y reproductivos y hacia la práctica del aborto en los casos permitidos por la ley. Ello se ha traducido en un acceso muy restringido a los servicios de aborto terapéutico dadas las barreras que impone la indefinición prevaleciente de este tipo de aborto, los trámites burocráticos para su autorización, las posiciones religiosas y moralistas que existen entre las autoridades, el temor de los médicos ante posibles represalias y la fuerte influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica con sus amplios recursos. El caso de Rosa, ya mencionado, ilustra claramente las condiciones existentes, así como la influencia del movimiento feminista y de algunos profesionales de la salud que respondieron activamente y lograron la interrupción de su embarazo, cuando el sistema jurídico no respondió y el sector salud se negó a hacerlo (Reproductive Health Matters 2003; Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004).

Las ONGs en Bolivia han desempeñando un papel importante en actividades relacionadas con la información, educación, capacitación, gestoría, defensa y recursos en torno al aborto, sin embargo, se han visto afectadas por la Ley Mordaza impuesta por los Estados Unidos. En la práctica no se ha realizado ninguna interrupción del embarazo de acuerdo con la legislación vigente y el debate público no ha sido fácil, dado el clima adverso que prevalece en torno a este tema. No obstante, también, como en el caso de Rosa, el movimiento de mujeres y algunos aliados médicos respondieron activamente y colaboraron para que se le practica el aborto a una niña boliviana violada, cuando el sistema de salud se negó a hacerlo (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004).

En Uruguay, las ONG que tienen una trayectoria amplia de gestión y de discusión pública sobre el aborto, colaboraron en la conformación de una alianza nacional para apoyar la reforma de la ley de aborto presentada como parte del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva y para formular lineamientos que definan la atención en las instituciones de salud. Dicha alianza incluye a diversos y amplios actores, tales como organizaciones médicas, parlamentarios, partidos políticos, académicos, médicos, diversos grupos religiosos, sindicatos, redes de jóvenes y grupos de derechos humanos (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004). También en este país destaca la labor de los médicos que formaron un grupo denominado Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, y que ha realizado investigaciones sobre las implicaciones del aborto en la mortalidad materna así como sobre las actitudes de los profesionales de la salud hacia el aborto. El grupo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) ha documentado estos acontecimientos (http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap5_1.htm).

Finalmente, cabe señalar que el movimiento pro-despenalización/legalización se ha ampliado en muchos países de la región a través de la conformación de redes y alianzas entre distintos grupos de corte feminista o liberal y democrático, tanto a nivel nacional como regional, y en muchas de ellas se han incorporado otros actores, tales como médicos, abogados y académicos. A manera de ejemplo están, entre otras, las siguientes: la Campaña 28 de septiembre para la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) que ha fundado un Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (ANDAR) en México y REDSAUDE en Brasil (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004, http://www.andar.org.mx, http://www.redesaude.org.br, http://www.flora.org.pe, http://www.cidhal.org/cidhalesp.html,  http://www.lasdignas.org.sv/quehacemos/programas.php).

^ Volver arriba

Página de inicio | Índice | Agradecimientos |