Marco jurídico del aborto inducido

El análisis de la legislación del aborto es central en cualquier estudio que se haga sobre el tema. Es precisamente su situación de ilegalidad lo que a lo largo de la historia ha dado origen a múltiples e intensos debates y controversias nacionales e internacionales entre diversos actores sociales, como son los grupos religiosos y laicos, los médicos, los juristas, los políticos y diversos representantes de la sociedad civil. La situación legal del aborto, junto con las políticas públicas de salud, determinan los tipos de oferta de servicios de aborto disponibles en un lugar dado, así como los efectos que ambas cosas tengan sobre la salud de las mujeres (Llovet y Ramos, 2001). Entre las cuestiones más polémicas se encuentran su valoración como problema de salud pública ya que se trata de una de las principales causas de morbimortalidad materna, como generadora de discriminación e injusticia social en contra de las mujeres, como violación de derechos humanos fundamentales de las mujeres, o como un no derecho de las mujeres ante los posibles derechos de un no nacido, como un problema de carácter público y, a su vez, como un problema privado e íntimo, así como un problema ético o moral y de religión. Por ello, como ha sido ampliamente reconocido, las legislaciones que limitan el aborto inducido "producen una serie de consecuencias que no afectan solamente a las mujeres que deciden terminar con un embarazo no deseado, sino que también traen resultados devastadores a nivel social, económico y cultural en los países donde se restringe su acceso"’ (Center for Reproductive Law and Policy, 2000). Resulta por tanto fundamental mencionar algunas de las principales consecuencias de la legislación restrictiva de aborto (ver además capítulo 7) (Center for Reproductive Law and Policy, 1999):

1. Ponen en peligro la vida de la mujer, aspecto que se relaciona con una alta tasa de aborto inseguro y, por consiguiente, con una mayor morbimortalidad de la mujer debido a las condiciones de riesgo en que estos abortos se practican (World Health Organization, 2004).
2. Generan una práctica discriminatoria y de injusticia social en contra de las mujeres, sobre todo de aquéllas que pertenecen a las clases más desprotegidas, que recurren a un aborto clandestino al no tener el derecho a acceder a un procedimiento seguro, a diferencia de aquéllas que tienen los medios suficientes para pagar un aborto seguro o viajar a los países donde es legal (Centro de Derechos Reproductivos, 1998; Casas Becerra, 1996).
3. Propician el surgimiento de un "mercado clandestino" de servicios de aborto, ante la proliferación de servicios clandestinos de alto riesgo, (Kulczycki, 2003; Center for Reproductive Law and Policy, 2000).
4. Contribuyen a un mayor empobrecimiento al afectar la economía de las mujeres y sus familias, dados los altos costos de recurrir a un aborto clandestino, así como los gastos realizados para atender las complicaciones que pudieran presentarse por la realización del aborto inseguro (Pine, 1993; Guzmán, 1998).
5. Exacerban las condiciones de vulnerabilidad social ya existentes. El encarcelamiento de las mujeres que recurren al aborto trae terribles consecuencias, tanto para las mujeres procesadas por aborto como para su familia. La detención de la madre afecta especialmente a sus hijos (Casas Becerra, 1996). Por otro lado, haberse efectuado un aborto usualmente trae consigo una estigmatización y rechazo social.
6. Violan los derechos humanos de las mujeres. La penalización del aborto no sólo atenta contra los derechos reproductivos de la mujer, sino también contra su derecho a la salud, a la libertad, a la seguridad y potencialmente su derecho a la vida. Del mismo modo, en aquellos contextos en extremo restrictivos, cuando se exige que los profesionales de la salud rompan el secreto profesional para denunciar a la mujer que recibe atención por complicaciones de aborto, se viola el derecho de la mujer a la confidencialidad y a la intimidad (McNaughton et al., 2004). La negación del derecho al aborto frecuentemente trae consecuencias adversas para las mujeres y los hijos nacidos de los embarazos no deseados.
7. Dificultan la recolección de información sobre la práctica del aborto, lo que ocasiona una subestimación de la magnitud y de la incidencia del aborto inducido (Guillaume, 2004; Blayo, 1998). También inciden en la precisión y veracidad de la información sobre diversos aspectos relacionados con esta práctica, tales como las razones y métodos usados para interrumpir el embarazo y las consecuencias de dicha práctica, entre muchos otros.

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