Resumen : En 1998 entraron en vigencia reformas al Código Penal de El Salvador que penalizan toda forma de aborto, incluida la interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer. Por consiguiente, ha incrementado el número de denuncias interpuestas por prestadores de servicios de salud de las pacientes que se sospechan de haberse practicado un aborto inducido. El propósito de este documento es presentar evidencias y análisis sobre la incidencia, los motivos y las consecuencias de la práctica de la denuncia por parte del personal de salud de las pacientes post aborto inducido en El Salvador.
Web site : http://www.ipas.org/publications/es/ELSALPAC_S04_es.pdfResumen : El Código Penal de Nicaragua permite el "aborto terapéutico" sin definir las circunstancias que lo justifican. A falta de una definición jurídica clara, al aborto terapéutico se le considera legal solamente para salvar la vida o proteger la salud de la mujer, y en los casos de malformación congénita y violación. En este artículo se expone un estudio de la teoría y práctica del aborto terapéutico en Nicaragua dentro de este marco judicial ambiguo. Mediante estudios de casos, una revisión de los registros y una investigación confidencial de las muertes maternas, se muestra cómo la ambigüedad en la ley propicia acceso inconstante a los servicios de interrupción legal del embarazo (ILE). Los profesionales de la salud deciden la práctica de un aborto conforme al comportamiento anticonceptivo de la mujer, la edad gestacional, el cumplimiento de la asesoría médica, la evaluación de la credibilidad de la mujer y otros criterios tangenciales a la protección de su salud. La Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia procuró aclarar la ley al fomentar un consenso entre sus miembros respecto a la definición y las indicaciones del aborto terapéutico. Si la ley designa a los médicos como los guardianes de la ILE, se deben tomar medidas preventivas para garantizar que sus decisiones se basen en esas indicaciones y sean consecuentes y objetivas. En todos los casos, la mujer debe ser el árbitro definitivo de las decisiones sobre su vida reproductiva a fin de garantizar su derecho a la vida y la salud.
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