Consideraciones finales
El panorama de la situación del aborto en América Latina y el Caribe que se presenta en esta revisión de la literatura sobre el tema muestra, que tal práctica en condiciones de inseguridad y alto riesgo es, evidentemente, un problema de salud pública. Pero, tras esta conclusión, de consenso en la literatura, lo que subyace son condiciones de desigualdad económica, social, étnica y de género, y, sobre todo, las carencias en la reivindicación y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En efecto, dichas condiciones se reflejan en el acceso diferencial a los servicios de salud imperantes en la casi totalidad de los países de la región, pues muchas veces sólo las mujeres con mejor situación económica pueden pagar un aborto seguro, mientras que las demás suelen realizarlo de manera insegura, lo que trae consigo consecuencias nefastas a nivel individual, de la familia y en diferentes ámbitos de la sociedad. La problemática del aborto pertenece tanto a la esfera subjetiva y privada de las personas (vida íntima, relaciones de pareja, etcétera) como a la esfera pública. Por tanto, la práctica del aborto se entreteje en el quehacer de instituciones del Estado, en el ámbito de las instancias legales, judiciales, sanitarias y educativas y, en particular en las encargadas del diseño e implementación de las políticas en materia de salud y bienestar de la población.
El marco jurídico del aborto en los países de esta región varía desde la prohibición total de su práctica hasta la realización de la misma a petición de la mujer. Entre estas dos situaciones extremas, se encuentran la mayoría de los países latinoamericanos, donde no se penaliza el aborto en ciertas condiciones, como pueden ser: si el embarazo pone en grave riesgo la salud o la vida de la mujer, o éste es producto de una violación o incesto, por malformaciones del feto y, en muy contadas ocasiones, por problemas económicos. Sin embargo, aún en los casos permitidos por la ley, existen restricciones para poder acceder al aborto, entre las que se encuentran el establecimiento de plazos legales durante los cuales una mujer puede interrumpir un embarazo, la autorización de uno o más médicos, o que por razones morales o religiosas, éstos se declaren objetores de conciencia y, en consecuencia, no estén dispuestos a practicar un aborto.
En una decena de países de la región, por ejemplo, el aborto está autorizado en casos de violación o incesto. Sin embargo, aún en tales circunstancias, el derecho al aborto es desconocido por las instancias judiciales, o las autoridades médicas ponen trabas para ejercerlo. Ejemplos dramáticos de tal situación son el de Paulina, en México, y el de Rosa, en Nicaragua, a quienes las autoridades les impidieron interrumpir su embarazo producto de una violación. El cumplimiento de ésta y otras causales bajo las cuales se autoriza legalmente un aborto, nos lleva a cuestionar la pertinencia de las legislaciones restrictivas o autorizadas en la materia, que no siempre se traducen en situaciones concretas.
Lo anterior evidencia tanto la existencia de obstáculos de índole institucional como moral, que hacen que el aborto, aún permitiéndose, sea un derecho de jure y no de facto, esto es, un derecho no autorizado ni ejercido por las mujeres. Por otra parte, a la negativa de los médicos a practicar abortos legales o a atender las complicaciones por la interrupción de un embarazo, se suma el maltrato que sufren las mujeres por parte del personal de salud, que, incluso, llega a denunciarlas. Pese a todo, en ciertos países de la región, algunos médicos y asociaciones médicas han impulsado cambios en las leyes, además del desarrollo de programas de atención postaborto (APA), conscientes de la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad donde se practiquen abortos a toda mujer que lo requiera.
Las restricciones y prohibiciones de tipo legal e institucional antes señaladas constituyen, asimismo, una clara violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reconocidos en conferencias internacionales como la de El Cairo (1994) y la de Beijing (1995). Del mismo modo, tales obstáculos revelan una fuerte dominación masculina sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres, además de la voluntad deliberada de mantener un fuerte control social sobre ellas, que se da en el ámbito de la pareja, familia y de la sociedad. De ahí que resulte muy significativo el título y la obra de Ortiz-Ortega (2001) “Si los hombres se embarazaran ¿el aborto sería legal?” Tal cuestionamiento remite a las actitudes que asumirían los varones si a ellos les correspondiera embarazarse o enfrentar la responsabilidad de un embarazo no planeado o no deseado. También remite a las decisiones que tomarían en materia de legislación y normas sanitarias para regular el aborto.
Pese al reducido número de investigaciones sobre la participación de los varones en el aborto hechas en la región, la información disponible confirma su papel relevante en tal práctica. Es evidente que pueden determinar la decisión de interrumpir o proseguir un embarazo en el seno de la pareja, en la cual se manifiestan con particular intensidad los roles masculinos y femeninos. La subordinación de las mujeres a los hombres está todavía muy arraigada en sociedades conservadoras, como las de la mayoría de los países, latinoamericanos. Del mismo modo, el peso que tiene la relación de tipo afectivo y emocional en la pareja, así como tipo de relación conyugal existente, explican, en buena medida la involucración del varón en la decisión de recurrir o no al aborto.
En el ámbito público, prohibir el aborto no impide su práctica extendida. Por el contrario, propicia que se realice de manera insegura y con riesgos para la salud e incluso la vida de las mujeres. Tal situación, por lo demás, no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Como antes se indicó, las consecuencias del aborto suelen ser más graves para quienes carecen de recursos y, por lo mismo, se ven obligadas a interrumpir un embarazo en condiciones inadecuadas. En contraste, aun en países donde el aborto es ilegal, existe siempre un “mercado paralelo”, que permite a las mujeres practicarse un aborto en mejores condiciones de higiene y de seguridad y con el personal calificado, pero con costos muy onerosos y que, por tanto, sólo pueden pagar quienes pertenecen a una clase social privilegiada. Por ello, como acertadamente señala Langer (2002), “una sociedad que admite que algunas de sus mujeres accedan a un aborto inducido sin riesgos ni dificultades, mientras que otras experimentan los (mayores) peligros, no es una sociedad democrática”.
Diversos y múltiples grupos de la sociedad civil de América Latina, al igual que de otras partes del mundo, mantienen una lucha constante para mejorar las condiciones de acceso al aborto, apelando a los derechos sexuales y reproductivos, en particular a la autonomía y derecho de las mujeres de decidir sobre su reproducción. También pugnan por eliminar las restricciones impuestas a los derechos de las mujeres, que se pretende justificar con el argumento de que se respeten los del recién nacido o el derecho de varones a la paternidad. Son numerosos los debates que han tenido lugar en torno a tales posturas. Las más de las veces son promovidos por movimientos en pro del derecho a la libre decisión de las mujeres. En ellos hay una creciente participación de profesionales y responsables de sistemas de salud, sensibilizados por las consecuencias del aborto inseguro en la salud y la vida de las mujeres.
Otras fuerzas políticas y grupos conservadores que secundan a la jerarquía católica mantienen una campaña permanente para impedir el aborto en cualquier circunstancia, aludiendo la defensa del derecho a la vida del “no nacido”. Sin embargo, aún dentro de la Iglesia católica –hegemónica en América Latina– hay posiciones encontradas. No todos los católicos y católicas se oponen a la decisión de interrumpir un embarazo. Por ejemplo, la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir recuerda que la facultad de las mujeres a optar por la alternativa que más les convenga con respecto a su reproducción es compatible con principios esenciales del catolicismo, como la libertad de conciencia. Esta última, no sólo como derecho a ser ejercido por los profesionales de la salud, sino también como derecho de todas las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Las consecuencias del aborto inseguro en América Latina y el Caribe son múltiples. La interrupción del embarazo permanece como una de las principales causas de la elevada mortalidad materna prevaleciente en muchos países de la región. Pero, incluso, cuando las complicaciones del aborto no resultan fatales, con frecuencia tienen secuelas que van desde dolores crónicos hasta la esterilidad. Asimismo, el aborto puede plantear dilemas éticos y morales para los médicos y demás personal de salud, al tener que optar, por ejemplo, entre atender una solicitud de aborto, sea de manera clandestina u ocultando su práctica, o permitir que el embarazo de la mujer siga, a pesar de no desear un hijo. Por otra parte, las posturas de los médicos sobre el aborto suelen estar polarizadas, pues mientras unos centran su atención en el problema de salud pública que constituye el aborto inseguro, otros privilegian sus propias convicciones morales que pueden ser contrarias a tal práctica. El aborto realizado en condiciones inadecuadas también tiene un costo elevado para los servicios de salud, cuyo presupuesto se ve mermado por la atención de las complicaciones derivadas de esa práctica, las cuales implican, asimismo, una carga de trabajo adicional para el personal de médico.
Otro aspecto apenas abordado en la literatura revisada se refiere a los costos sociales y familiares que resultan del aborto inseguro. Entre ellos destacan la muerte o la incapacidad física de una madre a consecuencia de un aborto mal practicado; el estigma social y las erogaciones que debe enfrentar una mujer que enfrente un juicio o se le haya encarcelado por abortar, además de los efectos psicológicos producto de una interrupción del embarazo en condiciones traumáticas. También puede tener consecuencias para la mujer y para la criatura en gestación que se le niegue a ésta el aborto y, por consiguiente, tenga un hijo producto de un embarazo no deseado.
El aborto ilegal se práctica, en muchos casos, con métodos de alto riesgo para la salud de la mujeres, cuya utilización, como afirma Langer Glass (2003), es el reflejo de su desesperación, pues la carencia de recursos las obliga a abortar en estas condiciones. Las consecuencias del aborto también tienen una estrecha relación con los métodos utilizados. En los países de la región, donde la inmensa mayoría de los abortos son clandestinos, las mujeres recurren a métodos tradicionales como plantas, productos químicos, inserción de objetos en el útero, o a la ingesta de fármacos, entre los cuales destaca el misoprostol (Cytotec), éste último ampliamente usado en Brasil. La eficacia de este producto, cuya utilización es cada vez más extendida y aceptable cuando se utiliza en dosis adecuadas. Aun si el uso del misoprostol es incorrecto, las complicaciones son menos graves que con otros métodos. Según Blanchard et al. (1999), la utilización de dicho fármaco con fines abortivos es segura y eficaz, por lo cual ha contribuido a reducir la mortalidad materna asociada a la interrupción del embarazo.
Por otra parte, la prohibición del aborto ha influido para que éste se haya investigado de manera insuficiente, pues las evidencias empíricas existentes sobre el tema son aún parciales, fragmentarias y ambiguas. Contar con una visión global de esta práctica, medir su incidencia, así como conocer las características y las consecuencias de su realización sigue siendo difícil, ya que el carácter clandestino del aborto en la región propicia el subregistro. No obstante lo anterior, estudios puntuales realizados en poblaciones específicas o en mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto constatan la alta frecuencia y magnitud de esta práctica, tal y como lo documenta la Organización Mundial de la Salud en publicaciones sobre el aborto inseguro en el mundo. Ante las dificultades que implica obtener mediciones precisas y detalladas sobre la situación del aborto y su evolución en el tiempo –dos aspectos esenciales para comprender tal fenómeno y el impacto de los programas relacionados con el mismo–, se emplean diversas técnicas. Algunas de ellas tienen un grado mayor de sofisticación y han sido desarrolladas para mejorar la medición de diferentes aspectos del fenómeno, como son las características de quienes abortan, las condiciones en que lo hacen o las consecuencias de dicha práctica. Sin embargo, el solo uso de métodos sofisticados que, en principio, proporcionan mejores niveles de precisión, no garantiza que las estimaciones de ellos obtenidas sean más cercanas a la realidad. Por lo mismo y como señalan diversos investigadores, la mejor opción resulta ser la combinación de diferentes métodos y fuentes de información para estimar la incidencia u otros aspectos del aborto. Ello permite, entre otras cosas, comparar resultados obtenidos mediante diferentes técnicas y metodologías y, de este modo, contar con mayor certeza y confiabilidad de la información. En el caso de América Latina y el Caribe, también convendría establecer metodologías y criterios de clasificación y captación de los sistemas de información comunes en relación con la práctica del aborto, pues de esta forma podrían realizarse investigaciones sobre el tema que permitieran contar con una visión global y comparativa de este fenómeno en la región.
Los motivos para recurrir al aborto son muy diversos y dependen del contexto y de las condiciones en las cuales se encuentre la mujer que tenga necesidad de interrumpir un embarazo. Las mujeres pueden abortar en diferentes etapas de su vida por el deseo de limitar su descendencia o espaciar los nacimientos. También si todavía no tienen hijos y quieren evitar que el ejercicio de su sexualidad derive en un embarazo no deseado, como suele suceder con las adolescentes o jóvenes cuyo acceso a la anticoncepción es limitado y difícil. En otros casos, el aborto es el recurso ante un embarazo no previsto como consecuencia de fallas en el uso de anticonceptivos, del uso incorrecto de los mismos, de una relación sexual no protegida, o de las dificultades que tienen muchas mujeres para negociar con sus parejas la prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual (ITS). Otras causas de embarazos no deseados y de abortos son la violación y el incesto, graves manifestaciones de violencia contra las mujeres, un fenómeno generalizado en la mayoría de los países de la región.
Las mujeres más jóvenes son especialmente vulnerables a esta clase de violencia. Del mismo modo, se sabe que, en ciertas circunstancias, el embarazo y el aborto entre las adolescentes pueden ser eventos traumáticos desde el punto de vista biológico, psicológico, social y de salud, especialmente, en sectores con mayores niveles de pobreza y baja escolaridad. También son causa importante de morbilidad y mortalidad materna en las jóvenes. Ponen de manifiesto, asimismo, la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y, por consiguiente, de condiciones para que las adolescente y jóvenes ejerzan sus derechos.
Uno de los resultados más notorios de la revisión bibliográfica que hicimos fue que en ciertos países latinoamericanas, el aborto sea una práctica que se observa con mayor frecuencia en mujeres con mayores niveles de instrucción. Incluso sigue siendo un recurso importante para muchas de quienes pueden acceder a una “oferta” más diversificada y amplia de métodos anticonceptivos. También llama la atención que sea considerada una práctica más frecuente en contextos urbanos, lo cual parecería obedecer a los cambios culturales y condiciones de vida en los mismos, sobre todo en materia de regulación de la fecundidad, y en los cuales se supone que se puede acceder a una oferta más diversificada, amplia y accesible de métodos anticonceptivos. Sin embargo, también nos advierte acerca de los escasos estudios en ámbitos rurales sobre este tema.
El aborto ha jugado un papel importante en la transición de la fecundidad en diversos países. Puede ser un recurso para regular la fecundidad cuando sustituye a los métodos anticonceptivos o son complementarios, si, por ejemplo, éstos llegan a fallar y, por consiguiente, ocurren embarazos no deseados. Tal situación suele deberse a la insuficiente disponibilidad de anticonceptivos, producto, entre otras cosas, de las insuficiencias e inadecuaciones de los programas de planificación familiar o cuando los métodos empleados son ineficaces, como sucede a menudo con los naturales. También puede obedecer al uso incorrecto de los métodos sean los tradicionales o modernos. La anticoncepción de emergencia (AE) es de gran utilidad en estos casos. Dicho método resulta particularmente adecuado para las mujeres que tienen relaciones sexuales de manera irregular o no prevista, como ocurre con frecuencia con las más jóvenes. Aunque la AE aún no esta suficientemente extendida en América Latina, México y otros países de la región ya la incluyeron en sus normas relacionadas con la planificación familiar, lo que impulsará la utilización del método, al que sectores conservadores le atribuyen, sin fundamento, efectos abortivos. Aún se requiere de mayor y mejor capacitación de los proveedores de salud sobre la seguridad y beneficios de este método.
La intensa prevalencia del aborto expresa la voluntad de las mujeres para regular su fecundidad, voluntad a la cual los programas de planificación familiar no responden siempre de manera adecuada, y en función de las necesidades de ellas.
Algunas recomendaciones
Estamos convencidas de que la disminución de la práctica del aborto en condiciones de riesgo, con las consecuencias descritas en los diversos capítulos, es principalmente una cuestión de voluntad política. Para lograr tal fin resulta primordial sensibilizar a los distintos sectores de la sociedad, en particular los responsables de las políticas y programas de acción, con respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También deben emprenderse acciones para crear una mayor conciencia acerca de los riesgos que implican los abortos inseguros y así evitar la persistencia de tal práctica. Es necesario e impostergable pasar de la aceptación teórica y discursiva de los derechos reproductivos al establecimiento de las condiciones que garanticen su cumplimiento. Del mismo modo, deben redoblarse las acciones para evitar la violencia ejercida contra las mujeres, en particular la sexual, y reconocer su derecho a la interrupción del embarazo cuando hayan sido víctima de relaciones sexuales forzadas.
Ante las políticas públicas encaminadas a reducir el crecimiento poblacional, aunado al número creciente de mujeres que desean tener familias más pequeñas, suele prestarse poca atención a ciertas cuestiones. Entre ellas destaca el hecho indiscutible de que los objetivos de las políticas como la mencionada se hayan cumplido, en mayor o menor medida, debido a la práctica extendida del aborto en muchos países de la región. Lo anterior, obviamente, a un costo considerablemente elevado para la salud, seguridad, integridad y dignidad de las mujeres que también repercute en la familia y en la sociedad, debido a las precarias condiciones con que suelen practicarse los abortos.
A pesar de los avances de los servicios de planificación familiar y de la cada vez mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos, seguirán ocurriendo embarazos no deseados o planeados, incluso, como sucede en países desarrollados. Muchas mujeres, asimismo, seguirán recurriendo al aborto para controlar su fecundidad. Esta realidad hace necesario que el aborto se practique en las mejores condiciones posibles. La terminación de un embarazo no debe ser una experiencia traumática que, además, ponga en peligro la salud y la vida de la mujer, tal como se observa en los países donde el procedimiento es ilegal y, por lo mismo, practicado con frecuencia por personal no capacitado y en un ambiente insalubre. El aborto tiene que ser un procedimiento seguro, para lo cual es necesario emprender una serie de acciones, como las que se señalan a continuación.
Es importante ampliar el acceso a la planificación familiar y mejorar los programas correspondientes para que respondan a las necesidades de las mujeres y los hombres, incluyendo las de los y las adolescentes. También debe mejorarse la calidad de la información, educación y consejería, además de la atención que brindan los centros de salud, con el fin de, entre otras cosas, lograr incorporar en los programas respectivos a las mujeres que, por diversas razones, no empleen métodos anticonceptivos y no deseen más hijos y así reducir la recurrencia al aborto.
La introducción y la difusión de métodos más adecuados para prevenir embarazos, o interrumpirlos, como el misoprostol y mifepristona, permitirán ofrecer alternativas más eficaces a las mujeres y, por consiguiente, reducir en gran medida el número de abortos inseguros. La anticoncepción de emergencia, como método preventivo y que no conlleva el estigma de ser abortivo, es particularmente prometedor para las mujeres, en particular las jóvenes por las razones antes descritas.
Otro aspecto que merece destacarse es la implantación de programas de atención postaborto (APA) en los servicios de salud reproductiva. La experiencia de varios países demuestra que tales programas pueden mejorar de manera sustancial la calidad del servicio de mujeres con complicaciones por aborto, pues suelen incluir, entre otras cosas, la aplicación de técnicas de reconocida eficacia, como la aspiración manual endouterina. Además de beneficiar a las usuarias, el empleo de tales técnicas también ha contribuido a reducir los costos de la atención médica y a favorecer la práctica anticonceptiva postaborto. Esta última resulta de gran importancia para evitar la repetición de abortos, con todas las consecuencias que ello implica, en las mujeres que ya hayan interrumpido uno o más embarazos.
El éxito de estos programas requiere, sin embargo, de la capacitación, no sólo del personal médico, sino también y en especial de las enfermeras y de las parteras. Pero la correcta atención del aborto y sus complicaciones va más allá. Exige la revisión y modificación de las legislaciones y regulaciones, a fin de no sancionar a quienes aborten y a los profesionales de la salud que realicen tal práctica de manera segura, pues lo contrario y como ya se dijo antes, sólo propicia que el aborto se realice de manera insegura.
En el caso de las y los adolescentes se requiere, desde la perspectiva de los sistemas de salud, implementar programas que respondan a sus necesidades sexuales y reproductivas, a fin de evitar, en lo posible, los embarazos no planeados o no deseados en este sector de la población y así reducir de manera sustancial su “necesidad de recurrir al aborto”, además de impedir que contraigan ITS. Dada la disminución de la edad de inicio de las relaciones sexuales y la mayor frecuencia con que ocurren fuera del matrimonio, las mujeres jóvenes constituyen un sector en el cual prevalecen las condiciones de mayor vulnerabilidad social y en el que, por lo tanto, se presentan los mayores riesgos. Tal situación explica, en gran medida, el aumento del aborto en las adolescentes, que se practica, las más de las veces y por la misma carencia de recursos de éstas, de manera clandestina e insegura, con el riesgo consiguiente de sufrir complicaciones. Se requiere, no obstante, favorecer una mentalidad y actitud más tolerante frente a la sexualidad juvenil y a los embarazos fuera del matrimonio, como hechos que son una realidad que no puede negarse. Es importante sensibilizar a los jóvenes, en particular a los varones, sobre la necesidad de emplear medidas preventivas cuando tengan relaciones sexuales.
De la misma manera, deben superarse las barreras y circunstancias que limitan el derecho de las mujeres a decidir de manera libre sobre su reproducción. Para tal fin, es necesario fomentar actitudes más abiertas hacia la sexualidad y la planificación familiar; mejorar la educación sexual de las mujeres y de los varones en las escuelas y la comunidad, y propiciar una mayor igualdad entre los sexos. Es necesario, asimismo, fomentar la responsabilidad compartida de la práctica anticonceptiva y de la crianza de los hijos entre mujeres y hombres, además de promover que el personal de los servicios de salud sea más sensible a las necesidades y preocupaciones de las mujeres.
Aunque las implicaciones de la práctica del aborto en América Latina y el Caribe generan cada vez mayor interés entre los investigadores de la región, la investigación sobre el tema sigue siendo insuficiente para conocer con profundidad tal fenómeno. La mayoría de los estudios se han realizado en contextos urbanos, y con frecuencia en ámbitos hospitalarios. Por tanto, sólo reflejan de manera parcial la situación del aborto en esa parte del mundo. Es una tarea pendiente ampliar la investigación al respecto, para así generar un mayor conocimiento integral sobre los múltiples aspectos del aborto, en particular acerca de sus consecuencias sanitarias y sociales. Tal conocimiento podría contribuir a sensibilizar a los legisladores, a los responsables de los sistemas de salud pública y a los encargados de la procuración de justicia sobre la necesidad urgente de reformar el marco legal y normatividad sanitaria que regula dicha práctica. Esta tarea constituye una responsabilidad urgente que debe abordar con rigor la academia, junto con otros profesionales y sectores activamente involucrados en la problemática del aborto. Para tal fin, se requiere financiar investigaciones sobre la incidencia, así como las características y consecuencias del aborto en los distintos países de la región, cuyos resultados sean representativos de cada uno de ellos. Del mismo modo, es necesario aplicar mejores técnicas en los registros de las instituciones de salud para contar con información más confiable sobre la magnitud y características de la morbimortalidad materna relacionada con el aborto en la región.
Ante la complejidad de la problemática en torno al aborto inducido, se requiere de un abordaje multidisciplinario para la mejor comprensión del tema. Esto permitiría contar con elementos suficientes para elaborar propuestas e iniciativas que contribuyan, entre otras cosas, a superar la parálisis resultante de la polarización de posturas antagónicas y conflictivas con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El debate público sobre el aborto es necesario y puede hacer aportaciones muy valiosas para comprender el tema. Pero debe basarse en información científicamente rigurosa y amplia, para así coadyuvar en la formación de juicios de valor al respecto, que permitan diseñar intervenciones públicas y de organizaciones no gubernamentales orientadas a disminuir la incidencia del aborto inseguro y, por consiguiente, evitar las consecuencias de esta práctica.
Es de esperar y sobre todo de desear, que el escenario presentado en este trabajo, lleno de interrogantes y preocupaciones sirva de motivación a los dirigentes de los países de la región para revisar y modificar el marco legislativo vigente sobre el aborto, así como las políticas públicas y las acciones de los programas en materia de salud reproductiva, en particular las relacionadas con la práctica del aborto y la planificación familiar.
Una de las características que definen a un Estado democrático es el respeto a los derechos humanos, de los cuales los sexuales y reproductivos forman parte. El ejercicio pleno de estos últimos derechos implica emprender diversas acciones. Entre ellas destacan garantizar el acceso universal a servicios de salud reproductiva de calidad, además de promover la equidad de género y la igualdad social, como lo prevén los compromisos internacionales que han suscrito casi todos los países de América Latina y el Caribe, al igual que del resto del mundo. Por lo mismo, se espera que en un Estado democrático se satisfagan las demandas de todas las mujeres en materia de salud reproductiva. No obstante, sigue siendo pertinente la cuestión que Dixon Mueller (1990) planteó hace más de diez años: “¿Por qué la mayoría de las mujeres de los países en desarrollo siguen arriesgando su vida o sufriendo con frecuencia graves consecuencias para su salud por el simple hecho de regular su fecundidad, cuando le corresponde al Estado proporcionarles servicios de salud seguros y accesibles?”