Las consecuencias sanitarias y sociales del aborto

Las consecuencias sanitarias y sociales del aborto

Los debates sobre el aborto y su legalización ponen el acento frecuentemente en un problema mayor: el de la salud publica, debido a la fuerte incidencia de morbilidad y mortalidad maternas que resultan de las complicaciones de los abortos inseguros, la gran mayoría de las veces practicados de manera clandestina. La comunidad internacional ha reconocido este hecho en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). Dicho documento destaca la necesidad de que las mujeres tengan acceso a servicios médicos donde puedan interrumpir un embarazo en las mejores condiciones posibles (Naciones Unidas, 1995). De igual manera, la reducción de los niveles de mortalidad materna en dos tercios para el año 2015 es una de las ocho metas señaladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para alcanzar dicha meta, es indispensable mejorar la prestación de servicios relacionados con la salud reproductiva para las mujeres, incluidos los de aborto.  

La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2000 hubo 3 700 000 abortos inseguros en América Latina y precisa que los riesgos asociados a esos abortos están ligados a los niveles de capacitación profesional de las personas que los llevan a cabo, a las condiciones en las cuales se realizan, a los métodos usados para interrumpir el embarazo, al estado de salud de las mujeres, así como también a la etapa de gravidez en que se encuentran World Health Organization, 2004; Paxman et al., 1993). Por otra parte, la magnitud del aborto clandestino en los países latinoamericanos y del Caribe se pone de manifiesto en que durante 1995 sólo hubo 200 000 mil abortos legales, frente a los millones que se hicieron de manera clandestina durante ese mismo año (Rocha y Andalaft Neto, 2003).

El acceso limitado al aborto, aun en los países donde se autoriza bajo ciertas condiciones, es igualmente una expresión muy reveladora de las desigualdades sociales y económicas que prevalecen, sobre todo, en las naciones en desarrollo, siendo las  mujeres las principales víctimas de estas desigualdades. También nos indica la falta de respeto al libre ejercicio de sus derechos, en particular de sus derechos reproductivos y sexuales. Como señalan Llovet y Ramos (2001) “Documentar los altos niveles de morbilidad y mortalidad asociados con el aborto ilegal resulta clave desde la perspectiva de la salud pública, al tiempo que también contribuye a responder a la preocupación acerca de la vinculación entre la condición social de las mujeres, los indicadores de salud reproductiva y el grado de vigencia de sus derechos humanos” (p. 287). Asimismo, resume el Center for Reproductive Law and Policy –actualmente Center for Reproductive Rights (CRR) – (2000), esas consecuencias “no afectan solamente a las mujeres que deciden terminar con un embarazo no deseado, sino que también traen resultados devastadores a nivel social, económico y cultural en los países donde se restringe su acceso (al aborto)”.

Generalmente, la legalidad y las condiciones de seguridad van juntas, como lo evidencia el hecho de que los niveles de morbilidad y mortalidad materna debido al aborto hayan disminuido de manera drástica en los países donde el aborto se ha legalizado. Algunos autores consideran que el determinante más importante del impacto del aborto sobre la salud de la mujer es su estatuto legal (Deidre, 1999; Anderson, 1998; Berer, 2004).

En un contexto de acceso limitado al aborto que propicia su práctica clandestina, es muy difícil tener una visión precisa y global de la interrupción del embarazo. Bajo tales circunstancias resulta casi imposible conocer con exactitud las consecuencias del aborto, que se manifiestan en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres, de sus familias y de la sociedad en su conjunto (Yanda et al., 2003). Por ello, la ilegalidad del aborto tiene como otra consecuencia dificultar que se hagan investigaciones sobre el tema y obtener medidas confiables de ese fenómeno. Asimismo, los pocos indicadores disponibles son a menudo estimaciones realizadas a partir de encuestas aplicadas a poblaciones particulares (Guillaume, 2004).

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