Las consecuencias sanitarias y sociales del aborto

Conclusiones

Aunque la mortalidad por causas relacionadas con el aborto es la consecuencia más dramática de esta práctica, desde luego no es la única: los efectos de la interrupción del embarazo en condiciones inadecuadas resultan devastadores para un gran número de mujeres latinoamericanas, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Aquellas mujeres incapaces de pagar un aborto seguro corren riesgos enormes para su salud. Muchas de ellas sufren secuelas como esterilidad o infecciones que pueden dañar sus órganos vitales. Al mismo tiempo, quienes acuden a los servicios de salud por complicaciones de aborto suelen ser maltratadas por el personal médico, con frecuencia renuente a practicar interrupciones del embarazo, aun en los casos permitidos por la ley. Abortar en estas circunstancias implica muchas veces un gran desgaste emocional para las mujeres, sobre todo las más humildes, pobres o jóvenes, ya que cuando enfrentan un embarazo no deseado por lo general abortan de manera clandestina, con frecuencia en condiciones inseguras. En contraste, las mujeres con un mayor nivel socioeconómico, de América Latina y otras partes del mundo, pueden practicarse abortos de manera segura y recibiendo un trato adecuado del personal que las atiende, lo que reduce en gran medida las posibilidades de que el aborto se convierta en una experiencia traumática.

Por otra parte, los servicios de salud pública, cuyo presupuesto es de por sí insuficiente en los países latinoamericanos, resienten el costo de atender a mujeres con complicaciones por abortos o cuando éstos son incompletos. Las mujeres, en tales casos, deben permanecer un  mayor tiempo internadas y su tratamiento implica mayores gastos. El problema podría disminuir de manera sustancial si todas las mujeres tuvieran acceso al aborto seguro, y también acceso a los tratamientos post-aborto. Pero la legislación de la gran mayoría de los países de América Latina lo impide. Prevalecen en ellos leyes y regulaciones sobre aborto restrictivas que, salvo con algunas excepciones, prohíben la interrupción del embarazo. Además, las leyes en la materia tampoco se cumplen: el número de mujeres procesadas por aborto constituye una parte minúscula de los millones de abortos que cada año se llevan a cabo en la región. Pese a lo anterior, las restricciones al aborto generan un ambiente de persecución, pues siempre existe la amenaza de que quienes recurren a esta práctica enfrenten problemas judiciales. Esto trae como consecuencia la estigmatización del aborto y desalienta la capacitación del personal médico en la atención del mismo, así como la introducción de técnicas eficaces y seguras para interrumpir embarazos.

Además de no cumplirse y  ahondar las injusticias sociales, las leyes sobre aborto restrictivas contravienen los compromisos internacionales surgidos de conferencias como la de El Cairo y la de Beijing, que han suscrito los Estados de la región. Tales compromisos obligan a los países adherentes, a garantizar, entre otras cosas, la salud reproductiva de las mujeres, para lo cual se necesita facilitar su acceso a servicios de salud donde se practiquen abortos seguros.

Cuba, Guyana y otros países de la región, sobre todo del Caribe, han logrado avances sustanciales en sus legislaciones sobre aborto. Aunque los logros de estas  naciones pueden servir de ejemplo a muchos países latinoamericanos, aun en ellas las mujeres no siempre pueden ejercer el derecho de interrumpir un embarazo no deseado. Es necesario que exista una infraestructura sanitaria adecuada donde se practiquen abortos.

Región con una tasa elevada de abortos clandestinos, América Latina enfrenta el reto de cambiar sus leyes sobre aborto para que coincidan con los derechos reproductivos de las personas. De lo contrario, millones de mujeres de la región seguirán viéndose obligadas a poner fin a un embarazo en condiciones inadecuadas, con el riesgo consiguiente para su salud y no pocas veces su vida.

Las consecuencias del aborto son, evidentemente, un problema de salud pública, pero al mismo tiempo también representan una fuerte carga sobre los sistemas de salud en términos de costos y de implicaciones para el personal de salud. Ellas afectan de manera igualmente intensa a las mujeres y sus familias, tanto en el ámbito social de la familia (rechazo, estigmatización,…), como por sus efectos económicos: el costo de los abortos y de sus complicaciones repercuten fuertemente en los presupuestos familiares.

El aborto es un indicador de las desigualdades sociales, ya que algunos grupos sociales sufren consecuencias mas desastrosas que otros: las mujeres jóvenes y las pertenecientes a las clases sociales más desprotegidas. Ello revela, también y sobre todo, las desigualdades de género, ya que ninguna sanción penal se ejerce sobre los varones,  quienes son los “otros significativos” actores del embarazo de las mujeres que abortan.

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