Las consecuencias para las mujeres y las familias
El costo para los presupuestos de las familias
El aborto tiene un impacto económico importante en el presupuesto de las mujeres y sus familias, en particular de los sectores de población más desfavorecidos, ya que no sólo deben pagar por el aborto, sino que en muchas ocasiones también deben cubrir los gastos médicos por complicaciones del mismo. Aunado a ello, están los costos económicos indirectos, tales como los del transporte, los que se derivan de la ausencia de las mujeres en sus actividades económicas y domésticas, o la de los demás familiares que las acompañan. Según Pine (2003), los abortos clandestinos realizados por proveedores de salud pueden costar entre un cuarto y la mitad del sueldo promedio mensual de la mujer (p. 80). A su vez, Langer (2003) señala: “En algunos contextos, el costo de un aborto clandestino realizado por un médico en una clínica privada equivale a los ingresos anuales de una familia media”. Existen, pues, servicios de aborto clandestino de costo muy diverso, pero cuando son atendidos por personal médico especializado resultan, por lo general, inasequibles para muchas mujeres, sobre todo adolescentes de los grupos más pobres. También debe considerarse como parte del costo la ausencia o la pérdida de una madre de familia (Langer, 2003).
En un estudio sobre las leyes que afectan la vida reproductiva de las mujeres, sobre todo las relacionadas con el aborto, el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas señala que la interrupción del embarazo “es una práctica que, pese a su prohibición legal, se extiende a mujeres de todas las clases sociales, con consecuencias más graves para las mujeres pobres” (Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, 2001; Center for Reproductive Law and Policy, 2000). Como se señala en otro estudio, lo anterior trae como consecuencia que las mujeres de bajos ingresos recurran a abortos clandestinos, cuando en realidad tienen derecho a un procedimiento seguro, gratuito y de bajos costos económicos (Pine, 1993) (p. 80). Pese a tener este derecho, el acceso al aborto de un gran número de mujeres de la región, aun en los casos previstos por la ley, sigue dependiendo de la voluntad del personal de los servicios médicos estatales, cuyas usuarias son, en su mayoría, de escasos recursos (Faúndes y Hardy, 1997).
Hay diversos estudios que dan cuenta de la gran magnitud y variabilidad de los costos monetarios del aborto clandestino en los países de la región. Según los datos de la encuesta de opinión acerca del aborto en seis países de la región antes citada, tales costos oscilan desde el pago en especie, o de unos 10 dólares americanos por la compra de hierbas medicinales, hasta cantidades muy elevadas (Alan Guttmacher Institute, 1994). Con base en esta fuente, el costo de un aborto realizado por una persona capacitada parece ser mucho menor en Colombia (unos 44 dólares) que en otros países de la región, lo cual parece obedecer a que éste es el país con mayor proporción de mujeres urbanas pobres que aparentemente tienen acceso a servicios ofrecidos por personal calificado. Según Strickler et al (2001), el costo de un servicio urbano de aborto clandestino en América del Sur va de 20 a 200 dólares.
En México, se agrega el hecho de que las mujeres que acuden a servicios de salud públicos tras haberse practicado un aborto, sólo gozan de un permiso de incapacidad en el trabajo con una duración media de 10 días (López García, 1994). El costo del aborto es menor cuando se emplean productos prescritos en farmacias (entre 30 centavos de dólar y 3 dólares), pero se estima que es mucho mayor si se recurre a productos suministrados por los vendedores de hierbas medicinales (entre 13 y 23 dólares), quienes suelen emplear como abortivos una o varias de las alrededor de 10 plantas para tales propósitos, además de ciertos medicamentos. Estos costos son elevados en comparación con el salario mínimo mexicano, de unos cuatro dólares al día. Sin embargo, tales procedimientos son más accesibles que aquéllos que se realizan en hospitales, cuyo costo es de unos 160 dólares, cantidad que puede duplicarse debido a que la interrupción del embarazo se practica de manera clandestina (Pick, 1999).
En Chile, el costo de un aborto para las mujeres de un nivel socioeconómico bajo puede oscilar entre 50 y 200 dólares, representando así un costo muy elevado para ellas (Casas Becerra, 1997). Un estudio regional señala que en Uruguay existen muchas clínicas de aborto clandestinas. Si una mujer cuenta con los medios suficientes, puede obtener un aborto seguro, aunque sea ilegal. De lo contrario, las mujeres acuden a curanderos tradicionales, a prestadores de servicios no calificados o se autoinducen el aborto. Se estima que en Uruguay, un aborto seguro, pero ilegal, cuesta entre 200 y 800 dólares (Rayas y Catotti, 2004; (Rayas et al., 2004) (el salario mínimo actual es de unos 110 dólares mensuales). Este mismo estudio señala que en Bolivia, los servicios de aborto que ofrece el mercado paralelo o clandestino tienen un precio que fluctúa entre 50 y 300 dólares. Pese a su costo, dichos servicios ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, sobre todo las de menores recursos y las adolescentes, lo cual aumenta los costos para los servicios de salud y la sociedad en general.
En Brasil, a pesar de que el Cytotec se suministra exclusivamente a personas que cuentan con receta médica y cuyo uso en abortos se ha prohibido explícitamente, el fármaco puede obtenerse de manera clandestina por aproximadamente 70 dólares. Se calcula que de las 600 000 mujeres que según ciertas estimaciones abortan en Brasil (el IAG indica que podrían ser alrededor de 1 400 000), un 75% utilizan este medicamento (Coeytaux, 2002; Rayas y Catotti, 2004; (Rayas et al., 2004).
En clínicas de Uruguay se emplea la AMEU. Su costo por mujer atendida asciende a unos 400 dólares. Sanseviero (2003) señala que “practicantes de abortos […] estiman los costos de la atención en algunas clínicas o de la contratación del CTI (Centro de Terapia Intensiva) para las emergencias entre 13 500 y los 25 000 dólares” (p. 54).
En Perú, Li (1994) señala que los costos del aborto constituyen un elemento muy importante en la calidad de la atención, además de tener un impacto económico importante en el presupuesto familiar. Estima que el costo por aborto es de entre medio salario mínimo y 11 salarios mínimos, y que, si se agregan los gastos de la mujer antes de la hospitalización, su costo puede llegar a ser de entre 214 y 278 dólares.
En Nicaragua, los costos en clínicas particulares van de 500 a 1 000 dólares, totalmente inaccesibles para la mayoría de las mujeres. El precio de un aborto practicado en condiciones de riesgo va de 7 a 150 dólares (McNaughton et al., 2003; Rayas y Catotti, 2004 ; Rayas et al., 2004).
Sin embargo, el cálculo del costo correspondiente a un aborto inseguro no debe limitarse a un solo método, pues éste podría ser un indicador engañoso del costo financiero acumulado que implica la interrupción de un embarazo. Es frecuente que la mujer transite por varias etapas, cada una más peligrosa y de mayor costo que la precedente, hasta lograr el aborto: desde dejarse caer en una escalera, recurrir a la ingestión de hierbas, o comprar productos seudo abortivos o abortivos en las farmacias. También puede pagar el servicio de empíricas o de un médico capacitado. A todo lo anterior, habría que agregar el costo de los servicios médicos que eventualmente deriven del aborto o de los ocasionados por un aborto incompleto (Alan Guttmacher Institute, 2004).
Efectos sociales y psicológicos
Como se ha señalado, el aborto ha generado una práctica discriminatoria en contra de las mujeres, sobre todo de aquéllas que pertenecen a las clases más desprotegidas. Por ello, en América Latina, como también se ha subrayado en el Capítulo 2 –El debate público en torno al aborto–: “El aborto inducido se convierte en un problema de justicia social en los países que penalizan esta práctica. En ellos, las mujeres de clase social baja que carecen de recursos económicos suficientes se ven obligadas a recurrir al aborto clandestino, a diferencia de aquéllas que tienen los medios suficientes para pagar un aborto seguro o viajar a los países donde es legal”. Del mismo modo, como las leyes que penalizan el aborto sólo se aplican en casos excepcionales, en la práctica esto produce la inoperancia de la ley con respecto al número total de abortos que se realizan a diario. Las mujeres pobres también corren un mayor riesgo de ser denunciadas a las autoridades y sancionadas con penas carcelarias, ya que en casos de complicaciones relacionadas con un aborto inseguro se ven en la necesidad de acudir a instituciones públicas donde tienen lugar la mayoría de las denuncias” (Center for Reproductive Law and Policy, 1999). El comportamiento de los profesionales médicos viola también el derecho de las mujeres a la intimidad y a la confidencialidad, ya que las leyes que penalizan el aborto producen un dilema ético difícil de resolver, pues colocan al médico entre su deber como ciudadano de reportar un hecho ilícito a las autoridades y su deber como médico de preservar la confidencialidad de las personas a quienes atienden (Center for Reproductive Law and Policy, 2000).
Las implicaciones de un aborto mal practicado también inciden en otros ámbitos de la vida de las mujeres: pueden perturbar sus actividades económicas o escolares y así comprometer sus oportunidades futuras. El temor a un abandono escolar por un embarazo no planeado es un motivo para recurrir al aborto, frecuentemente señalado por las adolescentes y jóvenes (Díaz Sánchez, 2003). Asimismo, las defunciones son, en este caso, muertes de mujeres jóvenes, responsables muchas veces del cuidado de hijos pequeños y/o de otros miembros de la familia (Langer, 2003).
Por otra parte, la práctica del aborto también acarrea consecuencias psicológicas, que dependen de la libertad de decisión que tenga la mujer y de las posibles presiones que sufra. Algunas mujeres pueden experimentar sentimientos negativos como culpa, depresión, ansiedad y miedo, especialmente cuando el aborto se ha practicado en condiciones que las traumatizaban (Langer, 2002). También se señala que si el aborto se realiza sin la voluntad del mujer (presión familiar, problemas económicos, etcétera) puede constituir una causa de depresión (GIRE, 2000). Sin embargo, las consecuencias psicológicas del aborto pueden llegar a ser incluso positivas cuando la mujer pone fin a un embarazo en buenas condiciones sanitarias y, sobre todo, cuando ella opta por esta práctica de manera consciente, libre e informada (GIRE, 2005). En un estudio sobre el aborto clandestino en México (Amuchástegui y Rivas, 2002), las autoras incluyen testimonios de mujeres que declararon sentir una sensación de gran tranquilidad después de interrumpir un embarazo al margen de la ley, pero practicado de manera segura y siendo tratadas con respeto por el personal médico que las atendió.
Es importante considerar que muchas mujeres después del aborto sienten alivio porque la obligación de seguir con un embarazo no planeado tiene consecuencias emocionales más importantes que la interrupción del mismo (Langer, 2003). La autora destaca, asimismo, que un tema ausente en los estudios sobre mortalidad materna y asociados al aborto, es el de los casos en las cuales las mujeres terminan suicidándose por la presión en que viven cuando tienen un embarazo no deseado, o son asesinadas por sus cónyuges u otras personas opuestas a que continúe su gestación.
Otras investigaciones enfatizan el conflicto que las mujeres tienen frente a los valores sociales, culturales y religiosos en torno a la maternidad (Cardich y Carrasco, 1993), así como los sentimientos de culpa y una tendencia al autocastigo que experimentan ciertas mujeres que recurren al aborto (Kennedy, 1994). En este sentido, se agrega que muchas mujeres viven situaciones de fuerte conflicto emocional ante un embarazo no deseado, propiciadas por patrones culturales que impiden o dificultan su posibilidad de tomar decisiones autónomas en torno a la sexualidad y la reproducción. Además de que son objeto de estigmatización social y de que se les percibe como transgresoras de valores religiosos y morales, fuertemente arraigados en las sociedades latinoamericanas (Rivas y Amuchástegui, 1998).
Es también importante destacar las consecuencias psicológicas y sociales de la negativa a practicar un aborto, en particular cuando el embarazo es producto de una violación, como fue el caso de Paulina, en México, y de Rosa, en Nicaragua, quienes fueron obligadas a proseguir su embarazo, ante la presión de las autoridades civiles y religiosas, aunque en el último caso el aborto fue realizado.
No obstante, después de una larga batalla legal y gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil, las autoridades mexicanas aceptaron reparar el daño que se le infligió a Paulina por habérsele impedido abortar, tras haber resultado embarazada como resultado de la violación que sufrió en el año 2000. Fue necesaria, sin embargo, la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que, en marzo de 2006, el gobierno del norteño estado mexicano de Baja California, donde tuvo lugar la violación, y el gobierno federal, reconocieran que en el caso de Paulina se había cometido una injusticia que debía resarcirse (Human Rights Watch, 2006).
Al igual que en otros países latinoamericanos, la violación es un hecho bastante frecuente en México, siendo que en 2001 “ocupaba el séptimo lugar de acuerdo a la frecuencia del delito”, según fuentes gubernamentales (GIRE, 2004). Aunado a ello, los niños nacidos de embarazos no deseados corren el riesgo de sufrir el rechazo o maltrato por parte de su madre, y presentan mayores dificultades en sus relaciones sociales e interpersonales (Faúndes y Barzelatto, 2005).
También conviene señalar que la calidad de los servicios de salud a donde acuden las mujeres para practicarse un aborto o por las complicaciones del mismo cuando se lo practican, no siempre tienen condiciones óptimas: las usuarias pueden ser objeto de críticas, estigmatizadas o tratadas sin respeto por el personal médico, además de que muchas veces deben hacer largas esperas para ser atendidas. El estudio de Steele y Chariotti en Argentina, de tipo cualitativo, incluye testimonios sobre el trato cruel y humillante que reciben las mujeres en los sistemas de salud, donde sufren asilamiento, falta de atención al llegar aun en malas condiciones físicas (por ejemplo, sangrando); no siempre se les administren medicamentos para el dolor o deje de anestesiárseles en las operaciones. A lo anterior se suma que no se respete su privacidad, además de ser sometidas a castigos por la sospecha de que se provocaron un aborto (Steele y Charotti, 2004).
Como señalan acertadamente diversos estudios, el alto número de mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto muestra que ahora las motivaciones para interrumpir embarazos no deseados siguen siendo tan fuertes, o más fuertes aún, como lo fueron en el pasado (Alan Guttmacher Institute, 1994). Asimismo, la utilización de métodos claramente ineficaces y riesgosos refleja la desesperación de muchas mujeres ante su apremio por poner fin a un embarazo no deseado (Langer-Glas, 2003).