Dificultades para recopilar información y medir la práctica del aborto
Es ampliamente reconocido que las reformas legales para ampliar el acceso al aborto tienen un impacto que, a mediano o largo plazo, puede reducir el número de abortos inseguros. Las evidencias existentes muestran claramente que “en contra de las creencias populares, los países que han legalizado el aborto inducido y creado programas accesibles de planificación familiar, combinados con un acceso efectivo a la información, muestran un marcado descenso en el número de abortos realizados”. Sin embargo esta tendencia no es universal, como ocurre en Cuba, donde a pesar de haber una legislación liberal sobre aborto, la tasa de tal práctica se mantiene alta, “debido a que no cuenta con servicios suficientes de información y acceso a Center for Reproductive Law and Policy, 1999).
Por otra parte, como ya antes se indicó, en los países donde el aborto es ilegal existe una mayor subdeclaración y subregistro de los datos correspondientes. Además de las sanciones legales y penales impuestas a quienes se practican un aborto, razones de carácter moral, ético o religioso pueden incitar a las mujeres a no declarar la interrupción de un embarazo (Llovet, 1998). Las instituciones sanitarias y los proveedores de salud pueden, por las mismas u otras razones, no declarar, subdeclarar, o declarar los abortos provocados como si fueran espontáneos, contribuyendo así al subregistro de los abortos provocados.
Asimismo, no todas las mujeres que experimentan complicaciones por aborto son atendidas en hospitales, en especial quienes residen en zonas rurales o que experimentan efectos secundarios menos serios y, por lo mismo, no tienen tanta necesidad de buscar atención médica. Esto hace que las mujeres hospitalizadas por complicaciones del aborto sólo constituyan una parte pequeña del total. Son ellas la parte visible de un número mucho mayor de las mujeres cuyos abortos han afectado negativamente su salud (Alan Guttmacher Institute 1994). En este estudio se estimó que una de cada cinco mujeres en Perú y Colombia, y un 70% de las mujeres en Brasil que habían tenido un aborto inducido podrían ser hospitalizadas para el tratamiento de complicaciones. En Chile y México la proporción es de alrededor de una de cada cuatro mujeres. Estas estimaciones dan cuenta del peso que los servicios de atención al aborto tienen en el conjunto de los sistemas hospitalarios. Dicha investigación demuestra, asimismo, que un gran número de casos de mujeres que se provocan abortos no son contabilizados, porque éstas no necesitan o no buscan tratamiento en un hospital.
El subregistro de tales casos también se debe a otras razones. En Nicaragua, por ejemplo, se ha observado recientemente un alto número de mujeres que mueren por envenenamiento al ingerir pesticidas. Esto obedece a que, con el fin de provocarse sangrados que eventualmente interrumpan su embarazo, las mujeres toman sustancias de bajo precio, pero terminan envenenadas, con frecuencia de manera mortal. Aunque los registros deben incluir a todas las mujeres que desean poner fin a su embarazo, dichas defunciones se registran como suicidios o muertes accidentales y no causadas por abortos. Lo anterior demuestra que en las estadísticas de mortalidad materna, con frecuencia dejan de incluirse las muertes derivadas de esta práctica (McNaughton et al, 2003; Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004).