Conclusiones

Ante un clima político sumamente conservador en la región, dada la gran y creciente influencia de la jerarquía de la Iglesia Católica y de los grupos de derecha, combinado con una mayor participación de la sociedad civil, el aborto, como señala Htun (2003), es uno de los temas políticos más espinosos y de mayor polarización que enfrentan hoy día las incipientes democracias de los diversos países de la región. Se juegan en este debate los ámbitos de la sexualidad y de la reproducción, y toca los límites entre la vida íntima y privada de los individuos y lo público.

No obstante que dicho debate cuenta ya con una trayectoria de varias décadas, la intensidad del mismo y sus repercusiones en cuanto a acciones e intervenciones por parte de los diversos actores varía entre los diferentes países. En algunos este debate y por tanto sus consecuencias parecen aún muy limitadas o casi inexistentes si se toma como referencia las publicaciones al respecto, como en el caso de Guatemala, y destacan otros países donde el debate es más intenso y continuo como por ejemplo en Brasil y México. Esta situación obedece, en gran medida, al contexto político e ideológico específico de los diversos países, y a la fuerza y trayectoria que adquieren en ellos las fuerzas sociales que más influyen en las transformaciones legislativas y en las acciones del Estado en el tema de aborto.

El énfasis discursivo más intenso de los actores e instancias que se manifiestan en contra de la despenalización y/o legalización del aborto, reside en que desde el momento de la concepción la vida del producto deber ser protegida y por ello buscan, como principal acción, que se reconozca a nivel constitucional la protección de la vida del no nacido. Para los actores sociales que pugnan por la legalización y despenalización, el centro de atención se ha ido transformando: ya no solamente se habla del aborto como problema de salud pública y de injusticia social, sino que en la actualidad el acento está puesto en la problemática de los derechos humanos, de las relaciones de poder entre los sexos y, como señalan Lamas y Católicas por el Derecho a Decidir, en el derecho a la libertad de conciencia, que implica respetar las creencias y valores de las personas, profesen o no religión alguna (Lamas, 2003). Derechos que, a su vez, están asociados con la necesidad de limitar y redefinir las intervenciones del Estado en las decisiones acerca de la sexualidad y reproducción que competen a la vida intima, privada e individual. Es en este sentido, que los conceptos de democratización y ciudadanía se incluyen como parte del movimiento feminista.

Es interesante notar que la amplitud de la defensa del derecho al aborto dentro de los límites impuestos por las legislaciones locales (e incluso como demanda más allá de la situación legal), incluye a instancias internacionales vinculadas a las Naciones Unidas que han refrendado el enfoque de derechos humanos en cuanto al aborto. Algunas de éstas, citadas en Hessini (2005), son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de Derechos de la Infancia. La CEDAW explica, por ejemplo, que hacer de lado el cuidado de la salud en aspectos que sólo las mujeres requieren es una forma de discriminación contra ellas, y que los gobiernos tienen la obligación de solucionar estas situaciones. Se menciona como ejemplo que este comité urgió al gobierno de Chile a “considerar la revisión y enmienda de las leyes de aborto, en particular para proveer abortos seguros, y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o por la salud de la mujer, incluyendo su salud mental” (p. 92) (Hessini, 2005). El respaldo que proveen estas instancias es importante para la legitimidad del discurso progresista en torno al derecho al aborto seguro.

Este discurso se complementa con argumentos de salud pública cuando se hacen notar las implicaciones que las legislaciones, las políticas públicas y los programas existentes tienen sobre los derechos humanos, en particular de las mujeres.

Es relevante mencionar también que incluso en aquellos países en donde el aborto se ha despenalizado, su práctica presenta problemas. No es suficiente con despenalizarlo si no se colocan los dispositivos legales y de servicios que hagan frente a la demanda o a su continuada práctica insegura, incluyendo programas educativos y acceso a servicios integrales de salud reproductiva, oportunos y de calidad. Más aún, el acento también debe estar puesto en las normatividades y trámites burocráticos que se constituyen en barreras que las mujeres enfrentan para recurrir al aborto autorizado legalmente.

Es en este escenario donde la participación activa del movimiento feminista a favor de la ampliación de la legislación y la despenalización del aborto, así como en apoyo a la regulación de la atención del aborto en los servicios de salud, ha sido fundamental para los logros que se han dado. Ortiz Ortega (2002) llama la atención, además, al énfasis que adquiere este movimiento, en particular desde la década de los 90, en aquellos países que, como México, iniciaron una transición a la democracia.

Se observa también, más recientemente y en algunos países de la región, una mayor movilidad y compromiso social de otros actores, en particular de los profesionales de la salud, ante la problemática del aborto. En muchas ocasiones ésta movilidad es asimismo resultado del interés de la sociedad civil por involucrar a este sector cuya actuación resulta primordial en la atención al aborto y sus consecuencias. Las tensiones entre la ética profesional y a veces incluso las normatividades, y las convicciones personales de quienes laboran en el sector salud son elementos fundamentales que entran en juego al pensar o discutir sobre el aborto. Por esta razón, por ejemplo, es de enorme interés el pulso de estos profesionales (reflejado en las encuestas), así como aquellas publicaciones que orientan la reflexión sobre el aborto como un dilema en su campo profesional. Ejemplo de este tipo de materiales son El drama del aborto, de los doctores Faúndes y Barzelatto (2005), y Ética médica laica, del doctor Pérez Tamayo (2002). Hay no sólo una gama de encuestas y estudios sobre conocimientos, actitudes y percepciones de los prestadores de servicios de salud, sino que también se han presentado y publicado recomendaciones para profundizar el trabajo con este grupo (Dabash et al, s.f.; Ramos, 2005). Algunas de estas recomendaciones incluyen sensibilizar a los profesionales de la salud respecto de temas de género y los derechos de las mujeres, así como de las consecuencias de los abortos inseguros, dar a conocer la legislación de aborto del sitio en que se desempeñan, lograr que el aborto permitido por la ley se vuelva un servicio usual, y continuar haciendo investigación y labores de gestión y defensa con este sector.

Al igual que con el sector médico, ha habido una presencia importante de encuestas aplicadas a otros segmentos poblacionales, incluida población abierta, cuyos resultados varían con el tiempo y entre países. Estas en general revelan que se cuenta con apoyo a ciertos tipos de aborto, por ejemplo en casos de protección de la vida y la salud de la mujer, así como cuando se trata de embarazos producto de una violación. Sin embargo, podemos afirmar que muchos de los análisis que se extraen de estos estudios exponen las inequidades de género prevalecientes en las sociedades de la región, ya que confieren el menor peso como razones para recurrir a un aborto a aquéllas que tienen que ver con la autonomía de la mujer y de sus decisiones reproductivas. Sobresale asimismo que a mayor educación de la población encuestada, menores restricciones se imponen a la práctica del aborto a nivel opinión pública. Los resultados de las encuestan indican también la necesidad de mayor divulgación de la situación legal del aborto en los diversos países de la región.

Pese a algunos avances que la literatura refleja y a la mayor participación de otros sectores, tales como el de salud, también conviene advertir la ampliación de las fuerzas sociales en contra de la legalización y despenalización del aborto a nivel internacional y regional. Estas, como se ha mostrado en este capítulo y el anterior, han obtenido ciertos logros tanto a nivel discursivo como de hecho.

La sociedad civil organizada ha jugado un papel innegable en el debate en torno al aborto. Sus aportes se encuentran en el avance y profundización de los argumentos en el tema, así como en los logros que de hecho se han registrado en la región. La maleabilidad de los discursos de gestión y defensa se registra en la literatura; la incorporación del aborto como tema de derechos humanos, los argumentos sobre búsqueda de equidad e igualdad, así como los vínculos entre aborto y pobreza –como profundización de los argumentos de justicia social- de cara a la agenda internacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio dan fe de ello. Es de llamar la atención, además, que la literatura da cuenta de ocasiones en que esta misma sociedad civil ha tomado y en ocasiones resuelto casos difíciles, como el de Rosa en Nicaragua, por sus propios medios. Las conexiones entre diversos sectores de la sociedad y el movimiento internacional en torno a momentos cruciales hacen un eco que funciona, en cierto sentido, como protección a salidas que en otros momentos hubieran podido provocar represalias.

Las nuevas tecnologías, como el aborto con medicamentos, anuncian así mismo nuevos rumbos en la gestión y defensa. El paso de una intervención como la interrupción del embarazo de lo público a lo privado hace que el rol de las feministas adquiera un peso distinto para no correr el riesgo de que se de este movimiento sin cuestionar las relaciones de poder entre los géneros (p. 34) (Ortiz en Franzoni, 2002).

Sin embargo, hay que reconocer, como se anota arriba, que las cuestiones sociales de mayor justicia y equidad social y de género, así como el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos que requiere y demanda la población y que son parte fundamental de la ciudadanía moderna, son aspectos aún insuficientemente legitimados e incorporados en las acciones públicas de la gran mayoría de los países de la región. Esto vale tanto para la arena legislativa o para el ámbito de los servicios de salud relacionados con la práctica del aborto.

Por otro lado, la disminución del papel del Estado y de sus recursos en los programas sociales, especialmente los relacionados con la salud reproductiva, como consecuencia de las políticas neoliberales y los programas de ajuste estructural, así como por la imposición de las fuerzas del mercado, constituyen serias barreras que es necesario tener presentes para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de aborto.

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