¿Qué hay del debate en torno al aborto en los países en que está despenalizada su práctica?

Uno de los hechos que destaca en la revisión bibliográfica que se llevó a cabo en este trabajo es la relativa ausencia de literatura que de cuenta de la existencia o no del debate público sobre el aborto en los países que, como Cuba, Puerto Rico, Barbados y Guyana, éste está disponible a petición de la mujer. Toda vez que detrás de un aborto existe muchas veces un embarazo no planeado y que ello alude a eventos indeseados, y a veces evitables en la vida de las mujeres, nos podríamos hacer al menos cuatro preguntas: ¿el debate sobre el aborto voluntario termina con su absoluta despenalización y legalización? ¿El importante avance que supone un marco legal sin restricciones para la práctica del aborto, se refleja también en la educación sexual y en materia de derechos reproductivos, sobre todo para la población adolescente? ¿Dicho marco, permite un mayor acceso a servicios de salud  de calidad para llevar a cabo abortos con menores riesgos y menores consecuencias adversas a nivel individual, familiar y social? ¿Cuál es de la presencia de grupos y actores que se oponen a que el aborto esté disponible a petición de la mujer?

En Puerto Rico los argumentos que emplean las fuerzas antiaborto y las refutaciones de los que están en pro de la decisión de interrumpir el embarazo involuntario se sitúan en el contexto de las leyes que rigen en Puerto Rico y la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque el aborto es legal en Puerto Rico, el derecho al aborto ha sido atacado y su accesibilidad se ha visto afectada. El debate sobre el aborto ha adoptado un carácter simbólico y sus argumentos aluden a situaciones más amplias de la sociedad, tales como la identidad y los roles femeninos y masculinos, la sexualidad, la reproducción, la familia y los problemas sociales. El argumento principal de la ofensiva antiaborto reside, como en otros países de la región latinoamericana y de El Caribe, en el señalamiento de que la vida humana comienza en el momento de la concepción y, en el derecho que tiene el feto a la protección de su vida, mientras que el control de las mujeres sobre su capacidad reproductiva y los derechos sobre su cuerpo y su propia vida son considerados como temas secundarios. Las fuerzas sociales que favorecen la práctica legal del aborto argumentan que la opción al mismo es esencial para que las mujeres sean tratadas equitativamente como personas con todos sus potenciales y prerrogativas de carácter humano, y enfatizan las consecuencias adversas del aborto inducido practicado en situaciones de ilegalidad y riesgo, que se traducen en centenares de millares de lesiones y muertes maternas. Asimismo, como parte del debate se abordan otras cuestiones como la necesidad de respetar las diversas posturas respecto a la definición de vida humana y la separación entre Iglesia y Estado, el reduccionismo biológico acerca de que el feto es un ser humano, y la deshumanización de las mujeres que se insinúa con la humanización del feto (Colon-Warren et al., 1998; Cólon Warren y Planell Larrinaga, 2001; Profamilia, 1993; Azize Vargas, 1993).

En el caso de Cuba, dado que el aborto no es penado por la ley, ni es perseguido, no existe un debate público al respecto. Se reconoce la importancia de la legalización y despenalización de aborto que tuvo lugar en 1965 y en consecuencia el derecho inviolable de la mujer para recurrir a él (González Labrado et al., 2001; Mayo Abad, 2001). No obstante, también se señala que a pesar del descenso significativo de la mortalidad materna en general y sobre todo la relacionada con la práctica del aborto, la morbilidad asociada a ella no se ha reducido de manera tan drástica (MINSAP, 1999). Ante la permanencia de elevadas tasas de aborto, las preocupaciones y discusiones, principalmente entre profesionales de la salud, se centran en el insuficiente e inadecuado acceso y uso de métodos de planificación familiar (González Labrador et al., 2001) y en las fallas en las acciones de los programas de educación sexual, en particular entre los adolescentes, quienes reciben una pobre e insuficiente educación al respecto (Aguilar Acebal y Neyra Reyes, 1999; Cortés Alfaro et al., 1999; Fonseca Fernández de Castro et al., 1999; Libertad y Reyes Días, 2003). Como señala Mayo Abad (2002) "si el uso consciente y responsable de medios anticonceptivos para evitar embarazos inoportunos es la forma más apropiada de planificación familiar, tenemos que aceptar que no estamos aplicando satisfactoriamente las posibilidades existentes. Nuestra obligación es disminuir la incidencia (del aborto) mediante la implantación de medidas educativas coordinadas y combinadas con la accesibilidad a una amplia gama de métodos anticonceptivos para toda la población. La situación actual constituye un reto para nuestro Sistema Nacional de Salud" (p. 130).De acuerdo con Álvarez (2001), en este país, donde el aborto es legal y se realiza en instituciones que otorgan las garantías médicas y de servicios, el aborto se considera un problema desde diferentes puntos de vista. Señala la autora, que “es un problema económico, pues en él se invierten numerosos recursos materiales y humanos; psicológico y social, pues recurre a esta práctica un gran número de mujeres en las que predominan jóvenes que aun no han comenzado su procreación…” (p.88)

Guyana representa un buen ejemplo de que la aprobación de una ley liberal de aborto es apenas el principio hacia lograr servicios de aborto de calidad y oportunos. El debate en este caso se continúa por la vía de la implementación de servicios y de lograr que el gobierno encabece su implementación, tal y como se asienta por Nunes (2001). Cinco años después de promulgada la legislación, su implementación aún era pobre, de acuerdo con lo que señalan Nunes y Delph (1995), en su recuento de la trayectoria de esta reforma legal. El Grupo Pro Reforma, líder del movimiento que logró la despenalización, prestó intensa atención a la ministra de salud, pero dejó de lado el compromiso de los equipos técnicos del Ministerio de Salud. Este grupo sostenía, en el 2000, que el aborto inseguro no era una prioridad de salud, por lo que ningún hospital público de Guyana ofrecía el servicio de conformidad con la ley, ni informaban de los casos de complicaciones por aborto al Ministerio de Salud. Las mujeres pobres de Guyana saben que no pueden interrumpir sus embarazos en los hospitales públicos del país, porque no se provee el servicio. La situación se presta a abusos y a dudas por parte de los administradores de los hospitales respecto de su autoridad para dar el servicio. Otros temas en discusión eran los métodos que la ley proponía para hacer los abortos (aspiración manual en lugar de dilatación y curetaje), la elaboración de registros de aborto para presentar informes ante el Ministerio de Salud, el periodo de espera y la consejería obligatoria.

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