¿Quiénes son los principales actores del debate?

En el debate sobre el aborto han participado múltiples y muy diversos actores e instancias. Entre ellos están los organismos internacionales y regionales; el Estado a través del ámbito ejecutivo, el legislativo y el poder judicial; abogadas y abogados; partidos políticos; las instituciones y profesionales de la salud; las personas expertas en derechos humanos; los medios masivos de comunicación; las organizaciones de la sociedad civil; la academia y las y los investigadores (Hessini, 2005). Algunos gobiernos extranjeros también han participado en este debate, tal y como se puso en evidencia cuando el presidente de los EUA, Bush, reinstauró la llamada Ley Mordaza al iniciar su presidencia.

Como parte de este escenario, son dos las principales fuerzas sociales que destacan: por un lado, el movimiento de la sociedad civil organizada "progresista", en particular los grupos y redes feministas nacionales y regionales y, por el otro, la jerarquía de la Iglesia Católica, conjuntamente con los grupos conservadores de la sociedad civil, de derecha, que son los que más influencia han tenido, en general, sobre algunos de los otros actores, particularmente sobre el Estado y sobre algunos sectores de la población.

Es en estos dos últimos grupos antagónicos donde los términos del debate se cristalizan en las dos posturas más polarizadas: la erróneamente llamada postura proabortista y la denominada, quizá más correctamente, postura antiabortista. Como señalan muy acertadamente diferentes autores (Bernal, 2003; Faúndes y Barzelatto, 2005), centrar el debate en términos de la primera postura constituye una grave imprecisión, "se trata de una falsa disyuntiva". Nadie está a favor del aborto; nadie lo considera un bien en sí mismo; nadie lo promueve; no existen grupos "abortistas". En este mismo sentido, Lamas (2003) argumenta y aclara que cuando el debate se plantea en términos de "estar a favor o contra del aborto" se está abordando el tema de manera equivocada, puesto que estar a favor de la despenalización y legalización del aborto no equivale a estar a favor del aborto ni mucho menos promoverlo. Por ello, en este capítulo se aborda a los actores de estas posturas antagónicas entendiéndolas como "a favor de la despenalización y/o legalización de la práctica de aborto", o "en su contra".

Los grupos feministas

Como afirman varias autoras, el Movimiento Feminista en América Latina, en especial el desarrollado en los últimos años por las Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) de mujeres, se ha constituido en una de las instancias de interlocución social de mayor influencia en la opinión pública en relación con el ámbito de la reproducción y la sexualidad, así como de los derechos humanos de las mujeres (Scavone, 1999; Correa et al., 1998; Gruskin, 2001; Lamas, 2001; Pitanguy, 1999). En muchos países de la región, su intervención en el debate sobre el aborto ha sido decisiva en la construcción de un marco más amplio para el análisis y las acciones en torno a esta problemática. En el campo del marco conceptual, como señala Alfarache (2003), las fuertes críticas que desde la postura feminista se han hecho a la dicotomía público-privado a raíz del debate sobre aborto, han permitido entender y difundir la idea de que "si los derechos de las mujeres son violados en los espacios privados, ello incide nodalmente en sus posibilidades de actuación en las esferas públicas" (p. 148). En la arena de las acciones, dichos grupos son los que abogan y han luchado por la legalización y despenalización del aborto, logrando con ello, en algunos casos, frenar las iniciativas legales que tienden a restringir el derecho a la práctica del aborto y, en otros casos, ampliar las causales bajo las cuales se permite su práctica (Lamas, 1997; y 2003; D’Atri, 2004; Profamilia, 1993; Htun, 2003; y 1999). A su vez, es ampliamente reconocida la gestión de estos grupos ante diversos organismos internacionales para que el tema fuera abordado en las Conferencias Internacionales promovidas por instancias de las Naciones Unidas. Del mismo modo, su decidida participación en las discusiones y negociaciones se plasma en los acuerdos logrados en los planes y programas de acción emanados de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, y de la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, así como en los foros y conferencias regionales e internacionales que les sucedieron (Ipas, 2002; Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004; Women's Health Journal, 1999; 2003; Gómez, 2000; y 2003; Kulczycki, 2003; Scavone, 1999). Su continua presencia en la prensa y en las diversas instancias públicas, a través de campañas y numerosas publicaciones, y su constante participación en foros y seminarios regionales y nacionales ha sido ampliamente constatada.

Es relevante agregar que muchos de estos grupos se han dado a la tarea, entre muchas otras, de publicar materiales cuya finalidad es colaborar en las actividades, generalmente de gestión y defensa, en el tema de aborto. La idea es que no todas las organizaciones de la sociedad civil deban responderse las mismas preguntas o aprender las cosas desde cero. Así, por ejemplo, hay materiales tales como Incrementando el acceso al aborto seguro: estrategias para la acción, de la International Women’s Health Coalition (Germain y Kim, 1999), cuyo objetivo es mostrar las distintas alternativas para lograr aumentar el acceso a abortos seguros ahí donde la legislación contiene al menos una excepción a la prohibición, incluyendo las recomendaciones y los acuerdos sustentados en las Conferencias y otros instrumentos internacionales. Da ejemplos de estrategias utilizadas en otros países y ofrece una colección selecta de incisos de conferencias o tratados que pueden ayudar a asentar la necesidad de contar con servicios de aborto seguro.

Por otro lado, también existen múltiples recuentos de cómo se han presentado y discutido iniciativas de ley de aborto o incluso materiales cuya finalidad es presentar el estado de la legislación en el tema (Center for Reproductive Rights, 2003; Faúndes y Barzelatto, 2005; Rocha, 2005). Estas son fuentes útiles, que aportan al movimiento miradas a estrategias y situaciones concretas.

La Iglesia Católica: protagonistas diferentes

La jerarquía de la Iglesia y los grupos conservadores

En la mayoría de los países de América Latina y en algunos de El Caribe, la Iglesia Católica tiene una presencia importante a través de millones de adeptos, además de que en varios de estos países prevalece un clima político sumamente conservador que, en materia de sexualidad y reproducción, se caracteriza por un profundo arraigo de la moral y enseñanzas de la Iglesia Católica. Esta última ha mantenido y buscado incrementar su influencia sobre la sociedad. Para el logro de sus fines en varios países de la región, la Iglesia oficialista ha fomentado la creación de una red de organizaciones "laicas" que ha logrado posicionarse como una fuerza importante en el panorama político, lo que ha redundado en el apoyo que ha recibido, sea de manera implícita o explicita, de algunos de los gobiernos y figuras políticas de la región y de otras instancias fuera de ella (Kulczycki, 2003; Htun, 2003). Su fuerte influencia ha llevado a algunos gobiernos a redefinir sus intervenciones en el campo de la salud reproductiva, como ha sido el caso de Argentina durante el gobierno de Ménem, en Perú con Fujimori y Toledo. También es la situación de México, donde el actual partido en el poder (Partido Acción Nacional), que representa las posturas más conservadoras, ha favorecido la mayor participación de la jerarquía de la Iglesia Católica y el activismo de este tipo de organizaciones, algunas de las cuales, como Provida, han recibido importante financiamiento por parte del gobierno federal (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004; Kulczycki, 2003; $; Bianco, 2002; Borland, 2002).

Más aún, su poder ha quedado claramente documentado en la medida en que la Iglesia ha logrado frenar y en algunos casos revertir iniciativas legislativas tendientes a la despenalización o legalización del aborto inducido. Por ello la jerarquía de la Iglesia, junto con sus grupos ultra-conservadores, como el "Opus Dei" o "Provida", que se autodefinen como asociaciones laicas, pero están claramente ligadas al pensamiento más atávico de la jerarquía de la Iglesia, son los principales exponentes de la postura antiaborto. Provida ha sido uno de los actores más reconocidos, visibles y constantes en el debate sobre el aborto, de ahí que haya sido descrita como "la fuerza civil armada de la Iglesia Católica" (p. 369) (Kulczycki, 2003) por el fuerte apoyo que recibe de esta institución, además del que proviene de otros grupos conservadores. Su presencia es amplia en la región, ya que al menos se encuentra en 15 países de la misma. Su activismo y la defensa de sus argumentos se manifiesta en múltiples arenas; no sólo se ha limitado a los espacios gubernamentales de toma de decisiones sobre políticas relacionadas con la sexualidad y la reproducción, a las organizaciones de profesionales de la salud, a las conferencias internacionales, a intentar restringir los apoyos financieros para la acción e investigación, sino que también ha comprendido el acoso y actos violentos de que son objeto las clínicas de aborto en diversos países de la región (Htun, 2003).

No obstante lo anterior, las evidencias resultantes de diversas encuestas levantadas en la región acerca de la opinión de los y las católicas sobre los temas de sexualidad, anticoncepción y aborto (ver más adelante) y, sobre todo, la elevada práctica del uso de métodos anticonceptivos modernos y la ocurrencia de abortos voluntarios, muestran claramente lo paradójico de la situación ante el incumplimiento de las normas católicas por parte de la gran mayoría de la población que profesa esta religión.

Una expresión de disidencia dentro de la Iglesia Católica

Cabe subrayar y destacar la presencia de otro actor, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que ha sido muy importante y activo en la región, a pesar de que no cuenta con los recursos ni el poder político de la jerarquía de la Iglesia Católica. Su postura con respecto a las enseñanzas y normatividades religiosas en materia de sexualidad, reproducción y aborto es distinta a la sostenida por la Iglesia Católica, y muestra que en estos temas no existe una posición hegemónica dentro de la Iglesia, sino una diversidad de posturas (Mejía, 1996; Güereca Torres, 2003). CDD es un movimiento de mujeres católicas, comprometidas con la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en las sociedades contemporáneas, orientado a promover los derechos de las mujeres, así como a mejorar las condiciones de equidad en las relaciones de género y a pugnar por la ciudadanía de las mujeres en la sociedad y al interior de las Iglesias.

Desde sus inicios, CDD se ha articulado con otras redes regionales tales como la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y El Caribe (RSMLAC), el Comité para América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), y la Campaña 28 de septiembre para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ha tenido, además, un papel muy activo en el debate nacional, regional e internacional en torno al aborto y en cuestiones relativas a la reproducción, sexualidad, y salud de las mujeres; en las conferencias internacionales enfrentó, con argumentos teológicos bien fundamentados, las posiciones del Vaticano. Su presencia en el debate público nacional de los diversos países latinoamericanos en que trabaja comprende diversas actividades, entre las que destaca una publicación periódica, Conciencia latinoamericana, en la que se difunden principalmente reflexiones ético-religiosas, así como múltiples temas relacionados con el ámbito sexual y reproductivo de las mujeres. Además esta organización participa en la creación de espacios de discusión de los temas antes señalados (Mejía, 2003; Rosado Núnes y Soares Jurkewicz, 1999). Es notable que tanto CDD como su contraparte, Catholics for a Free Choice, cuentan con una amplísima variedad de publicaciones, en varios idiomas, que cubren temas como la exposición de sus posturas ante diversas cuestiones, lineamientos para desarrollar actividades de gestión y defensa, análisis de la actuación de la Iglesia Católica en diversos ámbitos (Kissling, 2001), entre otros.

Organismos internacionales y regionales

Uno de los principales organismos internacionales que ha promovido, propiciado e intervenido en este debate, otorgando información y un medio para modificar posturas a nivel internacional, principalmente a partir de instancias como la Conferencia Mundial de Población celebrada en El Cairo en 1994, es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En estas Conferencias, como en las reuniones nacionales y regionales preparatorias a éstas, no sólo se ha evidenciado la confrontación de diversas posiciones, sino que, sobre todo, se ha logrado llegar a acuerdos que han culminado con la asunción de compromisos por parte de los gobiernos mediante los programas de acción emanados de estas conferencias, cuyos aportes en el campo de la sexualidad y la reproducción habían sido inéditos. Dichas instancias ofrecieron un marco conceptual y operativo centrado en el derecho a la decisión libre y responsable sobre el número y espaciamiento de los hijos (pero sin considerar el derecho al aborto), en la obligación de los gobiernos de poner a disposición de la población la información, educación y demás medios para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en las Conferencias, así como en promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su salud y sus derechos, en la incorporación del varón, así como un enfoque integral en torno a la salud reproductiva (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004).

Los acuerdos suscritos con respecto al aborto en el Programa de Acción de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo) de 1994 estipulan que en ningún caso el aborto debe promoverse como método de planificación familiar, y que la ocurrencia del mismo en condiciones inadecuadas es un importante problema de salud pública y de salud de la mujer (Naciones Unidas, 1995) (§ 8.25 y 8,26). Las recomendaciones emanadas del mismo se orientan a instar a los gobiernos y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a incrementar su compromiso para atender los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones inadecuadas y a reducir el recurso al aborto mediante el mayor acceso a servicios de planificación familiar y mejor calidad de los mismos. Se advierte muy claramente que la atención de los abortos o de las complicaciones derivadas de los mismos en los servicios de salud, debe otorgarse de conformidad con la legislación de cada país. La CIPD+5 reitera dichos consensos al urgir a los gobiernos, a través de los sistemas de salud, a que capaciten y equipen a los prestadores de los servicios de salud y a que tomen otras medidas para salvaguardar la salud de las mujeres y asegurar que el aborto se realice en condiciones adecuadas y sea accesible en los casos permitidos por la ley (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004).

Por su parte, la Plataforma de Acción de Beijing, además de refrendar los acuerdos anteriores, enfatiza las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, entre clases sociales y grupos étnicos, reconociendo que en el caso del aborto en situaciones inseguras son las mujeres más pobres y jóvenes las que están expuestas a mayores riesgos (Naciones Unidas, 1996). Los compromisos de los gobiernos en los ámbitos de la salud reproductiva en general, y del aborto en particular, emanados de dichas conferencias internacionales, se han convertido en elementos importantes que forman parte del debate público y que sustentan las acciones del movimiento feminista, ya que en la mayoría de los países en desarrollo estos compromisos no se han traducido en acciones gubernamentales.

Es interesante notar la sinergia entre otras instancias internacionales, tales como los diversos comités a cargo del seguimiento de los compromisos nacionales ante los pactos y convenciones de las Naciones Unidas –cuyo carácter es vinculante, a diferencia del de las conferencias- y el movimiento de mujeres. Muchos comités reciben documentación de la sociedad civil organizada y en ocasiones incluso se reúnen con personas que la representan y que asisten a las reuniones de revisión de la situación que prevalece en los diferentes países. Con base en esta información y en la presentada por los estados, los comités emiten recomendaciones a los gobiernos de los países, mismas que pueden e incluso suelen incluir los puntos puestos de relieve por la sociedad civil. Un ejemplo de uso exitoso de estas recomendaciones se ve en la reciente modificación de la legislación de aborto en Colombia el 11 de mayo del 2006. Mónica Roa, la abogada que presentó el recurso de inconstitucionalidad de la legislación colombiana de aborto ante la Corte Constitucional, echó mano tanto de observaciones de organismos de seguimiento a los derechos humanos de las Naciones Unidas que mencionaron que las leyes colombianas violan el derecho fundamental de las mujeres a la vida y a la salud, así como de pronunciamientos anteriores, sobre otros casos, de la Corte Constitucional, en el sentido de que el derecho internacional tiene preeminencia sobre el nacional (The Economist, 2005).

Es importante reconocer que, aunque las instancias ligadas a las Naciones Unidas suelen distanciarse del debate mismo en torno al aborto, su preocupación por los derechos humanos expresados en pactos, convenciones, conferencias, etc., sí constituyen posicionamientos, por lo general favorables, que las personas que abogan por el derecho al aborto seguro pueden, como vimos, utilizar en aras de avanzar su agenda. El peso de esta organización multilateral obliga a los gobiernos parte a dar seguimiento a sus recomendaciones, al menos en cierto nivel, ya que se reconoce la dificultad para que estos acuerdos se trasladen a la práctica, no sólo al nivel de los ordenamientos jurídicos, sino al de la realidad concreta.

Entre otros organismos y agencias internacionales y regionales, diferentes de las organizaciones de las Naciones Unidas, que han jugado un papel importante en el debate sobre aborto en la región, están la Organización Mundial de la Salud, el Population Council, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, entre otros. A través de sus propias investigaciones, de la realización de eventos académicos y del apoyo otorgado a la academia y a las organizaciones no gubernamentales, estas instancias han promovido y apoyado el análisis de aspectos relevantes del aborto y de sus implicaciones para la población, así como la difusión de los mismos. Algunas instituciones dedicadas estrictamente a la investigación, con énfasis en la investigación para la acción, también han publicado materiales de gran importancia como insumos para el debate en torno al aborto. Un ejemplo invaluable es el Instituto Alan Guttmacher, cuyas publicaciones suelen volverse hitos para las colegas del movimiento por los derechos reproductivos. Estos insumos en general han sido muy importantes para sustentar las actividades de gestión y de debate que realizan las organizaciones no gubernamentales (Kulczycki, 2003).

El Estado y sus instancias ejecutiva, legislativa y judicial. Los partidos políticos

El Estado a través de sus diversas instancias constituye uno de los agentes más importantes ya que, además de ser el interlocutor de las distintas fuerzas políticas, es la instancia sobre la que hay que ejercer influencia para modificar el estatuto legal del aborto, así como para realizar otras intervenciones en el ámbito de la prestación de servicios de salud, de la jurisprudencia, de la educación e información relacionadas con el aborto. El Estado es el ámbito depositario de los recursos materiales y políticos necesarios para implementar las acciones y soluciones en la cuestión del aborto, y por ello la voluntad política, en especial del aparato ejecutivo, resulta un factor crucial. Sin embargo, en algunos países como México, y a diferencia de las posturas con respecto al crecimiento de la población y a la planificación familiar, el Estado ha jugado un papel controversial en el debate en torno al aborto. Para Kulczycki (2003), en México, "el Estado aún no ha concebido su propio discurso sobre el asunto. El Estado ha mediado entre los actores comprometidos… Sin embargo, su creciente inhabilidad para neutralizar de inmediato el conflicto muestra su reducido control en relación con el curso del debate" (pp. 366-367). En el marco de los compromisos adoptados por los gobiernos a raíz de las Conferencias de Población de la última década, en muchos de los países de la región, el Estado ha reconocido que el aborto es un problema de salud pública, sin embargo ha hecho muy poco para garantizar el acceso legal y seguro a este procedimiento en las instituciones públicas de salud en los casos en que está permitido por la legislación. Por otra parte, si bien es cierto que en la práctica el delito de aborto no se persigue ni se aplican las sanciones previstas en las leyes de cada país, también lo es que "una serie de obstáculos políticos bloquean de manera notable la reforma legal sobre el aborto; entre éstos destacan el uso de la cuestión del aborto para otros fines" (p. 385-386) (Kulczycki, 2003).

El debate sobre los cambios legislativos ha sido y continúa siendo un tema importante en las discusiones políticas de los Congresos. Este se ha intensificado en las dos últimas décadas en algunos países, sobre todo en aquéllos donde las legislaciones son más restrictivas, en donde existen movimientos feministas de mayor trayectoria y más organizados, y en aquellos que han alcanzado condiciones más democráticas (Rocha, 1996; Casanova Guedes, 2000; Nunes et Delph, 1995; Rayas y Catotti, 20004; Rayas et al., 2004). Sin embargo, la consideración de la cuestión del aborto en las agendas y propuestas de los partidos políticos sigue siendo demasiado controvertida y con insuficiente ganancia política (Kulczycki, 2003). En este círculo, los partidos políticos, así como las instancias ejecutivas, no escapan a la influencia directa o indirecta de los grupos sociales y políticos extraparlamentarios, en particular de la Iglesia Católica y los grupos conservadores y, a pesar de los esfuerzos y gestiones de los grupos feministas y del consenso internacional y compromisos asumidos por los gobiernos, son pocos los partidos políticos y los ámbitos ejecutivos que consideran que deben reformar las leyes. Su actuación en esta problemática ha estado marcada por el uso político y con fines electorales, respondiendo así a intereses partidistas (Latin American Weekly Report, 1991; Lamas y Bissell, 2000; Lerner y Salas, 2003; Ortiz Lemus, 1992; Ortiz Ortega, 2001). No obstante, como muestra Htun (2003) al analizar la situación en Argentina, Chile y Brasil, hay diferencias importantes entre estos países en el clima político e ideológico y en la participación de estos distintos actores sobre la cuestión del aborto, situación extensiva al resto de los países de la región. Sin duda, Brasil ha sido uno de los países en donde la influencia de las fuerzas progresistas ha logrado no sólo mantener un intenso y continuo debate público en las instancias gubernamentales y entre otros actores, sino también ha logrado la expansión de las circunstancias sanitarias bajo las cuales se permite y realiza el aborto.

En otros países de la región, como en Perú, prevalece, pese a transformaciones a favor de la democracia, un enquistamiento de fuerzas identificadas como fundamentalistas, que sistemáticamente han desmontado los avances que había en el país en materia de salud sexual y reproductiva (Chávez, 2003).

Como parte de las implicaciones de la intervención del Estado en el debate, no podemos dejar de lado la postura y las políticas restrictivas del gobierno de los Estados Unidos en la última década, negándose a reafirmar los compromisos adquiridos a partir de las conferencias internacionales. Su influencia no sólo ha incidido en frenar y revertir los logros en el área de la salud y los derechos reproductivos, reestableciendo la “Ley Mordaza”, que prohíbe a las organizaciones que reciben fondos de ese país tocar el tema del aborto, sino también ha tenido consecuencias devastadoras en las actividades de las asociaciones feministas y en algunos programas de salud reproductiva sean de gobiernos o privados. La oposición a la agenda de salud la reproductiva también ha adquirido mayor visibilidad por la elección de presidentes conservadores en varios países de la región, por la presencia en puestos directos dentro del gobierno de representantes de grupos de ultraderecha, como por ejemplo en el caso de México y Nicaragua, y en general por la creciente influencia de las fuerzas conservadoras (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004).

Los profesionales de la salud

Las instituciones y los profesionales de la salud han sido actores controvertidos en este debate en el que, sin embargo, ocupan una posición única pues activamente o por omisión, ellos median las decisiones reproductivas de sus pacientes tanto como la política en materia de población y de salud reproductiva (Gogna et al, 2002). Si bien jugaron un rol activo en diversos países de la región para apoyar la planificación familiar en sus inicios (Mundigo, 1996), han sido en su mayoría mucho más pasivos y conservadores para asumir y defender una postura en torno al aborto. Como gremio, los profesionales de la salud en la región están lejos de tener una postura única frente a la despenalización y legalización de la práctica del aborto inducido. Si bien la mayoría de estos profesionales reconoce que se trata de un problema de salud pública, ello ha sido insuficiente para que ganen visibilidad y fuerza como actores en el debate. La literatura da cuenta de un papel intermitente, reservado y relativamente aislado en el debate, en el que la mayoría de los médicos que han ocupado y ocupan posiciones de poder no han contribuido a generar cambios importantes en la práctica y atención del aborto, por motivos que van desde convicciones propias respecto a cuestiones como la sexualidad, la salud reproductiva y la maternidad; temores a sanciones legales o morales o bien por la estigmatización de que pueden ser objeto si opinan al respecto, hasta obtener ventajas económicas al practicarlo de manera ilegal (Elú, 1992; Gogna et al., 2002; McNaughton et al., 2002; González de León-Aguirre, 1994).

En algunos países, la comunidad médica recién ha iniciado una movilización más organizada para abordar el problema del aborto que se realiza en condiciones de riesgo, destacando como parte de sus argumentos centrales que la práctica del aborto inducido en condiciones de riesgo es uno de los principales factores que contribuyen a las altas tasas de mortalidad y morbilidad de las mujeres, y en particular de la morbimortalidad materna (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004). Sobresalen en este sentido el personal médico de Uruguay y de Brasil. Los primeros fueron fundamentales al crear su grupo Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, y lanzarse a hacer una investigación que atendiera las razones de un aumento del 47% en la tasa de mortalidad materna en el 2001. El resultado fue, además de la publicación de un libro que describe las consecuencias del aborto inseguro, la redacción de normas pre y post aborto con el fin de abordar el aumento de abortos practicados en condiciones de riesgo como factor relacionado con la mortalidad materna (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004). Por su parte, en Brasil, el sector médico se ha mostrado sensible y activo en temas de salud y derechos reproductivos de las mujeres. La Federación Brasileña de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FEBRASGO) ha ejercido una importante influencia de cara a la opinión pública en temas relacionados con el aborto legal, así como ante similares asociaciones de médicos en la región (Rayas y Catotti, 2004; Rayas et al., 2004). Su producción de materiales respecto a aborto es singular, comparada con la de otros países de la región.

Los profesionales de la salud incluyen no sólo a médicos y médicas, sino también otros profesionales, tales como enfermeros/as, parteras, estudiantes de medicina, farmacéuticos y también el sector informal (vendedores de plantas, curanderos/as, etc.) que fungen como proveedores. Los farmacéuticos juegan un papel muy importante en algunos países, a través de la venta de productos abortivos o que son considerados para tales fines (Pick de Weiss,1999).

La academia/los investigadores

Son bien conocidas las dificultades y limitaciones que existen en los países de América Latina y El Caribe, así como en países de otras regiones, para contar con información precisa sobre la magnitud del aborto, sus características y sus consecuencias. La contribución de los investigadores, tanto de las ciencias médicas, como en especial de las ciencias sociales, ha sido crucial para arrojar luz en aspectos teóricos, metodológicos, sociales, culturales, legales, filosóficos, políticos y éticos del estudio del aborto. La literatura sobre el tema muestra los aportes realizados por estos actores en la medición de la incidencia del aborto; en el desarrollo de metodologías y técnicas innovadoras para obtener mejores estimaciones; en el conocimiento de las características y motivos de las mujeres que recurren al aborto; en las consecuencias asociadas al mismo, en especial como resultado de las condiciones de alto riesgo en que se practica el aborto; en la relación entre el aborto y la anticoncepción; y en la eficacia y efectos de los distintos métodos abortivos. Desde una perspectiva más amplia, también han abordado temas tales como el papel de las inequidades sociales, de género y el rol del varón y de otros actores en las decisiones reproductivas y frente al aborto; las circunstancias del acceso a servicios de calidad en la atención hospitalaria del aborto y postaborto; y los problemas sociales, psicológicos y legales que se derivan de las condiciones en que se practica el aborto. Además, han propuesto agendas de investigación y han hecho recomendaciones para el diseño e implementación de las intervenciones en este campo. Es en estos aspectos donde los investigadores han jugado un papel fundamental en el debate, proveyendo los resultados de sus investigaciones y sus diversos puntos de vista que permiten, a su vez, una discusión cada vez más amplia, científicamente fundamentada y objetiva. Testimonio de la participación de estos actores es la amplia base de referencias bibliográficas que se presenta en esta publicación.

Los estudiosos del tema del aborto en la región han estado históricamente vinculados a otros actores, como son los grupos feministas y los organismos internacionales, en un trabajo conjunto que ha permitido a unos y otros ganar visibilidad en la presentación de los argumentos a favor de la despenalización/legalización del aborto y sus implicaciones. Sin embargo, como señalan acertadamente LLovet y Ramos (2001), las dimensiones políticas y públicas del aborto no han sido una línea de investigación prioritaria ni sistemática en la región, situación que en parte obedece a la casi total ausencia de la ciencia política entre los diversos investigadores y disciplinas que realizan investigación en el campo de la reproducción. Cabe agregar el papel, aún reducido, de los especialistas en derecho y abogados, encargados de la elaboración de leyes y de la impartición de justicia, cuya contribución en el análisis y reflexión sobre el derecho a la vida a partir de una concepción de la dignidad humana y de los derechos de los individuos es sumamente necesaria y prioritaria (Rosas Ballinas, 1998; Ugaz, 2000).

Los medios de comunicación

Los medios masivos de comunicación han jugado un papel importante como ámbito del debate público reciente. Como transmisores de las diversas opiniones en torno al tema han logrado otorgar visibilidad a los actores y a las diversas posturas tanto a favor de la liberalización de las leyes y despenalización del aborto, como a los intentos para reformarlas y hacerlas más restrictivas a fin de sancionar la práctica del aborto en toda circunstancia. Han sido relevantes, por ejemplo, en la difusión de determinadas discusiones desatadas por hechos particulares en torno al aborto, como el caso de Paulina en México, el de Rosa en Nicaragua, o bien las tentativas de reducir las causales bajo las cuales se permite el aborto en el estado de Guanajuato, o de ampliarlas en el estado de Chiapas en México (www.gire.org.mx; López Vigil, 2003).

Por su parte, los análisis que han sistematizado el debate público en la prensa nacional de diversos países ilustran la pluralidad y riqueza de la polémica, de los argumentos, las réplicas y contrarréplicas por parte de distintos actores (GIRE, 1997; Castillo, 2001; Tarrés Barraza, 1993; Tarrés, 1995; Yam et al., 2005). La expresión del debate en torno al aborto en los medios es relevante, ya que, como señala Monsivaes, esta es una manera en que el debate público [se vuelve] un instrumento político fundamental para el tratamiento y para las intervenciones en problemas sociales y políticos, ya que en él se reconocen puentes de entendimiento además del papel central que tiene en la formación de la ciudadanía (GIRE, 2001).

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