Ugaz, J.

Los aportes del derecho penal y la despenalización del aborto nbsp;- nbsp;[Contributions of criminal law and the decriminalization of abortion]
Ugaz, J. - 2000 - Mortalidad Materna y Aborto Inseguro: Enfrentando la Realidad, Mesa Redonda, 14 Octubre de 1999, Lima (Perú), Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán" (CMP), 31-43

Palabras claves : aborto inducido; anticoncepción de emergencia; crítica; educación en planificación familiar; jurisprudencia; legislación; legislación del aborto; planificación familiar
País : America del Sur; America Del Sur; América latina; Latina America; País en desarrollo; Perú; Sudamérica

Resumen : Las posturas relativas al aborto en el derecho penal varían desde el extremo de conceder a las mujeres el derecho absoluto para decidir si abortan hasta considerar el aborto como equivalente al asesinato. El código penal peruano, en la mayoría de las circunstancias, establece una pena máxima de dos años de cárcel para la mujer y el practicante. El código penal de 1991 estableció sentencias menos severas en casos de violación o defectos congénitos. El derecho penal generalmente se considera como el último recurso del estado después de que las intervenciones familiares, educacionales, psicológicas o religiosas no han logrado establecer el comportamiento deseado o desalentar el comportamiento no deseado. Sólo los intereses sociales de prioridad máxima de una sociedad deben ser protegidos con el derecho penal. En el caso del aborto, el código penal no se ha utilizado como último recurso. La criminalización es la primera y la única manera de erradicar el aborto. Pero dado que se aprobaron leyes para castigar el aborto en el Perú, el número de abortos ha aumentado sistemáticamente junto con el tamaño de la población. Los términos de encarcelamiento son considerablemente simbólicos, pero una serie de otras medidas además del estigma y la inconveniencia de un cargo penal también constituyen sanciones. El aborto no es un método recomendable de control de la población. Sin embargo, en principio el derecho penal no contribuye nada a la solución del problema. El aborto debe descriminalizarse, pero eso no quiere decir que el estado deba promoverlo. Considerar el aborto como un delito genera una serie de costos indirectos graves. El principio de igualdad se viola cuando las mujeres que tienen recursos pueden obtener servicios de aborto sin riesgo médico, legales o ilegales, mientras que las mujeres pobres no pueden hacerlo. El argumento más convincente para la descriminalización del aborto es el grado considerable en que esta práctica en condiciones de riesgo contribuye a la mortalidad materna.

Notes : Español/espagnol/Spanish, nbsp;Abstract : Popline (http://db.jhuccp.org/popinform/basic.html) - PIP 159733