La dimensión del aborto: niveles y tendencias
¿Cuáles son los indicadores utilizados para la medición?
Los principales indicadores empleados convencionalmente para medir los niveles y tendencias del aborto son los siguientes:
- Tasa de abortos: es el numero de abortos por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva
- Razón de abortos: se refiere al número de abortos con respecto al número de nacidos vivos o al número de embarazos. El número de abortos por cada 100 embarazos, excluyendo los espontáneos, se puede interpretar como la probabilidad de que una mujer opte por un aborto si estuviera embarazada, relación que no necesariamente sigue el mismo patrón que la tasa de aborto. Por ejemplo, la razón de aborto puede aumentar mientras que la tasa de aborto permanece estable, o disminuye si el nivel total de embarazos desciende
- Índice de incidencia: es la proporción de mujeres que han tenido por lo menos un aborto
- Índice sintético de abortos: comprende el número total de abortos que tiene una mujer en el curso de su vida.
Las estimaciones del aborto en América Latina y el Caribe en el contexto mundial
De acuerdo con la OMS, se estima que la incidencia del aborto inducido en el mundo durante el año 2000 ascendió a 46 millones de embarazos que terminaron siendo interrumpidos (World Health Organization, 2004). Tales cifras se basan en diversas fuentes de información, principalmente en registros hospitalarios que son ajustados y corregidos, así como en la revisión de datos provenientes de encuestas a hogares y a proveedores de servicios, y en ocasiones considerando la opinión de expertos de cada país. Del total de abortos que considera dicha organización, cerca de 27 millones ocurrieron de manera legal y 19 millones tuvieron lugar fuera del sistema legal y por tanto se considera mucho más probable que hayan sido de alto riesgo (abortos inseguros).
La gran mayoría de estos abortos inseguros ocurren en países en desarrollo donde prevalecen las mayores restricciones legales para acceder a un aborto. En este sentido, se señala que el acceso al aborto voluntario en condiciones de seguridad es más fácil en los países industrializados, donde el 86% de la población vive bajo una legislación más liberal. Por el contrario, en los países en desarrollo, excluyendo a China, sólo el 39% se encuentra en esta condición, y un 44% reside donde el aborto es totalmente ilegal o sólo se permite bajo algunas condiciones, por lo general muy restrictivas, como, por ejemplo, salvar la vida de la mujer (Deidre, 1999).
Como se observa en el Cuadro 1, la brecha entre países desarrollados y en desarrollo es muy amplia: la tasa de abortos inseguros alrededor del año 2000 fue de 2 por cada mil mujeres de 15 a 44 años para los primeros y llegó a ser ocho veces mayor para los segundos. Por su parte, la razón de abortos fue de 1 aborto por cada 25 nacidos vivos y de 1 por cada casi 7 nacidos vivos, respectivamente. En América Latina y el Caribe, la relación es de un aborto por cada 3 nacidos vivos. Para Asia y África ésta fue de un aborto por cada 7 nacidos vivos. Estimaciones realizadas para los primeros años de la década de los 90 muestran, como se observa en el mismo cuadro, que el número total de abortos a nivel mundial se ha mantenido casi estable. Aunque la diferencia entre los dos periodos señalados es de cerca un millón, ésta no debe verse como una tendencia precisa, dado la relativa imprecisión e incertidumbre de los datos provistos por las fuentes y derivados de las estimaciones. Singh y Ratnam (1998), además de la OMS (WHO, 1993), también señalan que, de acuerdo con estimaciones a nivel mundial, hubo un aborto por cada 10 embarazos y un aborto por cada siete nacidos vivos, tanto al inicio como a finales de la década de los 90.
En América Latina y el Caribe se estima que en esa misma década ocurrieron cerca de 4 millones de abortos inseguros e ilegales anualmente (4.6 millones a principios y 3.7 millones a finales de esa década). Más aún, se estima que entre una de cada 20 mujeres y una de cada 40 mujeres han tenido un aborto cada año durante este periodo (AGI, 1994). En esta región se observa la más alta tasa y razón de abortos inseguros, siendo la primera de 29 abortos por cada mil mujeres de 15 a 44 años de edad, y la segunda de casi un aborto por cada tres nacidos vivos alrededor del año 2000. Asimismo, cualquiera que sean los periodos considerados, tanto a principios de la década de los noventa como a finales de la misma década, América Latina también es la región del mundo con las más altas tasas de aborto inseguro (también del ilegal): entre 41 y 29 abortos por mil mujeres, cifra entre dos y casi tres veces mayores a las del promedio mundial, que es de aproximadamente de 15 abortos por mil mujeres y de entre cinco y ocho veces mayor en comparación con los países desarrollados.
Como se muestra en este cuadro, en América Latina y el Caribe, región donde se ha observado el mayor descenso de los niveles de fecundidad en las últimas décadas, la razón de abortos alrededor del año 2000 varía de 15 abortos por cada 100 nacidos en el Caribe a más del doble en Sudamérica (39 abortos por cada 100 nacidos), que es, a su vez, la subregión con los menores niveles de fecundidad, además de tener un uso de métodos anticonceptivos modernos muy extendido. Del mismo modo, la subregión tiene la razón más alta de abortos en el mundo. América Central, por su parte, ocupa un lugar intermedio, con 20 abortos por cada 100 nacidos vivos, y es la tercera subregión con la proporción mayor de abortos.
En América Latina y El Caribe, el índice sintético del aborto es de 0.8 abortos por mujer, en comparación con África y Asia, que es de 0.7 y 0.6 respectivamente (Shah y Ahman, 2004). El primero de estos tres índices es particularmente elevado, considerando que la tasa global de fecundidad en la región es de alrededor de 2 hijos por mujer.
La diversidad de estimaciones del aborto al interior de la región
En un contexto legal restrictivo, de acceso limitado al aborto y de una práctica clandestina intensa, como es el caso de la mayoría de los países de la región latinoamericana y del Caribe, es difícil o casi imposible tener una visión precisa de la incidencia de tal práctica en cada una de esas naciones. Existen algunas estimaciones que varían según las diversas fuentes y métodos de recolección de información y de análisis. Pero son pocos los países de la región que tienen datos sobre el tema obtenidos con distintos métodos que puedan compararse entre sí, y que, por lo mismo, sean confiables y suficientes para analizar la evolución del aborto en el tiempo.
La comparación entre las diferentes fuentes de información es frecuentemente difícil, ya que la población de referencia considerada no es la misma en todos los casos. Los datos obtenidos en registros hospitalarios son utilizados para estimar el número de «abortos riesgosos» y en algunas ocasiones, mediante la aplicación de un factor de corrección, para estimar el nivel de abortos a nivel nacional. Por su parte, los datos publicados de encuestas proporcionan estimaciones sobre tasas y razones de aborto, que, sin embargo, suelen carecer de precisión, además de que no se explican con claridad aspectos relacionados con la información presentada (el universo que cubre, la fecha del estudio, el nivel de confiabilidad de los datos, etcétera). Sus resultados deben considerarse como una hipótesis de base sobre la prevalencia del fenómeno y, por tanto, sólo como una aproximación al mismo (Faúndes, 2005).
De la revisión bibliográfica que se presenta aquí, se encontraron pocas referencias de los diversos países de la región que incluyen estimaciones sobre el aborto, ya sea utilizando métodos y fuentes directas e indirectas o secundarias: se trata a menudo de estudios en contextos sociales específicos que no permiten conocer las tendencias de la práctica en el tiempo, ni a nivel nacional. En muchos de estos estudios se citan las mismas fuentes, lo cual evidencia y confirma la escasez de investigaciones al respecto. Como se muestra en el Cuadro 2, para algunos países no se dispone de información, en cambio en otros se proporcionan diversas estimaciones. Esto demuestra la falta de certidumbre de las estimaciones acerca de la intensidad de este fenómeno en la región. Su variabilidad, así como la diversidad de cifras estimadas, incluso para periodos similares, obedece a los problemas inherentes a las fuentes de los datos consultados y a la metodología utilizada en las estimaciones.
Por lo anterior, es importante advertir y reiterar que el panorama que se obtiene de las diversas fuentes nos permite tener únicamente una aproximación a la práctica del aborto en distintos países y al interior de algunos de ellos.
Aunque en América Latina la información relacionada con el aborto no es lo suficientemente precisa, las evidencias presentadas sí permiten constatar que se trata de un fenómeno de gran magnitud en la región. Este escenario debe servir para alertar y concientizar a los distintos sectores de la población acerca de las consecuencias del aborto inducido y, en especial, a los responsables del diseño e implementación de políticas y programas tendientes a mejorar las condiciones de salud y de vida de las mujeres. Asimismo, debe servir para promover y realizar investigaciones con rigor científico, y de preferencia con metodologías similares, que nos permitan contar con estimaciones más confiables acerca de la ocurrencia de este fenómeno en los diversos países de la región.
Al analizar la información disponible en dichos países (Cuadro 2), un primer contraste se observa entre Cuba, donde el aborto a petición de la mujer es legal y lo realizan médicos entrenados en hospitales, y otros países con distinto grado de restricciones legales y con una práctica generalmente clandestina. En 1990 se reportaron en la república caribeña 54.5 abortos por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva, o aproximadamente 44 abortos por cada 100 embarazos (Bernstein y Rosenfield, 1998). De acuerdo con Álvarez Vásquez (1994), las cifras oficiales de 1974 a 1985 muestran una variación de entre 40 y 50 abortos por mil mujeres en edad fértil. A partir de esa última fecha, se observa un descenso ligero pero sostenido, siendo que en 1990 la relación de aborto llegó a ser de 8 casos por cada 10 nacidos vivos. La tasa de abortos para 1993 fue de 26.6 por mil mujeres. Sin embargo, en tales casos no se contabilizan los abortos practicados mediante la regulación menstrual, que se estima alcanzan por lo menos el 50% del total de estos procedimientos. En otro estudio se señala que en Cuba ocurren más de 140 000 interrupciones de embarazos anualmente, siendo esta cifra de 186 658 en 1990, con una relación de 8 abortos por cada 10 nacidos vivos (igual que en el estudio antes mencionado) y una tasa de abortos de 59.4 por mil mujeres en edad reproductiva. Dicha estimación incluye las regulaciones menstruales (Álvarez et al., 1999). Otras estimaciones para 1996 dan cifras muy superiores, con una tasa de 78‰ y una razón que asciende a 58.6 abortos por cada 100 embarazos, siendo de 2.3 el número promedio de abortos que experimenta una mujer durante su vida reproductiva. En este país, la tasa de aborto estimada incluye tanto la regulación menstrual, que para algunos autores representa el 60% de las interrupciones tempranas realizadas sin prueba de embarazo, como la terminación de embarazos probados (Henshaw et al., 1999). Según Álvarez, en 2004 la tasa de aborto fue de 20.9 por cada 1 000 mujeres de 12 a 49 años de edad y de 34.4 abortos por cada 100 embarazos: las diferencias entre estas estimaciones y las mencionadas más arriba plantean problemas ya que no siempre se incluye la regulación menstrual (Álvarez, 2005).
En cambio, Puerto Rico, que también cuenta con una legislación no restrictiva y con sistemas de información bastante confiables, presenta una tasa de aborto considerablemente más baja: 22.7para el periodo 1991-1992.En ambos casos se trata de Estados con bajos niveles de fecundidad, pero con diferencias importantes en el uso de anticonceptivos modernos, y, sobre todo, en la calidad de los servicios de planificación familiar. Mientras en Cuba la gama de métodos anticonceptivos es limitada, el DIU es de baja calidad y la disponibilidad de tal clase de productos es en general irregular, Puerto Rico cuenta con una elevada prevalencia de uso de anticonceptivos modernos y un acceso mayoritario de la población a servicios de salud de calidad (Henshaw et al., 1999).
En las Antillas Francesas donde el aborto es legal la tasa por cada mil mujeres de 15 a 49 años en 1997 fue de 49 ‰ en Guadalupe, 26 ‰ en Martinica y de 27 ‰ en Guyana Francesa; además Guadalupe se caracteriza por la mayor frecuencia de tasas de repetición de estos abortos (43% en este país, 25% en Martinica y de 37% en Guyana Francesa) (Le Corre y Thomson, 2000). Entre 1995 y 1999, el aumento del número de abortos fue de 4% en Guadalupe, 17% en Martinica y 13% en Guyana Francesa (Boudan, 2000). En 2003, la tasa para mujeres de 15 a 49 años se estimó en 41.5 ‰ en Guadalupe, 22.9 ‰ en Martinica y en 37.1 ‰ en Guyana Francesa (Vilain, 2005).
Para los otros países de América Latina, que tienen legislaciones que van desde ser totalmente restrictivas hasta permitir el aborto bajo ciertas condiciones, se estima que durante la década de los 90, según los registros hospitalarios y mediciones del Instituto Alan Guttmacher (IAG) (1994), unos 2.8 millones de abortos inducidos tenían lugar cada año en seis países de la región –Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y República Dominicana–, (ver Cuadro 2). Extrapolando esta cifra para toda la región y, dado que la población de estos países representa el 70% del total de América Latina, se llega a un total de 4 millones de abortos inducidos anualmente en esta región. De acuerdo con Henshaw et al. (1999), para esos años, la proporción de abortos por cada 100 embarazos oscilaba de un mínimo del 17%, para México, a un máximo de 30%, para Brasil y Perú, y 35% para Chile. De acuerdo con otro estudio, en el año 2000 Perú tuvo una mayor razón de abortos, con 54 casos por cada 100 nacidos vivos (Ferrando, 2002).
Las estimaciones de Henshaw et al. (1999) sugieren que se registran casi tres abortos por cada 10 embarazos en cuatro países: Brasil, Colombia, Perú y República Dominicana. Para Chile, las estimaciones son un poco más altas, de 3.5 abortos por cada 10 embarazos y muchísimo menores para México, donde hay menos de dos abortos por cada 10 nacidos vivos. Son las mujeres peruanas las que tienen mayor riesgo de provocarse un aborto, 56 de las 1 000 mujeres que tienen de 15 a 49 años de edad, seguidas por las mujeres de Chile (50) y de República Dominicana (47). Las estimaciones para las mujeres brasileñas, colombianas y mexicanas son bastante similares ente sí, pero mas bajas que las anteriores (30, 26 y 25, respectivamente). Sin embargo, también son indicativas de un nivel bastante elevado. Para el conjunto de estos países se estima un promedio de 1.2 abortos por mujer durante toda su vida fértil.
Por otra parte, como se verá a continuación, encuestas, registros u otras evidencias empíricas de otros estudios muestran diversas estimaciones sobre la incidencia del aborto en algunos países.
Con base en registros de hospitales y considerando que sólo uno de cada 7 abortos es atendido en éstos –el IAG emplea el mismo criterio–, en un estudio realizado en Perú se estimó que en 1994 hubo 271 150 abortos y 351 813 en 2001. También se estimó que la razón de abortos por cada 100 nacidos vivos, para cada unos de tales años, fue de 43 y 54, respectivamente (Ferrando, 2002). En México, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estimó que hubo 220 mil abortos al año durante el periodo 1990-1992 (Lerner y Salas, 2003), mientras que en el de 1995 a 1997 se registraron 196 mil. Del mismo modo, indica dicho organismo, la tasa global de aborto se redujo de 1.2, en 1976, a 0.1, en 1997. Tal descenso coincidió con el rápido incremento en el uso de anticonceptivos. Sin embargo, añade CONAPO, la proporción de mujeres alguna vez embarazadas que ha experimentado al menos un aborto se mantuvo casi constante entre 1992 y 1997 en el ámbito nacional (de 19.6% a 19% respectivamente) (CONAPO, 2000). La baja tasa de aborto estimada, en comparación con otros países de la región con similares niveles de desarrollo se explica, en gran parte, por el impacto favorable que ha tenido la política de planificación familiar en México. No obstante, también se reconoce la posible subestimación de los niveles de aborto inducido en este país (Ojeda et al., 2003). Los datos oficiales de México contrastan con los del IAG, de acuerdo con el cual, durante los 90 ocurrían 533 100 abortos en esa nación (Alan Guttmacher Institute, 1994).
Aunque República Dominicana y Colombia se encuentran en una situación intermedia en relación con los demás países latinoamericanos, en ellos la práctica del aborto tiene una magnitud considerable. En el primero de ellos, para finales de 1980 el número de abortos anuales se estimó en 65 000, lo que representa casi una interrupción del embarazo por cada tres nacimientos. Para principios de l990 se estima que el número de abortos anuales aumentó a 82 500 (Paiewonsky, 1999; Alan Gutmacher Institute, 1994). Se estima que en 1992 16 500 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones de aborto en el país isleño (Ferdinand, 2000). Otros autores reportan que en Colombia, el aborto hospitalario parece mantenerse estable en los últimos años, mientras que el aborto extrahospitalario aumenta (Prada, 1994, citado en Zamudio y Rubiano, 1994).
Chile, donde el aborto es considerado ilegal en todas las circunstancias, se encuentra entre los países de la región con uno de los niveles más altos de aborto, cuya tasa oscila entre 45 y 50 por cada mil mujeres y es de un poco más de tres abortos por cada 10 embarazos. Tal condición ha prevalecido en las tres últimas décadas (Henshaw et al., 1999).
En una síntesis sobre la práctica del aborto inseguro en América Latina, Paxman et al. (1993), destacan la antigüedad de la práctica del aborto y su fuerte incidencia, a pesar de su ilegalidad. Entre 1940 y finales de los años 80, la tasa de aborto en Chile varió de 32 a 77 casos por cada mil mujeres en edad fértil. Después de alcanzar los niveles más altos en los años 60 (77‰), esta tasa disminuyó a consecuencia de los cambios sociales y de un mayor acceso a la planificación familiar. Como se señala en otro estudio: “la situación chilena respecto a la fecundidad es paradójica: el aborto inducido es prohibido, la prevalencia anticonceptiva es alta y los métodos modernos están disponibles y accesibles. No obstante, se presume que el número de abortos inducidos es alto, y es similar a la incidencia de embarazos no planeados o no deseados” (p. 194) (Den Draak, 1998, citado por Bay et al., 2004). Para otros autores (Women’s Health Journal, 1999; y 2003), la alta tasa de abortos en Chile indica que la legislación sobre aborto vigente se contrapone a la opinión pública de este país, donde un alto porcentaje de varones y mujeres apoyan el derecho de la población femenina a decidir sobre su reproducción. Este hecho también sugiere que la legislación del país al respecto no responde a las necesidades y demandas de salud de las mujeres. Como se reitera en la literatura sobre el tema, la prohibición legal para obtener un aborto, así como las sanciones morales que imponen la Iglesia católica y otros cultos, no son restricciones que impidan dicha práctica.
En Ecuador, donde existe poca información sobre el aborto, Fassin y Delafosse (1992) hicieron un estudio a partir de las estadísticas hospitalarias. De acuerdo con la investigación, en 1998 las razones de aborto fueron de entre 11 y 12 por cada 100 embarazos que tuvieron lugar en distintas regiones, pero estos datos no distinguen los abortos espontáneos de los inducidos. En otro artículo se destaca que el número de abortos es desconocido. Se estima, sin embargo, que si se produjera un aborto por cada dos nacidos vivos, el número de abortos al año sería de alrededor de 135 000 (Voluntad, 1993). Según la Encuesta Demográfica y de Salud de 1994, citada por Remez (1996), un 8% de las mujeres tuvieron un aborto inducido o espontáneo, siendo que las pertenecientes a un nivel socioeconómico más alto declararon un mayor número de abortos provocados que espontáneos (17% contra 8%).
Dewart estima que para finales de los años 80 hubo en Guatemala una razón de entre 4 y 18 abortos por cada 100 embarazos (Dewart, 1992). De acuerdo con Singh (2005), en 2003 ocurrieron 55 000 abortos inducidos en este país, lo que representa una tasa de 20 abortos por cada 1 000 mujeres y una razón de abortos de 12 por cada 100 embarazos. En Haití, donde la información existente es escasa y poca confiable, varios autores consideran que el aborto es ampliamente practicado; sin embargo, los datos de “la DHS (encuesta demográfica y de salud) de 1994-95 no corroboran este supuesto al encontrar que sólo el 6% de mujeres en Puerto Príncipe y el 3.5% de otras áreas urbanas habían tenido alguna experiencia de abortos desde el inicio de su actividad sexual” (p. 194) (Bay et al., 2004).
En Nicaragua se advierte que de una población femenina de más de dos millones, de la cual casi una cuarta parte se encuentra en edad reproductiva, más de 14 700 mujeres se hospitalizaban cada año para el tratamiento de abortos incompletos entre 1992 y 1996 (Blandón et al., 1998). Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 1998, 6 000 mujeres tuvieron un aborto de riesgo y la mitad eran adolescentes (McNaughton, 2002). Rayas y Cattoti (2004) indican que durante el periodo 1995-2000 hubo 191,466 abortos en este país.
Se estima que para el año 2000 ocurrían en Uruguay unos 33 000 abortos clandestinos anuales, lo que representa una razón de aborto de 38.5 por cada 100 embarazos, es decir que de cada 10 concepciones, 4 terminaban en abortos (Sanseviero, 2003). Sin embargo, para Sanseviero esta cifra no se puede considerar subestimada, a pesar de que parece muy por debajo de algunas estimaciones realizadas con anterioridad que oscilan entre 50 000 y 300 000 abortos: “estas últimas cifras parecen excesivas para una población de más de 3 millones de habitantes por el país”.
En Argentina, diversos autores señalan que el aborto es un fenómeno de sobra extendido, consideran que no hay realmente datos veraces al respecto, pero, de acuerdo con algunos expertos, se estima entre 335 000 y 500 000 el número de abortos practicados cada año (Checa, 1996; Gogna et al., 2002).
En Guyana, usando los registros médicos de 7 clínicas de planificación familiar de Georgetown correspondientes a 1992, cerca de la mitad de las mujeres declararon haber tenido al menos un aborto y una cuarta parte más de uno. La razón de aborto fue de 41 abortos por cada 100 nacidos vivos, sin embargo, los médicos suponen que dicha cifra podría ser del doble o casi de 1 a 1 (Nunes y Delph, 1995).
La variabilidad e intensidad de las estimaciones del aborto en el interior de los países
Investigaciones basadas en encuestas y en registros médicos, sean nacionales o aplicadas en determinados contextos locales o grupos de la población, proporcionan datos relevantes acerca de la intensidad y variabilidad de patrones de la práctica del aborto en el interior de ciertos países. Esto refleja, sin duda, la heterogeneidad de condiciones que prevalecen en distintas áreas geográficas y sociales.
En Colombia, Zamudio et al. (1999) llevaron a cabo en 1992 una encuesta en las áreas urbanas de más de 100 000 habitantes donde se concentra el 73% de la población. Sus resultados muestran que casi una cuarta parte del total de las mujeres entrevistadas entre 15 y 55 años habían tenido por lo menos una experiencia de aborto inducido, y en las mujeres alguna vez embarazadas la proporción de abortos fue de 12.4 por cada 100 embarazos. En 1992, la tasa de abortos para todas las mujeres que pertenecen a estos contextos fue de 25 por cada mil. Las diferencias en cuanto a la incidencia de aborto entre las distintas regiones consideradas en dicho estudio variaron del 18% al 30% para el total de mujeres que declararon haber tenido una experiencia de aborto; siendo esta variación de entre el 19 y casi del doble (37%) para las que habían tenido al menos un embarazo, con una razón de 7 a 15 abortos por cada 100 embarazos. Según los autores, tales diferencias se deben a las distintas edades de iniciación sexual, a la mayor o menor influencia de la Iglesia Católica en cada una de las áreas urbanas y, obviamente, a la diferente disposición de las mujeres para declarar este tipo de eventos en su vida. Los resultados de las tasas específicas de aborto por edades o generación muestran que la proporción anual promedio de mujeres con experiencia de aborto se incrementó en siete veces entre los periodos 1952-1956 y 1988-1991. Tal aumento podría atribuirse a que los abortos recientes sean mejor reportados que los ocurridos en años anteriores.
En un estudio realizado en México (Núñez y Fernández, 2001), el autor proporciona los resultados de dos encuestas diseñadas con metodologías alternativas para estimar la incidencia del aborto inducido y captar las actitudes de la población al respecto. En la primera encuesta, levantada en 1989 en cuatro colonias de bajo nivel socioeconómico de la Ciudad de México, las mujeres en edad fértil declararon que del total de los primeros embarazos que terminaron en aborto, 17% fueron provocados; cifra que se eleva al 46% según la declaración de los hombres. En el caso de la segunda encuesta, realizada en 1991 en tres de las cuatro colonias donde se aplicó la encuesta anterior, y usando el procedimiento convencional de preguntar directamente a la mujer sobre la ocurrencia de abortos, se encontró que una de cada tres mujeres declararon haber tenido un aborto. En cambio, mediante un método distinto de acopio de información, en el cual la mujer marcaba ella misma la respuesta y la introducía en una caja sellada, o sea daba una respuesta confidencial, el número de abortos declarado aumentó en un 50%.
Ojeda et al. (2003) proporcionan información para las mujeres mexicanas o de origen mexicano que viven en la región transfronteriza de Tijuana, México y de San Diego, Estados Unidos, con información de dos fuentes. La “Encuesta sobre la condición social de la mujer y salud reproductiva en Tijuana B.C.” incluye las respuestas de 2,706 mujeres derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hospitalizadas por diversos motivos relacionados con el embarazo, durante la primavera y verano de 1993. Por otra parte, se utilizaron los registros hospitalarios de una clínica de San Diego. En la primera encuesta se encontró que el 7.4% de las mujeres recibieron atención médica por razones de aborto, y el 23% declararon haber tenido alguna vez por lo menos un embarazo. La mayoría de ellas (78%) tuvieron un solo aborto y el resto más de uno, sin distinguir entre espontáneo y voluntario. En cambio, de acuerdo con los registros hospitalarios de San Diego, y durante el mismo periodo de estudio que la encuesta anterior, el 69% de las mujeres mexicanas que recibieron atención relacionada con sus embarazos acudieron a practicarse un aborto. En la ciudad estadounidense se aplican leyes conforme a las cuales la interrupción del embarazo es un derecho constitucional. Por lo mismo, se garantiza que se practique en condiciones médicas seguras. Esto contrasta con lo que ocurre en México, donde, a pesar de que la legislación permite el aborto bajo ciertas condiciones, en la práctica el acceso a tal procedimiento es muy restringido por razones de tipo social, cultural, moral e incluso político. Lo anterior propicia la clandestinidad del aborto y que, por consiguiente, se practique en condiciones de alto riesgo para la salud.
De acuerdo con Álvarez et al. (1999), en la provincia cubana de La Habana existe la mayor razón de aborto en el país –53.3 por cada 100 nacidos vivos–, mientras que en otras provincias no pasa de 49.5. Los hallazgos de estos mismos autores, en una encuesta levantada en 1990 en una municipalidad de La Habana, indican que del total de mujeres entrevistadas de entre 13 y 34 años, el 9.7% tuvo un aborto en el año anterior a la encuesta y el 54% había interrumpido un embarazo alguna vez en su vida. Más de una tercera parte de los abortos habían sido realizados como parte del procedimiento de regulación menstrual.
Con base en datos de una encuesta realizada en tres comunidades marginales del norte de Santiago, Molina, et al. (1999), encontraron que, del total de mujeres entrevistadas en la capital chilena, 30% declararon haber tenido una experiencia de aborto en su vida; de éstas, el 72% lo reportaron como espontáneo, cifra de más del doble de la estimada en la literatura con respecto a las mujeres en edad fértil. La tasa de abortos por cada mil mujeres en las tres comunidades fue de 53.8, con anterioridad a dicho estudio, realizado durante el periodo 1987-1988, y de 28.1 con posterioridad a éste, en los años 1989 y 1990. La razón de aborto fue de 154.8 por cada cien embarazos, con una cifra muy similar después de la intervención, que también es reportada en un artículo de Paxman et al. (1993).
En una encuesta levantada en cuatro departamentos de Bolivia (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz,), donde se entrevistó a alrededor de 7 500 mujeres embarazadas, la prevalencia del aborto inducida fue escasa, de un 5.7%; siendo más fuerte en las zonas urbanas (7.2%) que en las rurales (1.3%) Esta prevalencia varió del 1% al 2% en Cochabamba y Chuquisaca, 5% en La Paz, y 10% en Santa Cruz (Tinajeros, 2005).
Con base en distintas fuentes, se estima que del total de 33 000 abortos anuales ocurridos durante el año 2000 en Uruguay, un poco menos de dos terceras partes correspondieron a mujeres del interior del país y el resto a las residentes de la capital, Montevideo. En las clínicas clandestinas de la ciudad se realizan 16 000 abortos al año, y en las del interior 11 000. Por medio de la información de los egresos hospitalarios del sector público, se estima que hubo otros 6 000 abortos (Sanseviero, 2003).
En un estudio emprendido en Brasil, Colombia y México se presentan estimaciones acerca de la tendencia del aborto de las distintas regiones de cada uno de estos países, correspondiente a tres periodos diferentes, que van de 1976 a 1991 (Cuadro 3). Los datos provienen de estimaciones indirectas basadas en registros hospitalarios y en los cuales el nivel de subregistro considerado en 1990 para cada una de estas naciones –en el orden antes mencionado– fue de 15% , 17% y 20%, respectivamente, aunque fue mucho más alto para los años anteriores (Singh y Sedgh, 1997). A nivel nacional, la tasa de aborto estimada para el primer período 1976-1980 fue de 22 por cada mil mujeres en edad reproductiva en Brasil y México, y de 31 por cada mil en Colombia. Los autores consideran que estas tasas son moderadas, en comparación con las de otros países del mundo. Pero debe tenerse presente que se trata de casos de aborto ilegal, y posiblemente con mayores niveles de subdeclaración para la primera etapa. A mediados de la década de los 80, las tasas habían aumentado poco en esos tres países. Desde tal década y hasta principios de 1990, la tasa de aborto continuó aumentando sólo en Brasil (39 por mil). En México y Colombia, las evidencias llevan a los autores a suponer una tendencia de estabilización en las tasas durante los tres períodos considerados.
Al interior de cada país también varían los patrones relacionados con el aborto. En Brasil, por ejemplo, la tasa de abortos aumentó por encima del promedio nacional en las regiones del norte y noroeste, caracterizadas por tener mayores niveles de pobreza. Aunque también aumentó la tasa en Río de Janeiro, no cambió significativamente en Sao Paulo. En el sur, la región más desarrollada y con un mayor porcentaje de población de origen europeo, se observa una disminución pequeña, pero estable, después de 1980. Para 1991 la tasa había descendido a un nivel inferior al del promedio nacional. En la región del Atlántico de Colombia se estabilizaron las tasas de aborto y sólo hubo ligeras variaciones. Pero en la región central y del este se presentó un marcado incremento a partir de la mitad de los 80. Las zonas del Pacífico y de Bogotá, por su parte, muestran una disminución progresiva a partir de la mitad de los 70. En el caso de México, el aumento en la tasa de aborto entre 1977 y 1987 fue resultado casi exclusivo del cambio de tendencias en las regiones del suroeste y del Distrito Federal (que incluye la zona metropolitana), siendo las únicas que experimentaron un fuerte incremento en el periodo. En las otras regiones del país, excepto el noreste, las tasas de aborto se mantuvieron razonablemente estables, con un nivel bajo-moderado durante los 80. Desde mediados de esa década hasta principios de los 90, el sureste y el Distrito Federal fueron las únicas regiones en las cuales la tasa de aborto disminuyó marcadamente; en cambio, en las otras regiones hubo pequeños incrementos. Según Singh y Sedgh (1997), este patrón sugiere que ciertas características, presentes en las zonas metropolitanas, pueden incidir en el fenómeno del aborto, como son la mayor educación de la mujer y la mejor calidad de los servicios de planificación familiar, lo cual contribuye a que haya un mayor uso de anticonceptivos. Sin embargo, en el caso de Brasil esta tendencia no es tan clara. Como suponen Ahman y Shah (2002), este hecho podría tener relación con la frecuente práctica de esterilización en el país. Lo anterior, se sugiere en dicho estudio, tendría como consecuencia que un mayor número mujeres recurrieran al aborto para espaciar su descendencia antes de limitar sus embarazos a través de la esterilización.
En cambio, como se muestra en el Cuadro 3, durante el periodo estudiado las razones de aborto aumentaron consistentemente en los tres países indicados. Brasil fue la nación donde hubo un mayor aumento en el último período. Esta tendencia hacia el aumento está posiblemente asociada a una disminución del número de nacidos vivos, combinado con un incremento o estabilidad de las tasas de aborto en muchas regiones de esos países. Mientras que desde mediados hasta finales de los 70 la razón de abortos en cada uno de los países señalados fue de 10 a 18 casos por cada 100 embarazos, a comienzos de los 90 aumentó de 18 a 31 abortos por cada 100 embarazos.
Cuando se examinan los resultados al interior de cada país, las razones de aborto se incrementaron en 5 de las 6 regiones consideradas de Brasil; en 3 de las 5 regiones de Colombia y en 4 de las 5 de México. En algunas regiones, donde las tasas de aborto empezaron a descender o se estabilizaron (el sur de Brasil; Bogotá y la zona Pacífico, en Colombia, y el suroeste y el Distrito Federal, en México), las razones de aborto también se volvieron más estables o disminuyeron desde la década de los 80. Sin embargo, a principios de los 90, una proporción importante de embarazos en los tres países –casi una tercera parte en Brasil, una cuarta en Colombia y casi una quinta en México– terminaron en aborto inducidos.