¿Cuál es el perfil de las mujeres que abortan entre los países de la región?
La amplia y compleja gama de factores que intervienen en la práctica del aborto dificulta dibujar y describir los perfiles sociodemográficos de las mujeres que incurren en tal práctica en los distintos países de América Latina y El Caribe. Las limitaciones de las diferentes fuentes y métodos de recolección de información, ya señaladas en el capítulo anterior, deben ser consideradas al abordar las características de las mujeres que recurren al aborto.
Los estudios sobre el perfil de dichas mujeres se analizan generalmente a partir de los resultados de las encuestas realizadas para el conjunto de la población o para subgrupos de la misma, así como a través de los registros hospitalarios o entrevistas a quienes reciben atención médica por complicaciones de aborto. La información con que se cuenta es muy dispar y en el caso de las encuestas proviene, generalmente, de estudios efectuados en poblaciones o contextos específicos, en ciertas regiones, ciudades o zonas, predominantemente urbanas, por lo que dejan de lado a una buena parte de la población. Las evidencias empíricas que provienen de instituciones públicas de salud a las que acuden las mujeres por complicaciones de aborto se refieren, principalmente, a personas de bajos recursos económicos, que son las que se atienden en dichos hospitales, a los cuales con frecuencia no tienen acceso las más jóvenes o solteras. Las mujeres de recursos económicos medios y altos acuden a nosocomios privados, por lo que resulta más difícil obtener información sobre ellas, pues en dichas instituciones tienden a registrarse con menor frecuencia los abortos. A su vez, las diferencias en los indicadores utilizados y en el criterio de clasificar los datos recabados dificultan la comparación de las características de las mujeres entre distintos países.
En general, se observa que prevalece un cierto reduccionismo de los indicadores utilizados en las encuestas con información sobre el perfil de las mujeres que abortan y, en particular, de los motivos que subyacen en la decisión de interrumpir un embarazo. Ello obedece, en gran medida, a la tradición de los estudios en el campo de la demografía, consistente en privilegiar ciertos rasgos sociodemográficos clásicos para caracterizar el comportamiento de las mujeres, como es el caso de las investigaciones sobre fecundidad. También es resultado de las limitaciones inherentes a dicho instrumental para captar información sobre actitudes, motivos, percepciones, normatividades y significados de la ocurrencia del aborto.
Finalmente, son aún muy escasos los estudios que indagan acerca de otras características de las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo, tales como su número de hijos, la existencia de antecedentes de aborto, sus experiencias sexuales y anticonceptivas, al igual que el proceso de negociación con su pareja. Todos ellos son elementos importantes para comprender mejor el tema. Del mismo modo, se desconocen con frecuencia factores que inciden en la práctica del aborto, entre otros: las condiciones de acceso restringido tanto para realizar un aborto de acuerdo con la situación legal del mismo en el país, como para la utilización de métodos de planificación familiar, las sanciones morales y religiosas por embarazos fuera del matrimonio. A esto se añaden las dificultades económicas y las barreras culturales que pueda enfrentar una mujer con la necesidad de abortar. Por todo lo anterior, es necesario conocer, como parte del perfil de las mujeres y sobre todo del proceso de decisión, los diversos motivos que las llevan a recurrir a esta práctica, los cuales no son estáticos, sino suelen cambiar en un lapso de tiempo reducido ante la ocurrencia del embarazo. También deben tomarse en cuenta las percepciones, valoraciones y actitudes de las mujeres u otros actores y de quienes forman parte de redes sociales que influyen e intervienen en este proceso.
Una práctica de mayor recurrencia en ciertas edades
Con base en la revisión de 300 estudios publicados de 1985 a 2002, Shah y Ahman (2004) analizaron el perfil de las mujeres que han recurrido al aborto, de acuerdo con su edad (Cuadro 1). Encontraron que de los 3.7 millones de abortos inseguros que se estima hubo durante el año 2000 en América Latina y el Caribe, la mayor proporción correspondió a mujeres de 20 a 24 años (29%), la cual descendió a medida que aumentaba la edad. La tasa de aborto fue de 43 por cada mil mujeres de 20 a 24 años y de 41‰ de las que tenían de 25 a 29 años; disminuyó en 28 por cada mil en las mujeres de 30 a 34 años, fue de 21 por cada mil de las de 35 a 39 años y solamente fue de 14‰ para el grupo de mujeres de 40 a 44 años. Para las adolescentes y jóvenes menores de 20 años, la tasa de aborto se situó en 20 por cada mil mujeres. Por el contrario, la razón de aborto por 100 nacidos vivos, que en esta región es la más elevada del mundo, fue de alrededor de 30% en las mujeres de 15 a 34 años (varió del 28% al 31%), de 41% para las que tenían de 35 a 39 años, y llegó ser de cerca del doble para quienes tenían de 40 a 44 años. El aumento de esta razón a partir de los 35 años refleja la baja fecundidad a estas edades, resultado, en gran parte, de la recurrencia a la esterilización. Para estos autores, el aborto en la región desempeña un papel importante en la regulación de la fecundidad, en tanto representa un medio para espaciar los nacimientos al principio de la vida fértil, así como para limitar la descendencia en etapas posteriores.
De la misma manera, según (Bankole et al., 1999), los resultados de su estudio -basado en estadísticas gubernamentales (Cuba, 1990), encuestas (Guyana, 1996) o registros de hospitalización (Brasil 1992-93, Chile 1989, Colombia 1990, Republica Dominicana 1991, México 1991, Perú 1990) en principio de los años 1990 (Cuadro 2)- en los países de la región mencionados, revelan que las mujeres latinoamericanas mayores de 40 años representan la proporción más baja de quienes tienen abortos inducidos (10% del total), mientras que las adolescentes y las jóvenes presentan los porcentajes más altos en casi todos los países, tanto en el grupo de menos de 20 como de 20 a 24. También para estos autores, las diferencias se explican por la práctica frecuente de la esterilización como método de planificación familiar.
De acuerdo con esta misma fuente, para el inicio de la década de los 90, Cuba fue el país con la mayor proporción de abortos en estos dos grupos de edad, a los cuales correspondió una tercera parte del total de mujeres que abortan. En segundo lugar estuvo Brasil, donde la proporción fue de 23% y 36% para cada uno de tales rangos de edad. En cambio México, Perú, Chile y Guyana parecen tener una práctica menos frecuente entre las adolescentes (fue de 9% a 11% para los menores de 20 años), que aumentó en el grupo de 20 a 24 años (con cifras del 25% al 30%). Colombia y República Dominicana tuvieron proporciones similares en este último grupo de edad y su posición fue intermedia con respecto al grupo más joven de mujeres que abortaban (17% para las menores de 20 años) (Cuadro 2).
Se estima que la tasa de aborto en Cuba durante la década de los 90 fue más alta para las jóvenes: 90 por cada mil mujeres de menos de 20 años, y de 87.9‰ para las de 20 a 24 años. La tasa disminuyó de manera drástica para llegar a ser de 54.4‰ para las mujeres de 25 a 29 años, de 33.2‰ para quienes tenían de 30 a 34 años y fue sólo de la mitad para el grupo de 35 a 39 años (15.6‰) (Bankole et al., 1999). En un municipio de La Habana se hizo una investigación con resultados similares con mujeres de 13-34 años (Álvarez et al., 1999). De acuerdo con el estudio, entre las mujeres menores de 20 años la tasa de aborto representó casi el doble que en las mujeres de 20 a 24 años. En el primero de tales grupos, hubo dos abortos por cada nacido vivo en el año anterior al levantamiento de la encuesta. Esta tendencia se confirma en otro estudio que realizó Álvarez (2005), también en este país, durante 2004. De acuerdo con la autora, el predominio de los abortos en las adolescentes obedece a que el riesgo de embarazo no siempre es contemplado por ellas, además de estar vinculado a las condiciones de dominación masculina que caracterizan a las parejas del país isleño. Esta situación también refleja la intensa actividad sexual entre las adolescentes, entre las cuales hay una baja prevalencia de métodos anticonceptivos, cuyo acceso es bastante limitado, debido, sobre todo, a la insuficiente calidad de la oferta de los mismos en las instituciones de salud cubanas.
En otros partes del Caribe se observa una tendencia parecida. Es el caso de las Antillas Francesas donde el aborto, como en el caso de Cuba, se autoriza a petición de la mujer. En las jóvenes de Guadalupe se constató que en 1995 hubo una práctica frecuente del aborto en las jóvenes: 42% de los embarazos de las mujeres de 12 a 17 años y de 18 a 19 terminaron en aborto. En Martinica, los porcentajes fueron de 57% y 44% para cada uno de tales rangos de edad. Por el contrario, en Guyana Francesa éstos fueron de 20% y 22%. El aborto es también frecuente al final de la vida fértil de las mujeres del Caribe y regiones cercanas, debido, principalmente, a la escasa utilización de anticonceptivos durante dicha etapa. De los embarazos de mujeres de 45 años o más, 54% terminaron en aborto en Guadalupe, 56% en Martinica y solamente 47% en Guayana Francesa (Boudan, 2000). En Guadalupe, durante 2003, seis de cada diez mujeres menores de 20 años habían interrumpido un embarazo, 46% de las de 20 a 24 años, una de cada tres de las de 25 a 34 años. Entre las mujeres de mayor edad, 41% lo habían hecho (Claire, 2003).
De la misma manera, una encuesta realizada en 22 ciudades de Colombia durante 1992 mostró que si bien la posibilidad de tener un aborto es considerable en todos los grupos de edad, son las mujeres menores de 25 años quienes recurrieron en con mayor frecuencia a esta práctica, sobre todo las de 15 a 19 años. De acuerdo con dicho estudio, "una joven de menos de 20 años embarazada tiene doble de riesgo (de abortar) que una mujer mayor de 45 años" (p.23). Un poco menos de la mitad (45%) de las jóvenes consultadas de ese rango de edad habían tenido una experiencia de aborto, frente a una tercera parte entre las de 20 a 24 años. En el caso de las mujeres de 45 a 49 años, aunque su práctica descendió a una cuarta parte, esta proporción seguía siendo elevada (25%) (Zamudio et al., 1999).
En el estudio de Ojeda en 1992-93 (Ojeda, 2004; Ojeda et al., 2003), realizado con 815 mexicanas de la región fronteriza Tijuana/San Diego que cruzan al lado norteamericano a practicarse un aborto en condiciones seguras, se encontró que la mayoría de estas mujeres tienen entre 20 y 29 años y algunas utilizan el aborto para posponer el inicio de su trayectoria reproductiva. Las autoras dan cuenta de un comportamiento diferencial según ciertas características de las mujeres: la mayor parte de quienes abortaron eran mayores de 30 años que utilizaban el español para comunicarse en forma escrita (40.7%), seguido por el grupo de 25 a 29 (28%) y el de 20-24 años (26%). Las más jóvenes (14-19 años) representaron únicamente el 6%. Entre las que sabían escribir en inglés el porcentaje más alto se concentró entre las mujeres de 25 a 29 años (43%), y el de 20-24 años (28%). Los porcentajes más bajos se hallaron entre las adolescentes de 14 a 19 (12%) y entre las mayores de 30 años (17%). Por otra parte, en las no hispanas se observó un patrón similar al anterior: 7% de las que abortaron en este subgrupo tenían de 14 a 19 años, 28% de 20 a 24 años, 40% de 25 a 29 y 25% 30 años o más.
De la misma manera, en un estudio realizado durante el año 2000 en Uruguay, con información de una clínica clandestina, se encontró que la edad de las mujeres que ahí abortaban se concentró en el grupo de 20 a 24 años (27%), seguido del grupo de 25 a 29 años (23%) (Sanseviero, 2003). La misma tendencia se observa en el resto del país sudamericano: las tasas más altas de aborto coinciden con las edades de mayor fecundidad, de 20 a 29 años. La tasa de aborto en las mujeres de 20 a 24 años es de 71.3 por cada mil, o sea, una de cada 14 mujeres de ese rango de edad abortan. En cuanto a las más jóvenes, de 15 a 19 años, la tasa es de 63.4 por mil, o una de cada 30 interrumpe su embarazo (Sanseviero, 2003).
Estudios emprendidos con base en registros hospitalarios o encuestas realizadas en esos ámbitos también muestran los perfiles, por edad, de las mujeres que acceden a ellos. En un estudio que efectuó la Federación Latinoamericana de Obstetras y Ginecólogos durante 1990 en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, se encontró que más de la mitad de las pacientes atendidas por complicaciones de aborto en hospitales eran mayores de 20 años, con una edad promedio de 27 años. De éstas más de de la mitad se concentraron en las edades de 20 a 29 años (27% para las que tenían de 20 a 24 años y 26% de 25 a 29 años), mientras que 13.5% tenían menos de 20 años (Pardo y Uriza, 1991).
En la misma línea se hizo un estudio durante 1990 en Santiago, con mujeres atendidas por complicaciones de aborto en nueve hospitales de la capital chilena. Se encontró que una minoría (11%) de éstas eran jóvenes menores de 20 años. (Lavin citado en Alan Guttmacher Institute, 1996).
Los hallazgos de otro estudio con mujeres pobres de origen urbano que ingresaron por complicaciones de aborto a un hospital de la norteña ciudad brasileña de Fortaleza por complicaciones de aborto, muestran una tendencia diferente. Un poco más de una tercera parte de dichas mujeres (36%) tenían entre 20 y 24 años, casi una cuarta parte tenían de 25 a 29 años y otra proporción muy poco menor correspondía a menores de 19 años (24% y 23% respectivamente). Del mismo modo, casi una de cada 10 mujeres tenía entre 30 y 34 años (12%) y una proporción mucho menor se encontraba entre las de más de 35 años (6%) (Misago y Fonseca, 1999). En otra investigación llevada a cabo entre 1993 y 1994 con 620 mujeres admitidas por complicaciones de aborto en el hospital de la sureña ciudad de Florianópolis, también en Brasil; los autores señalan que la mayoría de las mujeres que interrumpieron su embarazo eran jóvenes (menos de 25 años), solteras y su escolaridad era la primaria (Fonseca et al., 1998).
En Perú se hizo un estudio semejante, con base en los datos recabados de mujeres que abortaron en dos hospitales de Lima (Barrig et al., 1993). Se halló que la mayor proporción de mujeres atendidas tenían de 20 a 39 años de edad: 25% de las egresadas del Instituto Materno Perinatal eran de 25 a 29 años, mientras que en el Hospital Rebagliati 28% tenían de 30 a 39 años. En ambos hospitales la proporción de jóvenes de 15 a 19 años atendidas por la misma causa fue baja: de 7% en el primer hospital y de 1% en el segundo. Los porcentajes de mujeres atendidas de 40 a 44 años fueron de 3% y 16%, respectivamente, en cada uno de éstos. También en un estudio que tuvo lugar en ese país durante el año 2000, Ferrando (2002) encontró que 62% de las mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto tenían menos de 30 años, 14% de las cuales eran menores de 20 años.
En Argentina, un estudio realizado con mujeres que recibieron servicios por complicaciones de aborto en 2004, señala que ellas tenían una edad promedio de 27 años: De las mujeres incluidas en el estudio 17% tenían de 10 a 19 años y 50% de 20 a 29 años (Romero et al., 2005).
Por otra parte, la Fundación Oriéntame, de Colombia, emprendió un estudio similar de 1990 a 1991 con 602 mujeres a las que atendió para interrumpir su embarazo. Las autoras del estudio señalan que la edad de dichas mujeres oscilaba entre los 16 y 48 años. Más de la mitad tenía de 20 a 29 años y la edad promedio fue de 27 años, igual que en el estudio mencionado anteriormente (Mora Téllez y Villarreal, 1993).
De la misma manera, en 1990 el doctor Armando Valle Gay realizó un estudio con base en los registros de 100 mujeres atendidas por complicaciones de aborto en el Hospital General de México. Del total de la muestra, 30% de las mujeres tenían de 21 a 25 años de edad, 26% de 15 a 20 años y 25% de 25 a 30 años (citado en GIRE, 2000). Otro estudio que se hizo en 119 hospitales de la Secretaría de Salud, de ese mismo país, arroja datos interesantes sobre quienes abortan. De acuerdo con la investigación, para la cual se consideraron más de 58 000 procedimientos de interrupción del embarazo realizados en dichos hospitales (la mayoría con la técnica de legrado y 7 000 mediante la aspiración manual endouterina), del 21 al 22% de las mujeres atendidas tenían menos de 20 años y del 64 al 65 %, de 20 a 34 años de edad (Quezada et al., 2005).
Por su parte, Paiewonsky (1999) encontró que cerca de la mitad de las 352 mujeres entrevistadas, que fueron atendidas por complicaciones de aborto en dos hospitales de Santo Domingo en 1992 tenían entre 20 y 29 años (16% para las de 20 a 24 años y 33% las de 25 a 29 años).
En un estudio realizado con mujeres víctimas de complicaciones de aborto en hospitales de 3 ciudades bolivianas en 1996 y 1997, las adolescentes atendidas representaron un 16% en La Paz en ambos fechas, y entre 16 y 30% en Santa Cruz y entre 12 y 30% en Sucre, en cada una de esas fechas (Díaz et al., 1999).
También destaca, por su envergadura el estudio realizado en otro país, cuyas leyes sobre aborto son muy restrictivas y donde tres clínicas del medio urbano ofrecen servicios de AMEU. La revisión de historias clínicas de más de 10 000 casos de mujeres que recibieron atención por aborto del año 2000 a 2002 reveló que más de la mitad de ellas tenían de 13 a 24 años (55%) y más de un tercio de 25 a 34 años (35%) (Aldrich et al., 2005).
Las evidencias anteriores, que constatan la importante proporción de mujeres adolescentes y jóvenes que requieren de ser hospitalizadas por complicaciones de aborto, particularmente en los países con legislaciones restrictivas, ilustran las mayores barreras que dichas mujeres enfrentan para acceder a procedimientos seguros de aborto (véase el capítulo 5 y 7).
Estado conyugal, paridad y aborto
Diversos estudios realizados en países de la región indican que las mujeres casadas son quienes más recurren al aborto. No obstante, deben de tomarse con reserva estos resultados. Por ejemplo, en el caso de los registros hospitalarios, las mujeres casadas y unidas o con relaciones estables son las que suelen tener un mayor y más fácil acceso a los servicios de salud, situación similar a la observada en el inicio de los programas de planificación familiar, y que aún subsiste en muchos países.
La información que se tiene al respecto varía de manera considerable entre los distintos países de América Latina y según la fuente de datos utilizados y el contexto del estudio. En el municipio 10 de Octubre de La Habana, Cuba, la proporción de las mujeres que abortaron fue mayor en las mujeres solteras y las unidas consensualmente (12% en cada caso), que en las casadas (8%) y en las divorciadas, separadas y viudas (9%). La relación entre aborto/nacidos vivos es mayor entre las mujeres solteras y unidas (14% a 6%, respectivamente) que entre las casadas y el resto de ellas (de 8% a 10%). Estos resultados muestran la relevancia de considerar el número de hijos nacidos vivos. Aquéllas que no vivían en pareja abortaron más que quienes tenían pareja (14% contra 8%) (Álvarez, 1994).
Los resultados de la encuesta realizada en áreas urbanas de Colombia, muestran que de las mujeres de 15 a 19 años entrevistadas 27% habían estado embarazadas al menos una vez, y también tenían el nivel más alto de abortos inducidos (45%), mientras que en la gran mayoría de mujeres de 35 a 39 años (94%) que ya habían tenido hijos, sólo 29% habían abortado. La distribución de abortos según el orden del embarazo indicó que en un poco menos de la mitad (43% de los casos) el aborto ocurrió durante el primer embarazo. Se observaron, asimismo, diferencias por regiones y por estrato socioeconómico (Zamudio et al., 1999). De acuerdo con este estudio, la relación entre el número de hijos y los abortos inducidos muestra que las mujeres con dos hijos tienen menos abortos (23%) en comparación con las que han parido seis hijos (41%); aunque los porcentajes disminuyen ligeramente entre las que tienen entre siete y diez o más (entre 34% y 39%). Este hecho, como señalan las autoras, probablemente obedece a que los abortos son menos comunes entre personas de mayor edad o a la mayor mortalidad infantil en generaciones anteriores.
En un estudio ya mencionado, efectuado por la Federación Latinoamericana de Obstetras y Ginecólogos en 1990 en hospitales de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, se encontró que la gran mayoría de las pacientes atendidas por complicaciones de aborto eran casadas (79%), la mitad tenían dos o más hijos y 70% no habían tenido otros abortos (Pardo y Uriza, 1991).
Una constatación similar se observó en el estudio realizado en nueve hospitales de Chile en 1990, con mujeres atendidas por complicaciones de aborto: la gran mayoría de dichas mujeres eran casadas o unidas consensualmente, tenían hijos y habían cursada 7 o más años de estudio (78%, 76% y 80% respectivamente) (Lavin citado en Alan Guttmacher Institute, 1996).
En Colombia según datos hospitalarios de 1990, casi tres cuartas partes de las mujeres que acudieron por complicaciones de aborto eran casadas y unidas consensualmente (72%), cifra que fue superior en el Perú (88%) (Bankole et al., 1999). Sin embargo, estos últimos autores muestran que en otros países de la región las solteras embarazadas son más proclives a optar por un procedimiento de aborto. Tal situación se observó en Brasil, donde el 53% de las mujeres que abortaron son solteras, 39% casadas o tenían una relación de pareja estable y el 9% restante eran separadas o divorciadas (Misago y Fonseca, 1994; 1999). Del conjunto de estas mujeres, 59% tenían entre uno y tres hijos, 8% más de cinco, 34% ninguno, y 22% de ellas habían tenido un antecedente de aborto (Misago y Fonseca, 1999).
En la República Dominicana, las entrevistas realizadas en mujeres atendidas por complicaciones de aborto en dos hospitales de Santo Domingo, revelaron que la mayoría de las mujeres mantenían relaciones de pareja estables: 66% en uniones consensuales, 13% en uniones legales, y 9% se declararon unidas pero viven solas y la mayoría del conjunto de ellas ya tenía hijos (Paiewonsky, 1999). En el estudio emprendido con mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto en tres ciudades de Bolivia, Díaz et al. (1999) señalan que la mayoría de estas mujeres (60-70%) eran casadas o mantenían uniones consensuales. Muestran, además, que los antecedentes de abortos fueron frecuentes entre ellas: en la ciudad de La Paz 47-48% de las mujeres tuvieron al menos un aborto, en Sucre 26% y en Santa Cruz 34% en 1996 y 46% en 1997. Del total de las mujeres, el 20% habían tenido dos o más hijos.
Al menos seis de cada diez mujeres que eligieron abortar han tenido un hijo o más en varios países de la región, aunque las magnitudes varían entre ellos. Por ejemplo, en Brasil la proporción fue de 66%, en Colombia aumentó a 71%, en Perú se estimó en 76% y en República Dominicana 92% (Bankole et al., 1999).
En Lima, Perú, los datos recabados del estudio mencionado anteriormente y que fue realizado en los hospitales Perinatal y Rebagliati (Barrig et al., 1993) revelaron que entre las mujeres atendidas, era predominante la unión conyugal (87% de ellas). También se hallaron diferencias en la edad promedio al nacimiento del primer hijo. En el segundo hospital, que atiende mayoritariamente a estratos medios, una cuarta parte de las mujeres tenía menos de 21 años al parir el primer hijo, mientras que en el primero, donde acuden estratos bajos, casi tres cuartas partes eran menores. Por otro lado, el 47% de las mujeres atendidas en el Rebagliati, y el 38% del Perinatal había tenido un aborto anterior. Del total de mujeres en ambos hospitales el 60% habían tenido un aborto y el 40%, dos o más. Por otra parte, Ferrando (2002) indica que en el caso de las mujeres limeñas hospitalizadas por complicaciones de aborto, menos de una tercera parte no tenían hijos (30%) y el doble de esta cifra declararon tener entre uno y cuatro (60%). La autora muestra que la mayoría de las mujeres tenían una pareja estable (83%), fuera en relaciones conyugales formales o en una unión libre o consensual (23% y 60% respectivamente).
Una investigación similar se llevó a cabo en una clínica clandestina de un país de América del Sur. Más de tres cuartas partes de mujeres que acudieron para practicarse un aborto eran casadas (78%), más de la mitad no tenían hijos (54%), 46% habían tenido embarazos previos y 13% habían tenido al menos un aborto anterior (Strickler et al., 2001).Una constatación diferente se encontró en el estudio de Aldrich et al. (2005) entre 2002 y 2004 que recibieron servicio de aborto médico en un país (no precisado) donde el aborto es ilegal y donde el 84% de las mujeres que abortaron eran solteras.
Estos resultados constatan que no hay un perfil claramente definido de las mujeres que recurren al aborto y que esta práctica afecta tanto a mujeres casadas como solteras, con o sin niños. Además, corroboran el papel del aborto tanto como procedimiento para espaciar como limitar la descendencia.
La escolaridad ¿factor determinante para abortar?
La escolaridad ha sido un factor de diferenciación importante en muchos estudios relacionados con el comportamiento reproductivo de las mujeres. Sin embargo, en el caso del aborto, no se observa una tendencia muy clara entre el nivel de estudios y la incidencia de tal práctica. Para algunos países, las evidencias muestran que las mujeres que más recurren al aborto son quienes tienen más altos grados de estudios; en otros se observa que el porcentaje se concentra entre las que sólo alcanzaron primaria o secundaria; y en algunos otros, se encuentran resultados que aparentemente parecen contradictorios, de acuerdo con los estudios realizados. Por ello, en las diversas situaciones que exponemos, como también sucede en los temas documentados en otros capítulos, se debe tomar en cuenta que las evidencias estadísticas dependen, entre otros factores, del ámbito socio-geográfico considerado, de las condiciones de acceso diferencial a las instituciones educativas y a los servicios de salud, y sobre todo de la metodología y fuentes de información utilizadas.
Los resultados de la investigación realizada en 4 países de Sudamérica -Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela- en 1990, con mujeres hospitalizadas por con complicaciones de aborto revelan que más de la mitad de las mujeres que acudieron a hospitales por complicaciones de aborto tenían la secundaria incompleta (56%). Poco menos de una tercera parte se encontraba entre las que tenían primaria incompleta (16%) y las que habían terminado este ciclo escolar (13%). El promedio de años de estudio para el conjunto de estos países fue de 6.95 años (Pardo y Uriza, 1991).
En el estudio ya mencionado que se llevó a cabo en un hospital de la ciudad brasileña de Fortaleza con 4 359 mujeres, se constata un patrón similar al observado anteriormente: un poco menos de la mitad de las mujeres que tuvieron un aborto habían alcanzado entre cinco y ocho años de escolaridad (46%). Un poco más de una quinta parte contaba con ocho años o más años de estudio (23%), una cifra algo superior a esta última correspondió a mujeres con muy bajo nivel escolar (28%) y sólo el 4.3% de ellas no había acudido a la escuela (Misago y Fonseca, 1999). En este contexto se trataba de mujeres pobres de áreas urbanas que recurrieron a hospitales públicos para ser atendidas por complicaciones de aborto.
Los resultados del estudio de Bankole et al. (1999) realizado durante 1990 que incluye a mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto, indican que en Colombia el mayor porcentaje mayor de las mujeres que eligieron abortar tenía estudios de secundaria (30%) siendo nada despreciable el de las mujeres que concluyeron una carrera universitaria o tenía niveles de educación más elevados (19%). El 28% sólo cursaron la primaria y el 23% de mujeres no tenía estudios (Bankole et al., 1999). En Perú se observó una tendencia similar a la Colombia, ya que un tercio de las que recurren al aborto eran universitarias (34%) seguidas de las que tenían primaria (27%) y estudios de secundaria (23%). De las mujeres sin escolaridad sólo 16% habían abortado (Bankole et al., 1999). En cambio, se observó una relación inversa en la República Dominicana, donde el mayor porcentaje de mujeres que abortan se concentró entre quienes tienen primaria (59%), en contraste con un 29% para las mujeres con secundaria, un 7% sin escolaridad, y sólo un 5% con estudios universitarios o superiores (Paiewonsky, 1999; Bankole et al., 1999).
En México, el ya mencionado estudio del doctor Armando Valle Gay realizado con 100 mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto, revela el bajo nivel de escolaridad de las mismas: 16% eran analfabetas, 44% de las mujeres no habían terminado la primaria, 28% tenían la primaria completa, y sólo 3% eran profesionistas (GIRE, 2003).
En la investigación, antes citada, realizada en un servicio urbano clandestino en el Cono Sur en 1995, se encontró que nueve de cada 10 mujeres habían cursado la secundaria, y un poco menos de una tercera parte estudiaban en el momento en que se hizo la investigación. (Strickler et al., 2001). Al comparar dicho estudio en 1995 con datos correspondientes a 1970 en ese mismo contexto, los autores concluyen que en la actualidad las mujeres que recurren al aborto son más jóvenes y mejor instruidas, que antes. Este cambio, en gran medida, obedece como se ha constatado en diversos estudios al mayor acceso y permanencia de las mujeres en el sistema escolar en los países de la región. En el estudio de Aldrich et al. (2005) en tres clínicas de un país donde el aborto es ilegal, las mujeres que interrumpieron su embarazo tenían un alto nivel educativo: más de la mitad contaban con un nivel universitario (56%), el 32% habían alcanzado el nivel secundario y un 11% tenían nivel técnico.
De acuerdo con la investigación realizada en Lima, ya mencionada, el mayor porcentaje de las mujeres que tienen estudios superiores acudió al Rebagliati, mientras que en el caso del Instituto Materno Perinatal, el porcentaje mayor correspondió a quienes tenían estudios secundarios. Del total de mujeres egresadas del primer centro hospitalario, 37% tenía estudios universitarios, 58% secundaria y el 5% primaria. En el segundo hospital, 1% alcanzó estudios superiores, 63% secundaria y 36% primaria (Barrig et al., 1993). Estas diferencias, como era de esperar, obedecen a las características de la población usuaria en cada una de estas instituciones, pues el Perinatal atiende a familias de escasos recursos, las usuarias del Rebagliati son empleadas que pagan de seguridad social 6% de su salario mensual, o sea, pertenecen a estratos socioeconómicos medios.
En el estudio antes escrito que tuvo lugar en el municipio 10 Octubre, de La Habana, las mujeres preuniversitarias tuvieron más de un aborto por cada nacido vivo. Entre las que tenían secundaria el número de abortos fue mayor (Álvarez, 1994).
Los resultados de la encuesta realizada en las áreas urbanas de Colombia constatan también una cierta mayor prevalencia del aborto en mujeres con altos niveles de instrucción. Del total de mujeres con universidad incompleta y con universidad completa o postgrado, 27% y 25 % respectivamente, habían optado por un aborto; frente al 29% que dejaron trunca la primaria. Los porcentajes disminuyeron entre las mujeres con secundaria completa o incompleta: 23% de todas las que terminaron la primaria, 21% de las que tenían secundaria incompleta, y el 18% de aquéllas con secundaria completa (Zamudio et al., 1999).
El mismo patrón se revela con más claridad en este país al observar la distribución de abortos que son inducidos por cada 100 embarazos. Se encuentra una práctica mayor entre las mujeres que tenían universidad incompleta (28%). Fue de 20% en quienes completaron la universidad y descendió de manera importante en aquellas mujeres con secundaria completa e incompleta (13 en cada caso). Las menores proporciones se encontraron entre las que sólo tenían primaria incompleta y completa (10 y 9% respectivamente) (Zamudio et al., 1999).
Actividad ocupacional y diferenciación por estratos socioeconómicos
Como señala acertadamente, GIRE (2003), las mujeres que recurren al aborto pertenecen a todos los niveles socioeconómicos y viven en todo tipo de lugares. “Abortan mujeres campesinas y mujeres que viven en las ciudades, mujeres de escasos recursos y mujeres con buenos ingresos, profesionistas y analfabetas, amas de casa y estudiantes, mujeres jóvenes y mujeres no tan jóvenes”. No obstante, la mayoría de las investigaciones dan cuenta de las situaciones en contextos urbanos y sobre todo en los estratos sociales más bajos.
En Colombia, Zamudio et al. (1999) identifican en su estudio tres tipos de ocupaciones en las mujeres entrevistadas residentes en contextos urbanos: amas de casa, estudiantes que trabajan y empleadas. De acuerdo con el número de embarazos que las mujeres han tenido, las primeras mostraron una menor experiencia de aborto, incrementándose el porcentaje en función del número de embarazos. De las mujeres que trabajan y estudian, 90% abortaron en su primer o segundo embarazo, mientras sólo lo hicieron el 40% de las empleadas. De las amas de casa, recurrieron a tal práctica en mayor medida (40% de los casos) después del sexto embarazo. El número de abortos inducidos por 100 embarazos fue de 49 entre las mujeres que estudian y trabajan, de 15.3 entre quienes sólo laboraban y 9% entre las amas de casa (Zamudio et al., 1999).
Por otra parte, los mismos autores ponen de manifiesto la diferenciación entre las mujeres que han recurrido al aborto en algún momento de su vida, de acuerdo con su pertenencia a seis estratos sociales (alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y bajo inferior). Los resultados del estudio que hicieron al respecto revelaron que en uno de los extremos de la escala social, el de mayor pobreza, había cierta mayor incidencia de aborto (27% de quienes pertenecían al estrato bajo inferior). En los estratos bajo y/o medio alto, 24% habían experimentado un aborto. Una menor recurrencia de tal práctica se encontró en las mujeres de nivel alto y medio: 17% en el nivel alto y 22%, tanto en el estrato medio como en el medio bajo. No obstante, si se observan los datos de abortos inducidos por cada 100 embarazos, los porcentajes ascienden con la escala social, con excepción del más alto. Estos fueron de 11 % en el nivel bajo inferior, 12% en el bajo y en el medio bajo, 15% en el medio, 17% en el medio alto y 9% en el alto. Tal situación sugiere que el tamaño de familia preferido y el control que ejercen las mujeres para alcanzarlo, se da a través del uso de métodos anticonceptivos o recurriendo al aborto. Pero la ocurrencia del aborto puede depender de otros factores, como son el estado conyugal y la estabilidad de la pareja. Como afirman los autores de este riguroso estudio: “la comparación entre el riesgo de embarazo y el riesgo de aborto es muy sugestiva. Mientras el riesgo de embarazo aumenta en la medida en que el estrato es más bajo, en razón de que la prevención es menor en esos estratos, el riesgo de aborto es menor en los mismos, porque un mayor número de embarazos termina en nacimientos” (p. 24). En cambio, el mayor uso de anticoncepción en los estratos medios y altos, expresa el menor grado de tolerancia al embarazo no deseado. Por tanto, es en ellos donde podría recurrirse con mayor frecuencia al aborto (Zamudio et. al., 1999).
En otra investigación realizada en Colombia, entre 1990 y 1991 con 621 mujeres de Bogotá que se practicaron un aborto, se observó que 90.5% de éstas provenían de la ciudad, el 8.3% vivía en un pueblo y el 1.2% en una zona rural. Del total de ellas, 31.2% de las mujeres habían tenido acceso a la educación superior y sólo el 2% eran analfabeta. Las mujeres con un nivel educativo más alto, tenían entre 20 y 29 años y el 48% de éstas se encontraba trabajando. Lo anterior, indican las autoras, evidencia que a mayor nivel educativo y mayores expectativas profesionales y laborales en ellas, era más incompatible la maternidad (Mora Téllez y Villarreal, 1993).
En Brasil, de acuerdo con el estudio de Misago y Fonseca (1999) el más alto porcentaje de mujeres que se practican un aborto (34%) eran amas de casa, 15.1% empleadas domésticas, y el resto, se repartió entre estudiantes, empleadas en el sector de servicios, costureras, agricultoras, comerciantes o desempleadas.
Del mismo modo, Barrig et al. (1993) observan en el estudio que hicieron en Perú, que 80% de las mujeres atendidas por aborto en el hospital Rebagliati eran trabajadoras, mientras que en el caso del Perinatal el porcentaje fue del 68%. En el primero ámbito hospitalario, 69% de ellas tiene una profesión u oficio independiente, en tanto que en el segundo, 74% eran empleadas. En contraste, las tasas de aborto no variaron significativamente entre quienes trabajaban o no en el estudio mencionado hecho en Cuba, en el municipio 10 de Octubre de la Habana (Álvarez, 1994).
Otras investigaciones hacen hincapié en las condiciones en que se hace el aborto y los riesgos asociados a tal práctica, de acuerdo con la clase social de las mujeres, su acceso a los servicios de salud y otros aspectos. En una de ellas, se afirma que, “de las mujeres rurales pobres que abortan en América Latina, el 54% sufren complicaciones. Las mujeres urbanas pobres tienen un 44% de complicaciones y las mujeres urbanas más acomodadas 13%” (The Alan Guttmacher Institute, 1994).
Zamudio et al. (1999) dan cuenta de las diferencias que se observan entre las distintas regiones de Colombia. En dicha nación, el promedio de abortos por cada mujer en riesgo, o sea, por cada una de las que han estado embarazadas al menos una vez, es de 0.29. La proporción se incrementa a 1.28 entre las que han abortado en alguna ocasión. Este último promedio es más alto en Bogotá (1.30), en el estrato medio alto (1.31), entre las mujeres que tienen 7 o más embarazos (1.44) y en aquéllas con primaria incompleta (1.37). Las mujeres que abortan en la capital tienen 33% más embarazos que el promedio general de quienes residen en las otras regiones colombianas incluidas en el estudio. Al considerar la proporción de abortos inducidos por cada 100 embarazos, los autores corroboran la mayor incidencia de abortos en Bogotá. Así, por ejemplo, en la región andina, donde se encuentra la menor incidencia de abortos, 7.23 de cada 100 embarazos se interrumpían, mientras que en dicha ciudad la proporción aumentó a 14.6. Pero, advierten los investigadores, el hecho de que en la región andina se haya registrado un porcentaje mayor de mortinatos y abortos espontáneos, podría sugerir que un número considerable de las mujeres que abortaron de manera intencional reportaran el evento como si hubiera sido "natural" o espontáneo.
Con base en una encuesta nacional realizada durante 2003 en México, Menkes y Suárez (2005) muestran la diferenciación de la práctica del aborto entre las adolescentes según cada estrato socioeconómico. Son las mujeres de los estratos más bajos quienes recuren menos al aborto (4.9%), incrementándose la incidencia en la medida en que las condiciones materiales son mejores (6.1 en el estrato bajo y 9.3% en el estrato medio alto). Este patrón no se constata en el estudio de Ferrando (2002) en Perú, pues se observa que las mujeres cuyas condiciones socioeconómicas son desfavorables tienen un mayor riesgo de tener complicaciones de aborto: mientras que 44% de las mujeres del estrato rural pobre y un 27% del urbano pobre enfrentan este riesgo, solamente 24% del estrato rural no pobre y 5% del urbano no pobre se encuentran en tal situación.
Perfil de las mujeres embarazadas por violación
Una cuestión muy relevante y poco estudiada se refiere al perfil de las mujeres que abortan debido a una violación. El Population Council indagó sobre el tema, basándose en la revisión de 231 expedientes médicos de mujeres embarazadas por tal causa, atendidas de 1991 a 2001 en el Hospital General de la Ciudad de México (Lara et al., 2003). Se encontró que dos terceras partes de ellas tenían de 10 a 19 años, una cuarta parte de 20 a 29 y el resto correspondía a mujeres mayores de 30 años. La casi totalidad de estas mujeres eran solteras (95%) y más de una tercera parte eran estudiantes, cuya proporción era similar a quienes hacían labores domésticas (36 y 35%, respectivamente). El resto tenían un trabajo remunerado (29%). Un poco menos de la mitad habían estudiado durante 13 o más años (45%), un poco más de una cuarta parte correspondían a mujeres con un nivel de escolaridad medio, de entre 6 y 9 años (27%) y una quinta parte (21%) no habían terminado los estudios de primaria (cursaron cinco años o nunca asistieron a la escuela). En 90% de los casos analizados, éste fue su primer embarazo.
De las 231 mujeres embarazadas a causa de una violación, se dio seguimiento a 197 de ellas. Sólo se les practicó el aborto en el Hospital General a 22%, es decir, exclusivamente a 44 mujeres. En ningún caso rebasaban las 12 semanas de gestación, siendo el promedio de 8.3 semanas. Siete mujeres más presentaron un aborto espontáneo o “huevo muerto retenido” y cinco no acudieron de nuevo al hospital, después de un dictamen favorable del comité de ética del mismo para que se les practicara el aborto. Más de 72% de las mujeres continuaron con el embarazo, 77% de ellas debido a que presentaban más de 12 semanas de gestación y, sobre todo, debido a que el permiso les fue negado, contraviniendo la legislación y los derechos reproductivos de éstas, pues en México, al igual que en algunos otros países latinoamericanos, se permite el aborto cuando el embarazo es producto de una violación.
También otro estudio realizado entre el 2002-2005, en la Ciudad de México evidencia que de 49 solicitudes de interrupción del embarazo a causa de una violación, 33 fueron autorizadas. En este caso más de la mitad de las solicitudes correspondieron a adolescentes y jóvenes: ocho tienen menos de 15 años, diez entre 15 y 19 años y ocho entre 20 y 29 años (Ubaldi Garcete y Winocur, 2005).
Las evidencias de estos dos estudios revelan un mayor riesgo de violación en las mujeres más jóvenes y, de manera particular, las dificultades que ellas enfrentan para recurrir al aborto. Si bien y como antes se indicó, ésta es una causal ampliamente reconocida en las legislaciones de algunos países de la región, es frecuente que las autoridades impidan ejercerla, negando así este derecho a muchas de ellas.