Los proveedores de abortos
Entre los profesionales de la salud, hay quienes facilitan la práctica del aborto, más allá de si está o no permitido, lo que los expone al riesgo de sufrir sanciones legales o de otro tipo. Hay profesionales que tienen una actitud positiva con las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Pero también hay médicos que se oponen a dicho recurso, aun en los casos permitidos por la ley, debido, principalmente, a sus propias convicciones morales y religiosas. De esta manera, a veces, se evoca la objeción de conciencia para no practicar abortos. Tal situación afecta particularmente a las adolescentes, cuya situación de mayor vulnerabilidad propicia que se desconozcan sus derechos reproductivos. Además, hay situaciones en las que los médicos o las instituciones de salud denuncian a las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones de aborto (Cortés, 2005; McNaughton, 2004).
El nivel de calificación profesional del personal de salud –médicos generales, parteras, ginecólogos, etcétera— varía de acuerdo con sus funciones. También puede variar su percepción sobre la problemática del aborto y, por consiguiente, su actitud hacia quienes interrumpen un embarazo. Distintas investigaciones documentan el maltrato, estigmatización y las críticas que sufren las mujeres cuando son atendidas por personal contrario a la práctica del aborto (Blanco Muñoz y Castañeda-Camey, 1999; Abernathy, et al., 1994). Una investigación sobre las opiniones de estudiantes de medicina en torno al aborto, realizado en una universidad de la Ciudad de México (González de León y Salinas, 1997), demostró, asimismo, cómo la falta de preparación de los médicos en relación con dicha práctica puede deberse, en gran medida, a que durante sus estudios profesionales reciben información muy limitada sobre el tema. En otro estudio, también emprendido en la capital mexicana (Acuña, et al., 2005), las autoras destacan que los médicos carecen, por lo general, de capacitación para brindar consejería en casos de aborto. Lo anterior, dicen, tiene como consecuencia que a menudo traten de disuadirlas de que aborten, incluso con engaños, en vez de respetar su decisión de interrumpir un embarazo.
Como se indicó antes, además de acudir con médicos, las mujeres también recurren a empleados de farmacias, vendedores de plantas medicinales, proveedores de abortos aun sin estar calificados para practicarlos, o sencillamente interrumpen su embarazo por sí mismas, con los riesgos inherentes a hacerlo en esas condiciones. La búsqueda, las más de las veces difícil, para encontrar a estos “proveedores de abortos”, explica la ejecución de abortos tardíos, lo que contribuye a un aumento en los riesgos (Strickler et al., 2001). Persaud (1994) hace hincapié en las dificultades que tienen las adolescentes para encontrar oportunamente alguien que pueda practicarles un aborto. Lo cual, añade, además de implicar que lo realicen tardíamente, lleva con frecuencia a las jóvenes a intentar abortar por sí mismas.
En un estudio sobre las experiencias de mujeres de cuatro países latinoamericanos (México, Perú, Ecuador y Colombia) en donde se practicaron abortos médicos, Lafaurie et al. (2005) destacan el papel de las redes de amigos o conocidos para que las mujeres encuentren la forma de practicarse un aborto.
La literatura da cuenta de la enorme diversidad de situaciones en las que se recurre al aborto y de la calidad y seguridad de tal práctica. En México, de acuerdo con Lovera (1990), los abortos ilegales tienen lugar tanto en hospitales muy limpios como en los consultorios de médicos que no cuentan con las condiciones de higiene necesarias. En esos dos casos, el costo y los riesgos serán muy distintos. En México, donde, salvo por algunas excepciones, la práctica del aborto es ilegal, las mujeres acuden a los servicios de parteras o de estudiantes de medicina para que les hagan un aborto, generalmente con métodos riesgosos (plantas, inserción de objetos, etcétera), mientras que las mujeres de las clases acomodadas pueden acudir a servicios médicos de calidad (Brito de Marti, 1994).
En otros estudios se señala la actitud negativa de las parteras respecto a esta práctica (Castañeda et al., 2003; Blanco Muñoz y Castañeda-Camey, 1999; Billings et al. 1999). En la investigación de Pick et al. (1999) se resalta el papel de los empleados de las farmacias y de los vendedores de plantas, como parte de los actores importantes que proporcionan a las mujeres productos (supuestamente) abortivos. Del mismo modo, en Paraguay, un estudio subraya el papel del personal de las farmacias en la difusión de los productos seudoabortivos (Krayacich de Oddone et al., 1991).
Los autores de una investigación llevada a cabo en Brasil sobre mujeres que trabajan en la universidad constataron que si bien el 20% de los abortos clandestinos son realizados por médicos en clínicas, los que tienen lugar fuera de los servicios de salud son hechos por las mismas mujeres o por personas sin calificación, situación que, en ambos casos, aumenta las posibilidades de que surjan severas complicaciones (Hardy et al., 1993).
En Haití, donde el aborto es ilegal, éste suelen practicarlo charlatanes en la trastienda de algunos establecimientos (Guest, 1994).
Del mismo modo, en Perú, 84% de las mujeres de las zonas rurales y 64% de las mujeres pobres del medio urbano que tienen necesidad de interrumpir un embarazo tratan de abortar por sí mismas o de buscar la ayuda de parteras no calificadas. En contraste, 95% de las mujeres ricas del medio urbano recurren a los servicios de profesionales de salud (Ferrando, 1994; Espinoza Barco, 1994). De acuerdo con Fort (1993), en este último caso, los médicos privados y las enfermeras son los proveedores de este servicio más solicitados y en ciertas ocasiones los profesionales de instituciones de salud pública. Los legrados, señala el mismo autor, son sólo realizados por médicos.
En Uruguay se demostró que los médicos practicaban más de la mitad de los abortos (58%), 40% las parteras y 2% las propias mujeres (Comisión Nacional de Seguimiento de Beijing, 1995).
En Bolivia, los médicos practican 75% de los abortos, 28% se hacen en los consultorios de éstos mismos y 25% en clínicas. Asimismo, 15 % de las mujeres tienen necesidad de hospitalizarse para tratar las complicaciones posteriores al aborto (Dávalos y Mojica, 1995).
Los hallazgos de una encuesta realizada a médicos de cuatro países (Honduras, México, Nicaragua y Puerto Rico) dan cuenta del conocimiento que estos profesionales tienen de los métodos para abortar (Espinoza et al., 2004). Entre los métodos más citados figuran la dilatación y el legrado. De los métodos con medicamentos destaca, en particular, la utilización del misoprostol. No obstante, suele ser insuficiente el conocimiento que estos profesionales tienen con respecto a las dosis adecuadas de tal producto. Los mismos médicos se limitan a señalar que la utilización del misoprostol permite desencadenar el aborto, aunque la mujer deba ponerse a disposición de un servicio de salud inmediatamente después para concluir el procedimiento. En la investigación antes citada se mencionan las ventajas e inconvenientes del misoprostol. Entre estos últimos destaca nuevamente el riesgo de fracaso del método, en caso de automedicación por parte de la mujer o de prescripción sin asesoría médica. Pero también se menciona que constituye una ventaja la disminución de las posibilidades de que se presenten complicaciones graves al utilizar este producto, en comparación con los demás métodos clandestinos.
Los resultados de una encuesta realizada en México sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de los médicos y ginecólogos con respecto al aborto, muestran opiniones bastante controvertidas y que dependen en gran medida de la legalidad o no de la interrupción del embarazo. En el estudio, sólo 20% de las personas consultadas estuvieron de acuerdo con un aborto si “la mujer así lo decide”, a diferencia del 93% que aceptaban tal práctica si “la mujer embarazada corre peligro de muerte” y 87% en los casos de “peligro de afectación grave a su salud”. Enfrentados a una mujer que sufriera un aborto incompleto, complicaciones posteriores al aborto o que deseara un aborto legal, 40% de los médicos declaró que referiría sus casos a otras personas, mientras que 23% se ocuparía directamente y 22% trataría una parte de los casos y referiría a otros médicos los demás. Por el contrario, 63% de los ginecólogos dijo que los tratarían ellos mismos. Los participantes en el estudio mostraron tener conocimientos de los métodos para abortar bastante limitados, pero al mismo tiempo plantearon el deseo de recibir formación sobre los métodos en cuestión (García et al., 2003). Otro estudio confirma que en México la calidad de los cuidados que recibe una mujer ingresada en un hospital por complicaciones por aborto debe, sin duda, mejorarse (Elú, 1999).
En su estudio sobre la utilización del misoprostol como producto abortivo (Cohen et al., 2005), las autoras abordan la capacitación del personal de salud e indican cómo la dosificación incorrecta del medicamento, cuando no se consideran sus protocolos de prescripción, puede generar graves problemas. Las autoras concluyen que los médicos son los más aptos para proporcionar la información sobre la utilización del misoprostol y para garantizar la confidencialidad, tanto de la mujer como de quien prescriba el medicamento. En cambio, las parteras, los empleados de las farmacias y demás personas que recomiendan el uso del misoprostol, actúan más como consejeros que como prescriptores. Los dependientes de las farmacias reconocen que no tienen la preparación requerida para involucrarse en esta práctica y en el acto ilegal que ella implica. Sin embargo, son ellos mismos los principales abastecedores de este producto, sobre todo en el caso de los abortos autopracticados. Como señalamos, con frecuencia ellos prescriben dosis incorrectas, ineficaces o con efectos secundarios, como se ha constatado en México.
Por otra parte, el acceso al aborto no siempre es fácil, incluso en los países en donde es legal. Tal situación se refleja, por ejemplo, en Puerto Rico, donde 93% de los abortos se realizan en clínicas privadas a costos elevados, lo que dificulta su acceso a las adolescentes (Azize Vargas, 1994; 1993). Esto hace que las mujeres de las clases sociales desfavorecidas deban recurrir a los servicios de parteras y enfermeras poco calificadas (Marchand Arias, 1998).