Conclusiones
El desarrollo de los métodos abortivos ha contribuido a que las mujeres puedan interrumpir un embarazo en condiciones más seguras y con mucho menos sufrimientos que antes. No obstante, las restricciones legales al aborto en la mayoría de los países de la región obstaculizan de manera considerable el acceso a los mejores métodos, por lo que muchas mujeres sobre todo las más pobres, siguen poniendo fin a embarazos en condiciones de alto riesgo.
A lo anterior se aúna la insuficiencia de recursos económicos prevaleciente en la mayor parte de las naciones latinoamericanas y caribeñas, que impide extender la adopción de métodos abortivos más eficaces. Por ejemplo, en países como México muchos abortos quirúrgicos siguen haciéndose por medio de legrados, en vez de emplearse la aspiración manual endouterina que, entre otras ventajas, necesita de un menor tiempo de hospitalización, además de permitir una más pronta recuperación.
Pese a todo, en América Latina cada vez se emplean con mayor frecuencia métodos modernos, como el aborto con medicamentos, particularmente en Guyana, Puerto Rico, además de Cuba y otras naciones caribeñas donde se permite esta práctica e incluso existe una mayor disponibilidad de la llamada “píldora abortiva” RU-486, reconocida por su gran eficacia.
Aunque en ciertas etapas gestacionales u otros casos llegan a ser recomendables los métodos quirúrgicos, diversos estudios confirman que el aborto con medicamentos tiene ventajas sobre aquéllos, entre las cuales destaca que puede practicarse sin hospitalización. Dicho método constituye una alternativa importante en los países donde el acceso a métodos quirúrgicos es difícil, o si la práctica del aborto es ilegal o de acceso limitado. El aborto con medicamentos puede ser practicado, inclusive en la casa de la mujer, lo cual facilita su acceso y un cierto anonimato.
Los métodos con medicamentos, indica Berer (2005), tienen además otras ventajas frente al aborto quirúrgico. Por ejemplo, su acceso es más fácil, ya que en ciertos países se consiguen «en el mostrador » de los establecimientos donde se venden medicinas, sin necesidad de una prescripción médica. También son, por lo general, económicamente más accesibles, salvo cuando existe un mercado paralelo para adquirirlos. Tales métodos pueden evitar una intervención quirúrgica y, por tanto, la aplicación de anestesia. Lo anterior hace que muchas mujeres los consideren más naturales y accesibles, además de menos traumatizantes. Requieren, asimismo, de una menor intervención del personal de salud y que la atención sea menos medicalizada, evitando que las mujeres se expongan a las críticas de quienes las atiendan. Estos métodos son más seguros y eficaces si son utilizados con dosis correctas, y las complicaciones son más limitadas y menos graves que las de otros métodos. La posibilidad de practicar estos abortos en el mismo domicilio representa ventajas para ciertas mujeres, pues al poder realizarse de manera discreta, éstas evitan que se les denuncie, sobre todo en los países donde el acceso al aborto es limitado. Finalmente, estos métodos pueden ser practicados en los centros de salud de nivel primario, sin una infraestructura médica sofisticada, y no sólo por médicos, sino también por enfermeras, parteras, y personal de servicios de planificación familiar. No obstante, se debe garantizar una capacitación adecuada para todos los profesionales de la salud, con el fin de que puedan prescribir estos productos abortivos de la mejor manera posible.
Existe un amplio consenso acerca de la aceptabilidad del aborto con medicamentos, siendo que el misoprostol administrado adecuadamente puede constituirse en un método de aborto seguro y eficaz, además de contribuir a una reducción de la mortalidad materna. La introducción de los métodos mencionados debe desarrollarse para evitar que las mujeres recurran a métodos riesgosos, como los basados en plantas, la inserción de objetos, sobredosis de medicamentos, o el uso de productos químicos o ácidos. Sin embargo, los métodos de aborto con medicamentos o quirúrgico, también plantean desafíos para el sistema de salud en los países en desarrollo, ya que, como señala Schiavon (2003), su uso demanda organizar los servicios para tal fin y capacitar al personal de salud, además de informar a la población sobre la disponibilidad y la administración de los métodos y técnicas existentes para ello.
Por sus buenos resultados, puede suponerse que en el futuro numerosos países implementen la práctica del aborto con medicamentos. La Organización Mundial de la Salud ha inscrito la mifepristona y el misoprostol en la lista de medicamentos esenciales. En Guyana, el primero de dichos medicamentos está registrado como producto abortivo (Lafaurie et al, 2005).
El desarrollo de mejores métodos abortivos se complementa con el empleo de medios más eficaces para prevenir embarazos no deseados y en consecuencia abortos, como es la anticoncepción de emergencia. La utilización de este método anticonceptivo es muy eficaz después de las relaciones sexuales con coito no planeadas, que ocurren con mucha frecuencia, o en casos de violación. También cuando éstas se realizan sin ninguna protección, o si se presentan fallas en el uso del método anticonceptivo empleado (condón, pastillas, inyecciones, ritmo, abstinencia), ya que es el único método que permite prevenir el embarazo durante las 72 horas que siguen a estos contactos sexuales (la llamada “píldora del día después” puede administrarse hasta 120 después del coito, pero se recomienda ingerirla lo antes posible). En México, este método fue incluido, en enero de 2004, en la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar y se ofrece de manera oficial a las mujeres que han sido víctimas de violación, a fin de que puedan optar por esta alternativa, si es su deseo. Además, se ha puesto a disposición de las usuarias de los servicios gubernamentales de planificación familiar, con lo cual se espera que cada vez se eviten más embarazos no deseados y no planeados. De acuerdo con el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE), además de México, hay por lo menos otros 16 países de América Latina y el Caribe en los cuales ya se incorporó dicho método a las normas relacionadas con la planificación familiar (http://www.clae.info/Mecanismos%20de%20Accion/cuadro_resu_nov05.doc).
La mayor disponibilidad en América Latina de anticonceptivos y productos abortivos de mayor eficacia beneficiaría sin duda a las mujeres con menores recursos y evitaría que muchas de ellas sigan abortando o teniendo abortos repetitivos, en condiciones que ponen en grave riesgo su salud y muchas veces su vida. Asimismo, permitiría disminuir la desigualdad e injusticia sociales que implica un acceso diferenciado al aborto y a los servicios médicos donde se atienden las complicaciones del mismo. Esto ocurriría, sobre todo, en contextos donde el aborto es ilegal y sólo se permite bajo ciertas causales.
Finalmente, si bien son varios y diversos agentes sociales los que intervienen en la difusión de la información y consejería acerca de la amplia gama de opciones de métodos abortivos, son los proveedores de los servicios de salud y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo los que debieran considerarse como principales protagonistas. La ampliación de opciones disponibles a las mujeres que buscan terminar con un embarazo no deseado, muestra la importancia de asegurar que ellas tengan el acceso a las mejores y más actuales tecnologías y desarrollos médicos y servicios de consejería. En ámbitos legales restrictivos se requiere que los proveedores de salud respondan proporcionando la gama de servicios y métodos que las mujeres necesitan y demandan de acuerdo con las características sociales y culturales de la población a la que atienden.