Conclusiones

El aborto practicado en condiciones inadecuadas es un grave problema de salud pública en América Latina y El Caribe, que afecta con particular crudeza a las mujeres más jóvenes de la región. Su alta incidencia entre las adolescentes –mucho mayor de lo que registran las cifras oficiales–, refleja las carencias en materia de salud reproductiva que aún imperan en la gran mayoría de los países de la región. Los jóvenes suelen contar con información insuficiente sobre sexualidad y el acceso a métodos anticonceptivos es todavía bastante restringido. A lo anterior se suma que en muchas de esas naciones los jóvenes tiendan a tener relaciones sexuales a una edad cada vez más temprana, frecuentemente sin estar plenamente conscientes de las consecuencias que éstas pueden tener. Todo esto explica, en buena medida, el aumento del embarazo adolescente en la región y, por consiguiente, que también crezca el número de mujeres muy jóvenes que interrumpan su embarazo. Las más de las veces, los abortos se practican de manera clandestina y en condiciones que implican un elevado riesgo para la salud e inclusive la vida de las jóvenes.

Aunque mujeres de diversa edad recurren al aborto, este recurso tiene, a menudo, mayores consecuencias entre las adolescentes, pues por lo general se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Las jóvenes dependen, en muchos casos, económica y emocionalmente de sus padres u otras personas adultas con quienes vivan. Por lo mismo, cuando enfrentan un embarazo no deseado suelen carecer de autonomía para decidir si continúa o lo interrumpen. En este último caso carecen de recursos para practicarse un aborto con personal médico calificado y en condiciones adecuadas. Del mismo modo, las adolescentes son comúnmente estigmatizadas por embarazarse fuera del matrimonio, lo que puede llevarlas, en casos extremos, a interrumpir su gestación por cualquier medio, incluso induciéndose ellas mismas un aborto. Paralelamente, hay una condena social del aborto como acto reprimido por la justicia, la religión y la sociedad, y también porque revela una sexualidad adolescente socialmente poco admitida. Así, las mujeres ocultan a menudo el aborto que se realizaron a sus allegados y tienden a describir como espontáneos los abortos provocados para evitar ser estigmatizadas, en particular por parte del personal médico que las atienda (Erviti et al. 2004).

Asimismo,, la arraigada dominación masculina en las sociedades latinoamericanas también se manifiesta en el plano de la sexualidad. Es común que la pareja de una mujer se oponga a usar condones u otra clase de anticonceptivos, a pesar del riesgo de tener un embarazo no deseado, que eventualmente deba ser interrumpido. Esta incapacidad de la mujer de influir sobre su pareja para que utilice algún método de protección suele ser mayor si es muy joven.

Como se ha explicado anteriormente, los abortos entre adolescentes son el reflejo de una problemática que afecta con especial intensidad a este sector de la población en la región. Para contrarrestar lo anterior, diversos autores proponen una serie de acciones, entre las que destaca extender los programas de educación sexual para jóvenes, no sólo en su escuela, sino en otros sitios que frecuenten. También es importante ofrecerles servicios de salud reproductiva enfocados especialmente a ellos y en los cuales se brinde atención gratuita o a muy bajo costo. Tales servicios, además, deben preservar la confidencialidad de los usuarios, además de estar disponibles en forma permanente (GIRE, 2003; Ehrenfeld, 1999).

Otra acción necesaria consiste en proveer a los jóvenes y adolescentes que hayan comenzado su vida sexual con métodos anticonceptivos modernos y, consecuentemente, muchos más efectivos que los tradicionales. Entre tales métodos, indispensables en la prevención de embarazos no deseados, destaca la anticoncepción de emergencia, particularmente útil en casos de violación y en relaciones sexuales no protegidas. Del mismo modo, debe garantizarse el acceso de los jóvenes a servicios médicos de calidad donde se practiquen abortos o se traten sus complicaciones. Esto puede contribuir, asimismo, a que tal experiencia sea lo menos dolorosa posible, pues, como plantea Almeyda Castro (2001), el aborto entre las adolescentes es un proceso traumático desde el punto de vista biológico, psicológico y social y de salud, además de ser una causa importante de morbilidad y mortalidad maternales entre estas jóvenes. Las consecuencias del aborto suelen ser mayores en menores de dieciséis años, grupo de mujeres en el que se presentan los mayores riesgos psicológicos y fisiológicos (Guzmán et al., 2001). Como antes se indicó, la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas adolescentes y jóvenes las expone a sufrir violencia sexual que pueden derivar en embarazos no deseados, además de correr el riesgo de contraer alguna ITS, como el HIV/sida, cuya propagación entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños es motivo de preocupación (Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, 1999).

El mayor acceso de los adolescentes y jóvenes a servicios de aborto seguro implica necesariamente la modificación de las leyes en la materia. Aunque en la gran mayoría de los países de América Latina éstas siguen siendo muy restrictivas, hasta ahora no han servido para erradicar el aborto y sólo fomentan su práctica ilegal. Del mismo modo, es importante hacer respetar la aplicación de las leyes existentes sobre aborto a fin de garantizar el acceso de los jóvenes a esta práctica cuando, por ejemplo, la mujer desee interrumpir un embarazo producto de una violación y en otros casos previstos por la legislación. Lo anterior, a su vez, exige eliminar las barreras institucionales (tales como los trámites burocráticos) para obtener la autorización y facilitar el acceso al aborto en los casos permitidos por la legislación.

Otro punto que merece especial atención es que se promuevan de manera decisiva los derechos sexuales y reproductivos para que también puedan ejercerlos los jóvenes (Díaz Sánchez, 2001). Ha habido en la región ciertos avances al respecto. En México, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil elaboraron la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los Jóvenes, la cual, entre otras cosas, establece que debe respetarse la sexualidad de las personas, aun tratándose de menores de edad. También prevé que se les brinde suficiente información en la materia. El conocimiento adecuado de su sexualidad permite a los jóvenes ejercerla con mayor responsabilidad y así prevenir embarazos no deseados que suelen terminar en abortos inseguros, práctica todavía común en la región y que afecta, sobre todo, a la población más joven.

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